No se puede soplar y sorber al mismo tiempo

En los últimos días se ha repetido un argumento que merece detenerse un momento: que retrasar Verifactu «genera inseguridad jurídica».

Llama la atención, sobre todo porque muchos de quienes ahora sostienen eso fueron exactamente los mismos que, hasta hace nada, pedían retrasarlo. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo.

Si algo ha generado inseguridad jurídica en este proceso no ha sido el retraso, sino lo anterior: un año entero de mensajes contradictorios, interpretaciones expansivas que no estaban en la ley y comunicaciones que convertían recomendaciones en obligaciones. El Real Decreto 1007/2023 es claro. La confusión vino después.

De hecho, para explicar lo absurdo de este razonamiento basta un ejemplo simple, cotidiano, que cualquier abogado laboralista reconoce al instante.

Un trabajador es despedido por causas objetivas. Recibe su carta, su indemnización calculada conforme a la ley y la empresa asegura que todo está en orden.

Pero cuando su abogado llama para contrastar los números, alguien contesta: «No, bueno… esa indemnización es para empezar a negociar». ¿Entonces en qué quedamos? ¿Era un despido objetivo ajustado a derecho o era solo un punto de partida? ¿La empresa actuó según la norma o lanzó una cifra a ver si colaba?

No vale todo. No se puede presentar una cosa como «legal» y, en cuanto alguien pregunta, convertirla en una invitación a regatear. Eso no es seguridad jurídica: es improvisación con consecuencias.

Pues bien, algo parecido ha ocurrido con Verifactu. Durante meses, hubo quien trasladó a la opinión pública que el sistema era obligatorio «para todos», cuando la norma decía exactamente lo contrario. Y cuando empezaron a aparecer dudas y resistencias, entonces se pidió retrasar. Y cuando se retrasó, se dijo que el retraso generaba inseguridad jurídica.

¿En qué quedamos? ¿Era imprescindible frenar porque no había claridad, o es un desastre frenar? ¿La interpretación era correcta cuando obligaba a todos, o ahora es incorrecta porque no obliga a nadie?

Lo que no puede hacerse es avanzar en función de la resistencia: Si nadie protesta, sigo. Si alguien protesta, digo lo contrario. Si la realidad desmiente mi mensaje, me quejo de la realidad. Esa lógica es exactamente la que genera inseguridad jurídica. Porque la seguridad jurídica nace de la ley, no de la habilidad de cada uno para reconducir el discurso según sople el viento.

Por eso el problema no es el retraso. El problema ha sido la falta de precisión previa. El problema ha sido haber permitido que durante meses se difundiera una interpretación que iba más allá del texto legal. El problema ha sido que miles de autónomos y micropymes actuaron por miedo, no por obligación. Eso sí provoca costes, ansiedad y decisiones equivocadas.

Retrasar no. Retrasar no genera inseguridad: la revela. Deja claro que el proceso necesitaba orden, claridad y una comunicación responsable. Si realmente preocupa la seguridad jurídica, entonces hay que empezar por respetar la norma. Y por no convertir expectativas comerciales, o estrategias de comunicación, en obligaciones que no existen.

No se puede pedir una pausa y, cuando llega la pausa, acusarla de ser la causa de todos los males. No se puede denunciar la inseguridad cuando, durante meses, se alimentó la confusión. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo.

Ahora sí hay un año para aclarar, ordenar y explicar. Usemos el tiempo con rigor. Usemos el tiempo para que, esta vez, todo empiece por la ley y no por el ruido.