No se les puede permitir hacer lo que quieran

No se les puede permitir hacer lo que quieran

El Gobierno debe unirse a la iniciativa de Ciudadanos para impedir el voto delegado de los huidos Carles Puigdemont y Antoni Comín. Dos delincuentes ni pueden ni deben participar con su sufragio en la constitución de una cámara autonómica que han tratado de dinamitar. Si bien el partido que dirige Albert Rivera no podrá evitar dicho voto, al menos han mostrado su total oposición a que los golpistas sigan siendo decisivos en la conformación de nuestras instituciones públicas. Sin embargo, por lo establecido en el artículo 161.2 de la Constitución española, el Ejecutivo sí tendría la potestad de anularlo de manera automática.

Algo que debería hacer por el bien de todos los ciudadanos, sobre todo porque lo permite la Carta Magna, máxima norma que nos rige y contestación siempre oportuna a cada veleidad independentista: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas». Algo que impediría que Puigdemont siguiera prolongando la fantasía utópica de que puede volver y ser el candidato a presidir la Generalitat sin rendir cuentas ante Pablo Llarena. Tanto él como Comín están fugados de la justicia española, acusados ambos de delitos tan graves como el de rebelión y malversación por parte del Tribunal Supremo.

Por mucho que el Gobierno haya actuado con diligencia a la hora de tomar todas las medidas para impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont, tiene que seguir ejecutando todas las posibilidades a su alcance e impedir también su voto delegado. De lo contrario, no sería de extrañar que la desesperanza cayera sobre una Cataluña constitucionalista cansada de que personas que han dinamitado su día a día sigan campando a sus anchas dentro o fuera de nuestro país, dentro o fuera de la legalidad. El desbloqueo de la parálisis institucional que carcome el contexto de Cataluña no puede estar en manos de dos huidos. No ocuparán sus cargos, pero tampoco deben ejercer un derecho al voto que no merecen.

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