Sánchez anuncia ahora 500 millones para «integrar» al millón de ilegales cuya regularización colisiona con la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 500 millones de euros para la «integración» de los inmigrantes que viven en España, entre los que están los más de 1,3 millones de ilegales que han solicitado la regularización administrativa que ha puesto en marcha el Ejecutivo socialista. Lo hace después de que el Tribunal Supremo haya llevado este proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la «duda» de «si podría entrar en colisión» con la normativa comunitaria.

Así se ha expresado en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz en el Colegio de Arquitectos de Madrid.

El líder socialista ha presentado la «propuesta de España para gestionar migraciones de una forma justa, coherente, inteligente», y para «aprovechar las oportunidades que aporta la migración».

El también dirigente del PSOE ha indicado que su plan migratorio se basa en «la integración con flujos migratorios regulares y ordenados». A la vez, ha asegurado que la «primera medida» de su plan es la regularización masiva a la que ha confirmado que se han presentado «más de un millón de solicitudes». «Demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y deberes».

500 millones en 4 ejes

Sánchez ha detallado que el plan se divide en cuatro ejes. Por un lado, ha asegurado que se trata de la ordenación de los flujos migratorios y su regularidad. Segundo, el reconocimiento del trabajo. En tercer lugar, la integración como compromiso recíproco. Por último, hacer efectiva la ciudadanía.

Entre las medidas incluidas en el primer punto está el «reconocimiento de derechos y deberes» a través de la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular.

Sin este procedimiento, el presidente asegura que sólo se da la «exclusión» que impide «su desarrollo y contribuir al Estado del bienestar». «La exclusión no da prioridad nacional a nadie, hace más difícil al que llega y al que lo acoge». Además, ha detallado que sin la inmigración, «90.000 bares tendrían que bajar la persiana» o que se quedarían «50.000 aulas sin alumnos». «Sin migración, España perdería un 19% en 2050 y 22% en 2075», ha aseverado.

A su vez, el líder del PSOE que basó su investidura en «levantar un muro» contra los partidos de la derecha ha asegurado que «ninguna sociedad ha avanzado levantando muros». «Lo hacen las sociedades ampliando derechos, apostando por la integración», ha replicado.

El segundo punto, que pone el foco en el trabajo, se centrará en gastar «más de 35 millones para facilitar la incorporación a sectores con alta demanda» y en la creación de una oferta extraordinaria de 100.000 plazas de Formación Profesional (FP) con una inversión de 150 millones de euros.

En tercer lugar, el presidente ha asegurado que «los que llegan tienen que respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas cooficiales, compartir los valores democráticos que nos unen». «Formar parte de nuestra comunidad es compartir los valores que nos unen», ha subrayado. Para ello, se destinarán 30 millones de los 500 que se pondrán sobre la mesa.

Por último, el objetivo es «superar las barreras administrativas» para que los inmigrantes puedan acceder a los servicios públicos. Para ello, se destinarán «200 millones para reforzar servicios públicos» y se actuará «contra la discriminación» en los derechos de los inmigrantes, entre los que ha mencionado el acceso a la vivienda.

Más regularización de la prevista

El jefe del Ejecutivo se ha rodeado de ocho ministros en este acto. Además de Saiz, han acudido  vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Hasta este lunes, 1,3 millones de inmigrantes en situación administrativa irregular han solicitado acogerse a la regularización, como adelantó El País. Hasta ahora sólo se habían admitido a trámite alrededor de 360.000 expedientes, pero la cifra irá subiendo conforme avancen los días.

El dato de peticiones está muy por encima del número que dio el Gobierno. Las previsiones del Ejecutivo socialista eran que hasta 500.000 inmigrantes podrían beneficiarse de este proceso. De hecho, Sánchez llegó a firmar una carta a la ciudadanía en la que hablaba de que la población objetiva que podría acogerse a la regularización sería «menos» del medio millón.

La realidad de la inclusión superó los pronósticos de instituciones independientes como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La entonces presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, advirtió que «a lo mejor se está más cerca de las 800.000». El dato coincidía con el vaticinio de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que habló de cerca de 840.000. «Representaría el 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios», subrayaba este ente independiente. Ninguno pudo prever que la cifra de solicitudes superaría el millón, como finalmente ha sido.