Golpe de Estado constitucional

Hay media España que ha aceptado vivir bajo una dictadura, la misma España que saldría corriendo a los primeros indicios de miseria y represión otorgados por ese caudillo al que tanto legitiman ahora desde la progresía y el zurderío malpensante.

Nunca se vio a un pueblo, otrora rebelde, tan cansado de luchar, acomodado en su triste destino del que parece no querer escapar, al menos mientras dure la cartilla de racionamiento en que se ha convertido la vida del ciudadano pagador. Tras comprar las conciencias ciudadanas a base de subvenciones, contrataciones públicas, aumentos de sueldo a funcionarios y pensionistas y bonos a jóvenes nini, y después de dividir a la prensa entre buenos y malos, unos sumisos y bien pagados, otros pseudomedios a los que hay que hacer una ley para acallarlos, le faltaba al autócrata su propio tribunal político, convertido en cártel del perdón.

El Constitucional es el último bastión del PSOE para convertir España en la Venezuela europea, con el plácet de Bruselas, que seguirá fiscalizando de manera estrábica los desafueros totalitarios de Sánchez mientras ordena su coronación como dictador in pectore, pero sin corona.

A la izquierda española, la ley del embudo hace tiempo que se le quedó corta. Nacionalizaron la ventana de Overton y expropiaron el sentido común del análisis, pues redujeron el debate a cuatro términos, dos epítetos y un exabrupto. Ahí termina su vocabulario intensivo, en el límite entre el pensamiento y el esputo coagulado, donde la reflexión abandona ante el argumentario de víscera y vómito. La izquierda actual es infeliz por decisión propia, añadiendo un ingrediente más al tradicional cocktail de rencor, odio y envidia con el que mueven sus decisiones. A veces le añaden la violencia para salpimentar su sectarismo de pruebas, y acorralan al adversario a base de etiquetados facilones con los que situar a la tribu ante el enemigo. La delincuencia que reina en las calles de España es el reflejo de la delincuencia que gobierna las instituciones, y bajo este precepto, la delincuencia será constitucional o no será.

Como les gusta politizar todo, hasta lo que no debe serlo, aquí va una analogía que explotan hasta la saciedad. Porque en esta era, conmemoramos en España otro golpe de Estado, sólo que ahora hemos cambiado las balas por los bulos y las botas por los votos. Todo se ajusta en el plan antidemocrático del Gobierno al más estricto orden jurídico.

Advertí hace tiempo en esta columna que la decisión de asaltar el Tribunal Constitucional y colocar ahí a militantes de carné socialista obedecía a otorgar una pátina legal a las fechorías de Sánchez y asociados. Todo cargo del PSOE podrá delinquir cuando y cuanto quiera, que ya vendrá un tribunal a suspender o borrar esos delitos. Ni un día ha tardado el condenado por corrupción Manuel Chaves a presumir, henchido de flatulencia moral, de su infinita inocencia, y a condenar a los condenantes por organizar una cacería política contra él.

Sin ser yo del partido al que ataca el ex presidente andaluz, no he estado cuatro años denunciando sus tropelías, ni las de su sucesor, y retratando los crímenes y delitos de un partido que arruinó durante décadas Andalucía a base de comprar votos, conciencias y lealtades, para que ahora vengan la tropa felona e indigente de cargos y militantes a justificar a sus camaradas del Constitucional, puestos ahí para perdonar a los que trincan, siempre y cuando los trincones sean del PSOE.

Ver a los delincuentes que robaron y saquearon las arcas públicas pasearse con total impunidad por los medios, concediendo entrevistas y ruedas de prensa en las que se jactan de su libertad, mientras la España real abona en el mismo mes a Hacienda la renta, el trimestre o la cuota de autónomo (para millones de españoles, todo ello va junto), provoca alegría en esa media sociedad conforme con el deterioro democrático y la involución, consciente de que la otra media no hará nada ilegal -como esperan y ansían para justificar su eterno y constante etiquetado- para obligar a cambiar la tendencia. Hoy, mientras la nación democrática reacciona en las redes y plazas, la que busca el soviet de privilegios justifica el delito que cometen sus camaradas en parlamentos y tribunas mediáticas.

Los pilares del Estado de derecho se tambalean, y así lo ha reafirmado uno de los pocos magistrados del Constitucional que no controla el sanchismo bolivariano, Enrique Arnaldo: «Se incurre en un exceso de jurisdicción. Se contraviene los principios constitucionales de la Administración. Se suprime de un plumazo la idea del control del gasto público. Y se contraviene los principios nucleares en materia de Derecho de la UE». Frases que evidencian la gravedad de la exoneración y cómo en España ya existe, de facto, una justicia para el PSOE y otra para el resto de los mortales.

En esa senda de reescritura del pasado, los delitos de la izquierda serán considerados delirios de la derecha. Y en los libros de la nueva historia, el nuevo lenguaje dirá que los ERE nunca existieron y que todo se debió a una cacería política antidemocrática. No importa que más de una decena de jueces encontraran pruebas del delito para encausar a Chaves y Griñán, porque ahora, siete militantes del PSOE colocados en el cándido Constitucional dictan lo contrario, atacando a la justicia desde la injusticia. El Gobierno, Sánchez y el PSOE en su conjunto han dado un golpe de Estado constitucional, que es como ahora se asalta la democracia: con buenas palabras, bulos y votos.