La intención (oscura) que esconde el asalto al TC

Este artículo está íntimamente relacionado con el anterior. Pedro Sánchez el colono. El más colonialista de cuantos presidentes han pisado La Moncloa. Hay que reconocer valor e imprudencia temeraria al sujeto que todavía no ha dicho -es más, lo tapa desesperadamente- a qué diablos se dedica su mujer, que deambula por el mundo con el cazo puesto acogida al manto de la Presidencia del Gobierno de España.

Su último movimiento tendente a tomar por asalto un poder del Estado (el judicial) es de esos casos que debería ser objeto de investigación por parte de la transnacional política a la que pertenece España: la Unión Europea. Jaleado por ese obsceno grupo de comunicación en bancarrota (Prisa), por la pléyade de opinadores que leen lo que se les manda desde Ferraz y Moncloa, sostenido entre los ultra radicales por su televisión privada (RTVE), Sánchez se dirige ahora al control directo del Tribunal Constitucional con personas que le deben todo y que están en primer tiempo de saludo.

La elección por parte del Gobierno del ex ministro Juan Carlos Campo, autor material y jurídico del indulto a los golpistas catalanes, confeso de estar en un «proceso constituyente» (lo dijo textualmente en sede parlamentaria) y de la ignota Laura Díez no es baladí, ni una cooptación inocua desde el punto de vista institucional y político. Esta señora dejó claro que la actual Constitución no sirve para frenar a los sediciosos («el artículo 155 y los tribunales no sirven para nada»). Por si fuera poco, viene de rendir pleitesía al gran conducator desde su puesto como asesora fidedigna en La Moncloa.

Visto lo comprobado, Sánchez persigue algo más. Necesita el aval del Constitucional, llegado el caso, para llevar a cabo un «referéndum pactado» con los rompedores catalanes en su quimera de constituir una «república independiente» en aquel mínimo territorio. Esto que puede sonar muy fuerte viene precedido de hechos consumados que jamás hubiéramos podido pensar que se hubiera atrevido a llevar a cabo, siendo España (o pareciendo) un Estado de Derecho con separación de poderes y respeto a la legalidad vigente. Pero necesita imperiosamente para cumplir con los sediciosos, que le han permitido estar en el poder, otra legalidad sin recurrir a la reforma de la Constitución que sabe no aprobaría de someterla a refrendo del pueblo.

¿Se puede llevar a cabo con la actual jefatura del Estado? Difícilmente. Vendría por este lado el otro asalto.