Menores prostituidas

Que unas menores desvalidas, acogidas y bajo tutela en instituciones públicas, acabaran siendo prostituidas es el asunto más repugnante que se ha dado en años en esta sociedad. El hecho salto a las páginas de la prensa nacional y, en concreto el diario El Mundo publicó que el Gobierno balear ocultó durante un año que menores tuteladas se prostituían a través de webs de contactos y que educadores de los centros que dependen del Consell de Mallorca dejaron ya constancia a lo largo de 2019 de que algunas chicas aprovechaban sus salidas o fugas para prestar servicios sexuales.

Llovía sobre mojado puesto que Europa estaba indagando ya el escándalo de las niñas tuteladas, aunque sistemáticamente negado por las autoridades concernidas. En diciembre del 2019, una violación en grupo de una menor tutelada destapó una red de tráfico de drogas y de prostitución de niñas acogidas por los servicios sociales. Aunque este problema parece ser que venía de lejos y constituía un secreto a voces, sin que los gobiernos autonómico e insular, responsables de la protección de las menores, hubieran actuado en consecuencia.

A raíz de las informaciones publicadas, el Govern de Baleares ha hecho llegar ahora una carta al diario en cuestión en la que comienza manifestando que «no ha ocultado nunca la existencia de casos de explotación sexual de menores tutelados o que hayan pasado temporalmente por algún centro autonómico de justicia juvenil» para, a continuación, extenderse en consideraciones que, de existir hoy la revista satírica La Codorniz, de imborrable memoria, hubiera acabado directamente en la “cárcel de papel” dado el contenido -faltas y redundancias aparte- surrealista de la negación de responsabilidades y autodefensa.

En el texto, señala el Govern que “tras exponer los técnicos de menores en 2015 que se estaba detectando un incremento de este tipo de problemática, (léase prostitución) fueron implantando, desde ese momento y hasta fecha de hoy, diferentes medidas en los centros de titularidad autonómica para facilitar la detección y abordaje de los casos” (léase otra vez prostitución) afirmando haber comunicado a Fiscalía todos los posibles casos de explotación sexual de menores tuteladas de los que ha tenido conocimiento y de cuya gravedad, por su incremento, ya volvió a alertar en el año 2017.

Y hete aquí la primera perla: «El Gobierno de las Islas Baleares, en el ejercicio de sus competencias de estadística, incorpora cada uno de los casos al sistema nacional de información, conocido como RUMI». O sea, contarlos a afectos estadísticos. Pero aquí no acaba la surrealista justificación: «Desde el año 2017 está constituido por el Gobierno, un grupo de coordinación con representación de las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía, los Consejos Insulares y el propio Gobierno. Atendiendo a las necesidades planteadas por dicho grupo de trabajo se toman dos medidas específicas: Elaboración de un protocolo específico de detección y tratamiento de las víctimas de abusos y
explotación sexuales infantil. Este protocolo se consensuó en 2017 y permite la mejor detección de los casos. Fue un protocolo pionero, que ha servido de ejemplo en otras comunidades autónomas, y que a día de hoy algunas todavía no tienen. Y formación específica. Se reforzó con la formación de más de 2.700 profesionales en tres años para poder detectar los casos lo mejor posible».

Bien. Veamos pues el resultado de todo ello. Si desde el año 2017 estaba constituida una comisión por tutti quanti tienen responsabilidades sobre estos incalificables hechos, ¿cómo es posible que años después todavía no haya podido aclararse suficiente su alcance y mucho menos que los abusos se hayan podido evitar? ¿Nos encontramos ante un grupo de irresponsables, de incompetentes o de las dos cosas a la vez? Porque si una, varias o todas las instituciones responsables de evitar estos hechos no han logrado ni evitarlos ni erradicarlos, lo que procedería, por dignidad, es que dimitieran en bloque desfilando todos ellos en fila de a dos. Qué menos.