La importancia de defender a los taxistas

Mientras en Cataluña el Govern llegó rápidamente a un acuerdo con los trabajadores del sector del taxi y de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), en Madrid ya van a por el décimo día de huelga. En unas horas este conflicto se trasladará a Bruselas, donde acudirán el representante y portavoz de Élite Taxi y el abogado de esta causa, Elpidio Silva. Porque lo cierto es, que lo que estamos viendo en España a este respecto, es un problema que se viene repitiendo en todos los países en los que los servicios de VTC aparecen. Las deficientes posibilidades de adaptar el sector del taxi a la cambiante actualidad, a las necesidades cada vez más especificas de los usuarios y a la adaptación a las nuevas tecnologías ha situado a los trabajadores del sector del taxi en una situación extrema. Tras cumplir con la enorme cantidad de exigencias legales que se les imponen, entre las que se encuentra pagar altísimos precios por sus licencias, ahora se encuentran con la aparición de empresas que, aprovechándose de los vacíos legales y de los subterfugios de los que se sirven, están actuando de manera que bien puede considerarse “competencia desleal”.

Ya llegan avisos de lo que ha sucedido en otros países con la llegada de los VTC: su feroz competencia con la aquiescencia o con la falta de habilidad para regular sus servicios, ha generado la desaparición de miles de taxis, lo que les ha posicionado en un lugar dominante en el mercado y, con ello, sus tarifas han alcanzado cifras muy superiores a lo que ofrecía en un principio el taxi. La batalla que están dando los taxistas es una batalla de derechos y de coherencia. Si la Administración exige condiciones estrictas para realizar un servicio como es el transporte de pasajeros, es la propia Administración la que debe garantizar que nadie aparezca por la puerta de atrás para aprovecharse de los posibles vacíos legales para reventar el mercado.

Desde el sector del taxi se pide, sencillamente, una regulación que tenga en cuenta las condiciones de los trabajadores, el coste y las condiciones que han de cubrir y que, apelando a la justicia y a la igualdad de oportunidades, las empresas de VTC tendrían que adaptarse a unas condiciones que garanticen al menos una competencia en igualdad. Precisamente al abordar medidas tendentes a igualar de alguna manera las condiciones, en Barcelona se ha anunciado por parte de las empresas VTC un ERE que afectará a unos 1.000 trabajadores.

Este conflicto no tiene que ver solamente con el sector del taxi y los VTC. Es una cuestión que se repetirá cada vez que aparezcan grandes empresas que sepan cómo saltarse la ley y ofrecer mejores servicios a menor precio, aparentando ser más competitivas que las tradicionales. La manera en la que los gobiernos decidan será determinante para abrir un precedente en el futuro. Y a la vista está la comparación que podemos hacer entre Cataluña y Madrid en estos momentos. Un país donde no se garantiza el cumplimiento de la ley en igualdad para todos, es un país inseguro. Y a la vista está que España ha de ponerse las pilas.