La gran urna que esconde Pedro Sánchez

Siempre he denunciado que la Ley de Memoria Democrática (LMD) es un pretexto para obtener una ventaja política de la utilización de un pasado de dolor y sufrimiento de las familias españolas.

Las actuaciones del Gobierno y el PSOE de Pedro Sánchez a cuento de la disposición adicional octava de la ley, sobre la nacionalización de los descendientes de los que hubieran «sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual», lo están confirmando.

Estamos ante un cambio sin precedentes del censo electoral en el exterior. La intención de Sánchez, como cuando escondió una urna con votos falsos detrás de una cortina en una votación en la sede socialista de Ferraz, es situar detrás del actual mapa electoral español una gran urna con millones de votos de potenciales electores en países extranjeros sin arraigo geográfico, vital, fiscal y político en España.

Cuando en octubre de 2025 se cerró el plazo establecido por la LMD para acogerse a esta vía de obtención de la nacionalidad española, prorrogado un año por el Gobierno, se habían presentado 2,4 millones de solicitudes. Ya se han aprobado 544.722 desde 2022, y las que seguirán. Todo ello en medio de sorprendentes noticias, de las que vienen dando cuenta en OKDIARIO sus periodistas de investigación Segundo Sanz y Luz Sela.

Aunque el Gobierno afirmaba esta misma semana que las solicitudes y nacionalidades concedidas son de hijos y nietos de exiliados, Sanz y Sela han demostrado documentalmente que se está otorgando la nacionalidad española por esta vía a personas cuyos antepasados salieron de España tres décadas antes del conflicto e incluso en el siglo XIX.

De esta forma se contradice el propósito original de la disposición adicional octava, que acotaba claramente a los beneficiarios de esta iniciativa al definirla como «medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio». Así rezaba el proyecto de ley de la LMD enviado por el Gobierno a las Cortes, lo mismo que los informes de las ponencias emitidos en el Congreso y el Senado para su aprobación.

Esta tergiversación del sentido original del legislador se ha materializado gracias a una instrucción del Ministerio de Justicia, aprobada solo cuatro días después de la entrada en vigor de la LMD, en la que se amplía el proceso de nacionalización más allá de las circunstancias del exilio «a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español».

La misma instrucción afirma que el Código Civil «limita la posibilidad de optar a la nacionalidad española, al excluir a descendientes de progenitores originariamente españoles que no puedan probar su nacimiento en España, lo que no sucede en la presente regulación». Es decir, la instrucción reconoce que abre la puerta a la concesión de la nacionalidad en supuestos que el Código Civil excluye objetivamente.

La instrucción «coladero» de Justicia emanó de su Dirección General de Seguridad Jurídica (sic) y Fe Pública, cuya titular en octubre de 2022 era Sofía Puente Santiago, hermana de Óscar Puente, ministro de Transportes, como reveló OKDIARIO. Otro dato más para tener en cuenta.

Desde el Gobierno se lanzan mensajes en contra de las acusaciones de pucherazo, pero a la vez el PSOE se jacta del «tsunami» electoral que este proceso va a provocar, como cuando celebran en público que Argentina, por ejemplo, vaya a tener más españoles con derecho a voto que «el 95% de las provincias españolas».

Así lo reveló el senador socialista César Mogo, responsable del partido de Sánchez en el exterior. Mogo ha viajado en los últimos meses a distintos países de Iberoamérica para hacer propaganda del proceso entre los nuevos nacionalizados.

Más recientemente se ha denunciado por ABC el papel que en el proceso está teniendo en el consulado español en Cuba una empresa de la dictadura, contratada para tramitar las solicitudes de la llamada «Ley de Nietos».

No quiero dejar de apuntar que, según el libro El exilio republicano español en Cuba, de un hijo de exiliado, Jorge Domingo Cuadriello, prologado por Alfonso Guerra, los republicanos españoles llegados a la isla apenas sumaron medio millar, todos y cada uno de ellos reseñados en el estudio con su biobibliografía.

Esto hace poco menos que injustificable que el Gobierno contrate a una empresa de la dictadura para reforzar la labor consular por la «Ley de Nietos», y demuestra que no se está buscando beneficiar solamente a descendientes de exiliados. Que Cuba sea, según ha escrito Isabel Durán en El Debate, el segundo mayor país en número de solicitudes, más de 350.000, señala el calibre de la maniobra sanchista.

Sánchez se sirve del comunismo castrista, que se estima que ha provocado la diáspora de 3 millones de personas, para el «reconocimiento» como electores en España de ciudadanos cubanos que no pueden votar en su país sencillamente porque en él no hay democracia.

Otra indignidad más de un Gobierno que tiene como socios a quienes jaleaban a ETA mientras forzaba con su actividad asesina el éxodo de más de 200.000 vascos que hoy no pueden votar en su región de origen.

El imperioso afán de Sánchez por tener detrás de la cortina esta urna de potenciales nuevos electores en el exterior ante la próxima cita electoral es prueba fehaciente de que el supuesto objetivo de reparación de la legislación memorialista ha sido un mero subterfugio para poner en marcha operaciones políticas de muy distinta y dudosa finalidad.

La LMD es un mero decorado de cartón piedra en cuanto a medidas de reparación a las víctimas, más allá del empleo del ya sobado recurso del «francomodín». La única medida para la inmensa mayoría de los casos es conceder un papel reconociendo la condición de víctima, pero sin que la víctima tenga posibilidad de reclamar al Estado por responsabilidad patrimonial.

El Gobierno de Sánchez ha demostrado una gélida indiferencia también hacia la política de exhumaciones, pues reconoce ignorar la cifra de los restos recuperados de las fosas que han sido entregados a sus familias.

No es una cuestión baladí, pues una política de Estado en esta materia, destinada a cerrar el duelo de estas familias, debería tenerlos contabilizados. Pero se ve que a Sánchez le importa más tener calculados los nuevos votos del extranjero que puedan beneficiarle.

Nada sabemos tampoco del censo de fondos documentales sobre la Guerra Civil y la dictadura, que tenía que estar culminado en el primer año de vigencia de la ley. Seguimos además con noticias sobre los perfiles genéticos dispuestos en toda España para su integración en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.

Casi cuatro años después de la aprobación de la LMD, aún no se ha elaborado el desarrollo reglamentario para que comience a funcionar este Banco Estatal de ADN. ¡Qué diferencia con la «Ley de Nietos» que tomó forma gracias a la instrucción de la hermana de Óscar Puente solamente cuatro días después de su entrada en vigor!

La maquinaria sanchista está ya funcionando a todo trapo con esta operación. Más vale tarde que nunca, pero ya han saltado todas las alarmas ante lo que podría ser una firme apuesta de las «cloacas» por el doble o nada en sentido electoral.

Es de esperar que todas las fuerzas democráticas se unan para evitar, con los instrumentos legales necesarios, que un proceso que en teoría vendría a reparar un agravio histórico pueda convertirse en el mayor nido de corrupción criado por el sanchismo en su propio beneficio. Precedentes para estar ya avisados hemos tenido de sobra por parte de un Gobierno que ha cruzado todas las líneas de la falta de escrúpulos.