El impulso jacobino del Gobierno

Tanto presumir siempre los socialistas de ser defensores del Estado de las Autonomías y, sin embargo, cuando las cuentas no les cuadran les entra un deseo centralizador con el que intervenir a las Comunidades Autónomas (CCAA) para tapar, así, ese descuadre no deseado.

Sin entrar en si el Estado de las Autonomías es mejor, igual o peor que el sistema anterior, centralista, sí que podemos decir dos cosas: la primera, que en las cuatro décadas con este sistema regional de descentralización, España ha aumentado su prosperidad. Es cierto que las competencias del Gobierno central siguen siendo, como es lógico que así sea, las vertebradoras de la política económica y que, por tanto, no son las regiones las responsables de la mejor o peor marcha de la economía a nivel nacional, pero sí que se ven diferencias en la aplicación de las competencias que tienen transferidas, según cómo se ejerzan. En segundo lugar, que guste más o guste menos, el Estado de las Autonomías es el que tenemos vigente y, por tanto, hay que cumplir las leyes y normas que lo amparan.

Pues bien, entre esa normativa se encuentra la asunción por parte de las CCAA de determinadas competencias para prestar los servicios inherentes a las mismas. Es decir, se le transfiere a cada región la potestad de ejecutar el gasto de dichas competencias. Paralelamente, tanto a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), como de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, del Sistema de Financiación Autonómica, queda establecido que las regiones contarán con una adecuada financiación para poder prestar los servicios de gasto antes mencionados.

Gastos e ingresos, por tanto, como es natural, van de la mano. Por ello, si las regiones son quienes tienen que ofrecer la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y, en muchos casos, una gran parte del transporte público, también tendrán que ser las regiones las que puedan enfocar las reglas tributarias contempladas en la normativa para modificar sus recursos en la parte transferida.

Sin embargo, esto no le gusta al Gobierno de Sánchez y Montero. Tampoco les gusta a algunas CCAA, como Cataluña o Valencia, por ejemplo. ¿Por qué no les gusta que una región, dentro de su margen competencial, pueda subir o bajar los impuestos, según considere? No les gusta porque quienes se oponen sólo lo hacen a las bajadas de impuestos, y lo hacen porque ellos no paran de subirlos. ¿Y por qué los suben, cuando con las mismas competencias podrían también bajarlos, como, por ejemplo, hace la Comunidad de Madrid, o como desde diciembre de 2018 ha empezado a hacer Andalucía? Porque las que se niegan no frenan el gasto y, a la manera figurada del Sheriff de Nottingham de las aventuras de Robin Hood, suben y suben los impuestos con un afán confiscatorio para tratar de tapar los agujeros producidos con su gestión de gasto excesivo. Y, claro, si hay otras regiones que bajan los impuestos y, además, ofrecen los mismos o, incluso, mejores servicios públicos, la comparación deja muy mal a las regiones amigas del incremento de gastos e impuestos, porque al ponerse frente al espejo de las regiones que bajan impuestos, su gestión queda al desnudo, mostrando que hay otra forma de hacer las cosas mejor.

Tanto independentismo por parte de los separatistas catalanes y resulta que quieren que el Gobierno coarte la libertad económica y financiera de las CCAA estableciendo unos tipos mínimos en los impuestos estatales cedidos, como el Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones o el de AJD. Tanto anhelar la independencia y estiran la mano sin rechistar para recibir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) la financiación equivalente a la deuda que no pueden emitir en el mercado, por tener una calificación de bono basura.

Y el Gobierno, tanto presumir de descentralizador, tanto hablar de federalismo, tanto coquetear con nacionalismos de todo tipo, y resulta que ahora, con la ministra Montero a la cabeza, quiere acabar con la corresponsabilidad fiscal, porque no admite que regiones como Madrid bajen los impuestos. Madrid puede aportar más que nadie a la solidaridad interterritorial, puede ser la más perjudicada por el SFA, puede ofrecer la mejor Sanidad, esperanza de todos los españoles con problemas graves de salud, puede contribuir más que nadie a la sostenibilidad de la Seguridad Social, pero Montero no quiere que pueda bajar los impuestos. Habla de “dumping fiscal” falsamente, pues el resto de regiones de régimen común puede adoptar las mismas medidas de impuestos bajos que Madrid o que Andalucía, o puede decidir subir los impuestos, como Cataluña o como Andalucía cuando Montero era la consejera de Hacienda. Ésa es la corresponsabilidad fiscal: asumir, con sus decisiones, la política económica por la que apuestan.

Con quienes no pueden competir las regiones de régimen común es con la normativa de las forales, pero de eso no dice nada Montero. Los regímenes forales están recogidos en la Constitución (Disposición Adicional Primera) y, por tanto, guste más o guste menos, hay que respetarlos, como hay que respetar también la corresponsabilidad que emana de la LOFCA y del SFA para las regiones de régimen común.

Puestos a cambiar la normativa, ¿por qué no empieza Montero con los regímenes forales y deja a todas las regiones competir en medidas tributarias con dichas regiones forales? Parece que con eso no se atreve el Gobierno. Es más fácil atacar a Madrid e inventarse un efecto capitalidad que no es tal -si no, que alguien nos explique el motivo por el que Madrid no ha sido la más destacada hasta hace unos años, cuando alberga la capital desde tiempos de Felipe II-.

El Gobierno parece que se ha vuelto jacobino al querer cercenar la libertad de las regiones para decidir qué tipos impositivos aplican en los impuestos o tramos de impuestos que tienen cedidos y que la normativa les permite decidir sobre ellos. Ha anunciado que con la propuesta de reforma del SFA irá también la “homogeneización” -léase subida de impuestos- de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Transmisiones o AJD. El Gobierno, con ello, habrá recortado el Estado de las Autonomías, al menos, en la práctica.