Hasta aquí

España ha llegado al límite. Lo que estamos presenciando no es una crisis política más: es la descomposición acelerada de un gobierno atrapado en sus propias mentiras, su corrupción y su incapacidad absoluta para gobernar. El proyecto del PSOE de Pedro Sánchez no se sostiene ya ni con alfileres; se sostiene únicamente por la inercia, por la propaganda y por miedo del propio Ejecutivo a enfrentar a los ciudadanos en las urnas.

Que el ex ministro José Luis Ábalos -su mano derecha, su operador político, su hombre de máxima confianza, el que le aupó a lo más alto- haya entrado en prisión no es un tropiezo: es la prueba definitiva de que la corrupción no rodea al Gobierno, es el Gobierno.

Un escándalo de contratación amañada en plena pandemia, favores, rescates, comisiones, intermediarios, juergas… y ahora el que fuera segundo hombre más poderoso del sanchismo entre rejas. ¿Qué más hace falta para admitir que el sistema está podrido desde dentro y desde el principio?

Además, hace unos días, el fiscal general del Estado -nombrado por Sánchez, blindado por Sánchez y defendido por Sánchez- ha sido condenado por revelar secretos para favorecer intereses políticos.

¿Pueden imaginarse un síntoma más devastador de la degradación institucional?

Cuando la figura que debe garantizar la independencia judicial se convierte en un peón del Gobierno y acaba condenada, el problema ya no es político: es sistémico.

España lleva tres años encadenando prórrogas presupuestarias. Tres años de parálisis, improvisación y desgobierno de un ejecutivo más pendiente de los juzgados que de mejorar la vida de los ciudadanos.

Un Ejecutivo que no puede aprobar ni la ley más básica -los presupuestos- es un Ejecutivo muerto.

Un país no puede avanzar cuando su gobierno está dedicado únicamente a apagar incendios judiciales, a comprar votos parlamentarios a cualquier precio y a sostenerse con pactos imposibles que se rompen al día siguiente.

La sobra de sospecha ya no es sombra: es una tormenta.

Investigaciones sobre su entorno familiar, negocios opacos, visitas oscuras, «fontaneros» del poder operando en la sombra…

El sanchismo se ha convertido en un ecosistema de clientelismo y manipulación que amenaza con reventar por todos lados.

El deterioro democrático es aún más evidente en la actitud del Gobierno hacia cualquier voz que no se pliegue a su relato. Los medios críticos son señalados públicamente, acusados de desinformar o de servir a «poderes ocultos», mientras se premia con privilegios y acceso preferente a aquellos más dóciles. Los jueces que no responden a los intereses del Ejecutivo son tachados de «reaccionarios» o «políticamente motivados», y cualquier institución independiente que cuestiona sus decisiones es inmediatamente convertida en enemigo público.

Este Gobierno ha convertido la crítica legítima en una ofensa intolerable y la fiscalización en un ataque personal, demostrando que no soporta a nadie que no le baile el agua.

Y lo más grave es que cada vez que estalla un caso, ya no sorprende a nadie. La ciudadanía ha perdido la capacidad de escandalizarse porque el escándalo es ya el estado natural del Gobierno.

Este Gobierno ha perdido la autoridad moral, la credibilidad política y la mínima dignidad institucional para seguir un solo día en pie.

No gobierna: sobrevive.

No lidera: se protege.

No sirve al país: se sirve a sí mismo.

España no puede soportar un minuto más este bochorno nacional.

Sólo unas elecciones pueden restaurar la legitimidad, la serenidad institucional y el rumbo que nuestro país necesita.

Hasta aquí.

(*) Agustín Almodóbar Barceló es senador por Alicante del Partido Popular