La indigencia moral en la política gubernamental

No parece que la Navidad sea ocasión para tratar situaciones desagradables, pero la realidad es indiscutible y sus efectos se materializan. La situación mundial se define como de cambio de era, debido a las profundas alteraciones que se registran en las relaciones humanas por los cambios tecnológicos que a su vez desatan otros de naturaleza económica y demográfica. En Europa tenemos un conflicto bélico que constituye el suceso más grave tras la Segunda Guerra Mundial. Problemas humanos, energéticos, económicos y políticos nos afectan gravemente y la preparación para hacer frente al futuro se presenta como una tarea ineludible. Con una premisa similar empezaba el discurso navideño de S. M. el Rey Felipe VI, mientras a lo largo de su intervención efectuaba un diagnóstico certero de una situación que es una desgracia nacional.

Es esperpéntico comprobar cómo, desde hace unos años, España es un país sin gobernanza, en toda su amplitud. El candidato entonces, hoy presidente del Gobierno, salió elegido, en una moción de censura apoyada en un presunto caso de corrupción probado falso por sentencia judicial, sin comprometerse a un plan de gobierno. Luego formuló una serie de promesas y soflamas electorales, que el tiempo demostró que
serían mentira. Pronto quedó en evidencia que la Presidencia del Gobierno de España recaía en los hombros de alguien perfectamente capaz de transgredir las responsabilidades constitucionales que públicamente prometió al asumir el cargo.

Para ello comenzó por la formación de un Gobierno de Coalición con Unidas Podemos, algo que había descartado en su campaña electoral mientras lo estaba negociando. Tanto la estructura como el funcionamiento de dicha Coalición son inéditas, las crisis de Gobierno solo afectan a la parte socialista y la producción legislativa como el ejercicio de la gobernanza da toda la apariencia de que es como si existiesen dos Gobiernos diferentes. Algo que se pone de manifiesto en la baja calidad de los textos legislativos y en las extravagancias y despropósitos de muchos de sus contenidos.

La talla de la capacidad de gestión del sanchismo se demostró durante la pandemia del Covid-19, ya que fue desbordado tanto en el planeamiento como en la ejecución de las acciones paliativas. El primer caso de coronavirus en España se detectó el 31 de enero de 2020. Sin embargo, no fue hasta el 14 de marzo, es decir, un mes y medio después, que se decretó el Estado de Alarma, una medida que el Tribunal Constitucional declaró
inconstitucional, meses más tarde. El Gobierno transfirió a las Comunidades la gestión de la pandemia a la vista de su probada incompetencia, de forma que hubo tantos regímenes de atención diferentes como Comunidades.

El resultado de su gestión, o falta de ella, se ha traducido en un cúmulo de
despropósitos, que abarcan todos los aspectos de la gobernanza con deterioro evidente de la convivencia ciudadana al promover desde diferentes perspectivas la desigualdad ante la ley de los españoles, como son: la juridificación de una perversa interpretación de la Historia, la discriminación en el empleo de la lengua común del Estado, el intercambio del ejercicio de la singular potestad gubernamental del indulto explícito como moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios de un
partido sedicioso, que debería estar ilegalizado, y que ha conseguido eliminar del Código Penal el delito de sedición.

El indulto diferido a condenados por delitos terroristas con numerosos asesinatos mediante la transferencia de competencias estatales, como es la de prisiones, a una Comunidad Autónoma cuyo gobierno predica el separatismo.

El grave deterioro de las instituciones del Estado es evidente al querer subordinar completamente al poder ejecutivo los otros dos poderes. Esta subordinación es tanto de facto, indultos y rebaja de grados penitenciarios, como de iure, despenalizando conductas o manipulando la autonomía judicial.

En la delicada situación del ámbito internacional el protagonismo de España viene condicionado por su situación interna, lo que la convierte en un actor vulnerable a las tensiones existentes. La carencia de sentido gubernamental en cuanto a los intereses nacionales, se traduce en la dependencia absoluta de la Eurocracia en un momento en que esta sufre una crisis existencial.

Hace tres años escribí que el actual presidente del Gobierno era un problema para la Seguridad Nacional, desgraciadamente los hechos han validado tal aserción. No existe otro remedio que consultar al pueblo español por su destino. La continuación de la legislatura supondría un agravamiento de la situación nacional cuya responsabilidad afectaría de lleno a los miembros del actual Gobierno.

El presidente Sánchez ha cometido tantos despropósitos que ya es habitual oír en los medios no controlados por el Gobierno calificaciones como mitómano, narcisista, psicópata, maquiavélico, truhan y traidor. La pregunta que nos podemos hacer es qué hay que hacer para detener esta locura. La respuesta podría ser, presentar una moción de censura, querellarse contra Sánchez ante el Tribunal Supremo por posibles
delitos y conseguir una respuesta masiva de la sociedad civil y de los partidos que respetan la Constitución. Callados no podemos seguir. El año 2023 debería ser el año en el que se consiga echar de la Moncloa al impostor.

Fulgencio Coll es portavoz de Vox en Palma y ex jefe del Ejército