Libertad de expresión a la carta (de Pablo Iglesias)

No cabe mayor hipocresía: mientras Pablo Iglesias intensifica su estrategia de acoso al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, al que quiere meter en la cárcel, Podemos acaba de registrar en el Congreso su propuesta de reforma del Código Penal para la «protección de la libertad de expresión» con la que pretende despenalizar los delitos de ultraje a España, los insultos a la Corona o los comentarios vejatorios a las víctimas del terrorismo, entre otros.

Lo que pretende Pablo Iglesias es una libertad de expresión a la carta, de forma que los que comparten su ideología puedan tener todo el margen de maniobra del mundo para vilipendiar a instituciones y personas y, sin embargo, se pueda cercenar el derecho a la información, que es un derecho fundamental, de los periodistas que no le bailen el agua . Toda una demostración de sectarismo ideológico que revela la naturaleza totalitaria del personaje.

Iglesias busca un Código Penal a la medida de sus intereses, para que los suyos  hagan y deshagan con total impunidad, mientras que los periodistas tengan que tentarse la ropa antes de publicar informaciones que no sean del agrado del vicepresidente segundo del Gobierno. La libertad de expresión que defiende Podemos no es la que consagra la Constitución, sino la que consagra el manual sectario de la formación morada. Es, en suma, un intento grosero de crear un modelo de Estado en el que las leyes amparen exclusivamente a quienes comparten su código de valores y acribille a los discrepantes.

Una dictadura encubierta -o no tan encubierta- donde unos puedan expresarse sin limitación alguna y otros tengan que morderse la lengua para no acabar en prisión. La libertad de expresión, según Iglesias, no es un derecho de aplicación general, sino que sólo ampara a quién él decida y determine.

Lo que pretende Pablo Iglesias no es nuevo; al contrario, es el viejo método de ir degradando la democracia hasta convertirla en una mera apariencia de democracia, sin Estado de derecho y sin separación de poderes. O sea, Venezuela.