Habría que meterlo en la cárcel

Al principio pensé que sería un tostón académico. El abogado asturiano Javier Junceda (Oviedo, 1968) tenía que leer su discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores. El tema elegido era La incontinencia legislativa y la simplificación administrativa.

La citada corporación, fundada en 1922, reúne a los mejores cocos del país: doctores de toda España y de todas las disciplinas. Solo por poner un ejemplo, la anterior disertación fue sobre física cuántica, a cargo de Víctor Canivell, doctor en la materia.

Pero la cosa se puso interesante enseguida. Comenzó citando a Felipe V, nada menos que en Barcelona. No en vano el acto tenía lugar en la sede de Fomento del Trabajo. Luego a Calvo Sotelo, asesinado justo antes de la Guerra Civil, en un par de ocasiones. E incluso a Eugeni d’Ors (1881-1954), considerado uno de los mayores botiflers de las letras catalanas junto a mi admirado Josep Pla.

Además, pasó inmediatamente al ataque. Criticó la «burocratización indeseable», el «frenesí legislativo» y el «crecimiento desorbitado» del número de leyes. Era un toma y daca.

De esto, en Cataluña, sabemos mucho. Desde el tripartito (2003-2006), que quiso regularlo todo. El Estatut del 2005 tiene nada menos que 223 artículos. Sin olvidar 15 disposiciones transitorias y cuatro adicionales. La Constitución americana, apenas siete. Aunque luego añadieron 27 enmiendas.

Es infumable hasta el prólogo. Dice obviedades como esta: «Cataluña es un país rico en territorios y gentes, una diversidad que la define y la enriquece desde hace siglos y la fortalece para los tiempos venideros». La voluntad de la izquierda, en definitiva, de meter baza en todo.

Por eso, el nuevo académico cuestionó la «irreflexiva» producción legislativa que emana no solo de las Cortes, sino también de 17 parlamentos autonómicos y más de 8.000 ayuntamientos. Solo en el Principado de Asturias, su comunidad autónoma, llevan centenar y medio de leyes, que suman 1.700 páginas. Por no contar, por otra parte, las «incalculables» disposiciones vigentes de la Unión Europea.

Todo eso afecta a uno de los pilares del Estado de derecho por la inseguridad jurídica que provoca. Basta ver cómo ha afectado, por ejemplo, la política de vivienda del Gobierno. Solo ha conseguido contraer el mercado, atemorizar a los propietarios y dar carta blanca a los okupas, incluidos los inquiokupas. Alquilas un piso y te dejan de pagar al segundo mes.

Para combatir semejante despropósito, el conferenciante propuso poner manos a la obra con un nuevo delito: el de la prevaricación legislativa. En Alemania, por ejemplo, si jueces, autoridades o funcionarios «retuercen el derecho», se «exponen a inhabilitaciones» y hasta responsabilidades civiles.

«Que los que perpetran ahora normas legales con deliberada intención de desafiar a la justicia y a la sensatez más elemental se vayan de rositas sin ser objeto de reproche jurídico por tales atropellos no parece tener excesiva defensa», manifestó. Debía decirlo por la amnistía. Bautizada pomposamente como ley «para la normalización institucional, política y social en Cataluña».

La única importante, por cierto, que ha conseguido aprobar Pedro Sánchez.
También cuestionó el «mito de la participación», que se ha puesto tan de moda. Es cierto que es un derecho constitucional, aunque «no parece de lo más razonable» que un proyecto de ley deba someterse al escrutinio de «colectivos bienintencionados pero carentes de conocimientos sobre la cuestión». O que sea objeto de «infinitas consultas» en audiencias y portales web.

Al final, como pueden ver, me lo pasé pipa. Sin embargo, salí convencido de dos cosas. La primera, es que Javier Junceda es un optimista convencido. Dudo mucho que nadie quiera «podar el árbol legislativo» como él mismo dijo, porque es una manera de justificar el propio sueldo por parte de nuestros legisladores. Lo importante, en este caso, es marear la perdiz. Hacer ver que trabajas. Ya lo dijo Tácito: «La república más corrupta es la que tiene más leyes».

Y, en segundo lugar, que difícilmente Pedro Sánchez lo nombrará nunca jamás ministro de Justicia. A pesar de su abultado currículum académico, porque es doctor honoris causa por seis universidades. Para eso, y otros menesteres, ya tiene a Félix Bolaños. Sería como desmontar el chiringuito desde dentro.
Me temo que su mujer, Eva, y sus cuatro hijos (Blanca, Carmen, Jaime y Javier), que asistieron a la ceremonia en primera, estarán hasta de acuerdo conmigo. Al fin y al cabo, según sentenció un escritor norteamericano, «con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no saber cómo se hacen».