La opacidad educativa del Govern transparente de Armengol

La izquierda suele presentarse en sociedad como los adalides de la transparencia. Los hechos cantantes y sonantes, sin embargo, desmienten su verborrea. Ya se sabe, ni una mala palabra ni una buena acción. Durante las dos legislaturas de Francina Armengol, con el pedagogo Martí March al frente, el sistema educativo balear sólo fue evaluado una vez mediante pruebas objetivas y externas, las llamadas evaluaciones de diagnóstico que lleva a cabo el IAQSE, organismo adscrito a la dirección general de Planificación y Centros, unas pruebas externas que afectan a todos los alumnos de 2º de la ESO y 4º de Primaria. Un dato que contrasta con la frecuencia con la que se hacían durante los mandatos de José Ramón Bauzá y Xisco Antich, cuando este tipo de pruebas diagnósticas del sistema educativo balear se realizaban todos los años.

Pandemias y críticas a la LOMCE aparte, lo cierto es que esta falta de fiscalización del rendimiento académico de nuestros estudiantes no es algo circunstancial sino al parecer un objetivo perseguido por los próceres educativos de la izquierda balear que no quieren ponerse ante su propio espejo. Sin diagnósticos fiables, sin rendición de cuentas, a ser posible pública y sometida al escrutinio de las familias pero también de los contribuyentes que sustentan con sus impuestos la enseñanza estatal y concertada, sin asunción de responsabilidades, difícilmente se puede mejorar el sistema educativo. Durante dos legislaturas la sociedad balear ha estado totalmente a oscuras en todo lo que se refiere al nivel académico de nuestros estudiantes si exceptuamos las pruebas PISA a la que sólo se someten una muestra de los alumnos de 15 años.

Lastrados por las promociones automáticas, la intolerable laxitud en la exigencia para superar curso y el tufo fraudulento que desprenden los resultados de la selectividad al no existir un examen único en todo el territorio nacional (las autonomías con más sobresalientes en las notas de acceso a la universidad han sacado los peores calificaciones en PISA 2022), parece evidente que los resultados internos que cada centro tiene de sus propios alumnos no son del todo fiables para medir su verdadero nivel en materias como las matemáticas o las lenguas, de ahí la necesidad de aumentar la frecuencia de estas pruebas objetivas y externas dirigidas a toda la población escolar para medir su nivel académico real.

Un paso adicional en la buena dirección sería que los resultados obtenidos en estas evaluaciones de diagnóstico que lleva a cabo el IAQSE, hasta ahora para uso interno de directores y docentes, se clasificaran por centros y se hicieran públicos permitiendo a la sociedad que sufraga la enseñanza conocer el nivel académico de cada centro educativo, un criterio más a tener en cuenta por parte de las familias en un entorno como el del año que viene donde éstas podrán elegir centro educativo.

Introducir criterios de mercado como la competencia entre centros redundaría en una mejora exponencial del sistema, castigando a unos y premiando a otros. La rendición de cuentas supondría que los directores y los claustros deberían responder por lo que hacen. Además de la creciente escasez de diagnósticos fiables en el sistema educativo balear, la falta de incentivos entre profesores y la falta de competencia entre centros nos llevan directamente a la mediocridad en un sistema educativo al que van a ir destinados el año que viene la friolera de 1.200 millones de euros.

El Govern de Marga Prohens está obligado a dar la vuelta a esta situación y hacer todo lo posible para avanzar hacia un modelo de éxito como el de otras comunidades como Castilla y León, Cantabria o Madrid.