Las normas de conducta de la Familia Real

Durante cuarenta años, desde la proclamación del Rey Juan Carlos en 1975 hasta la creación de una amplia batería de reglas sobre normas de conducta y aceptación de regalos por parte de la Familia Real después de la proclamación de Felipe VI en 2014, los moradores del Palacio de la Zarzuela no tenían reglas que aconsejaran cuándo debían aceptar o no los regalos con que les obsequiaban dentro o fuera de España. Los Reyes Juan Carlos y Sofía, así como sus tres hijos, no consideraban inoportuno recibir regalos de parte de cientos de personas o instituciones, fueran de un valor insignificante o de una cuantía desmesurada, tanto dentro de España como fuera, en el extranjero.

De todos son conocidos algunos de los obsequios de altísimo coste que recibió el Rey Juan Carlos a lo largo de su reinado: uno de los primeros yates Fortuna regalado por el Rey Fahd de Arabia Saudí; la imponente finca La Mareta, en la costa de Lanzarote, obsequiada por el Rey Hussein de Jordania; o los dos carísimos automóviles Ferrari que recibió el anterior monarca del jeque de Dubai Mohamed bin Rashid. En los viajes que realizaban por el extranjero, tanto los Reyes Juan Carlos y Sofía como el entonces Príncipe de Asturias, recibían agradecidos objetos de gran valor por parte, especialmente, de los mandatarios de los países del Golfo Pérsico o de los reyes de algunas monarquías del sureste asiático, que no escatimaban la valía de los presentes escogidos para los miembros de la realeza española. En esos tiempos, devolver o rechazar los obsequios hubiera sido tomado como una descortesía hacia los que les hacían los regalos.

Esos usos y costumbres, poco a poco, fueron decayendo a lo largo de los últimos veinte años y la normalidad con la que antes se recibían los regalos se empezó a ver como unas prácticas poco éticas, ostentosas y sospechosas de ser el pago de favores inconfesables u opacos que había que desterrar. Y a eso se pusieron los integrantes del equipo de alta dirección del Palacio de la Zarzuela nada más proclamarse rey a Felipe VI. A lo largo de los seis meses siguientes, las cosas dieron un vuelco enorme en la sede de la Jefatura del Estado, en donde los altos cargos que rodean al actual monarca se pusieron a elaborar una estricta normativa sobre la aceptación o no de regalos por parte de los miembros de la Familia Real.

En seis meses se vieron los frutos de ese empeño. A partir del 1 de enero de 2015, la Familia Real no podría aceptar regalos que por su alto valor económico, interés comercial o publicitario o por la naturaleza propia del obsequio, pudieran comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tuvieran atribuidas. Y, en el capítulo de los regalos a título personal, no se podrían aceptar objetos cuyo valor supere los usos sociales o de cortesía. Y en el apartado de supuestos especiales, ningún miembro de la Familia Real, podría aceptar préstamos sin interés, con interés inferior al normal del mercado ni regalos de dinero.

Muchos problemas se habrían evitado y miles de errores no se habrían cometido si esos preceptos se hubieran tenido en cuenta con anterioridad. Lo que se ha hecho es lo correcto pero quizá vaya siendo hora de completar las normas de transparencia de la institución monárquica incluyendo, por ejemplo, la obligación de declarar el patrimonio de los integrantes de la Corona. Se evitarían muchas reticencias y sospechas que muchos ciudadanos aún mantienen sobre la Monarquía.