El Gobierno de la «memoria» olvida su plan de fosas

Tremebunda la sobreactuación y el desquiciamiento del PSOE y sus socios, empezando por Pedro Sánchez, ante unas declaraciones del dirigente popular Miguel Tellado sobre la necesidad de «empezar a cavar la fosa» del que más de la mitad de los españoles consideran el peor Gobierno de la democracia.

Uno puede valorar que la metáfora sea afortunada o no por la imagen en sí. En mi opinión sería más preciso hablar de empezar a cavar la fosa séptica para drenar los detritos que anegan Moncloa y Ferraz, como los señalados esta semana por la ex mujer de Ábalos, quien ha revelado que Sánchez sabía de los manejos corruptos de su mano derecha.

Lo de sacar las cunetas de la guerra y posguerra a cuento de esa expresión retórica, acabó respondiendo a la sempiterna estrategia del extremismo sanchista y sus socios ultranacionalistas para identificar con el franquismo a la oposición democrática.

Quizás un Tellado más prevenido podría haber imaginado que su declaración iba a dar pie al sanchismo para realimentar el que representa el auténtico leitmotiv de la «memoria histórica»: la deslegitimación de la derecha como alternativa democrática mediante la traslación del maniqueísmo guerracivilista a la política actual, levantando muros y trincheras que dividan a los supuestos «buenos» de los pretendidos «malos».

Categorías éstas establecidas desde la fingida superioridad moral de un PSOE que se alía sin rubor con formaciones como Bildu que justifican abiertamente la violencia contra el que piensa diferente, celebrando homenajes a los asesinos de ETA. O con partidos como Junts y ERC que se jactan de su intento de golpe contra el Estado de derecho, asegurando sin miramientos que lo volverán a hacer.

Ante los centenares de dirigentes socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, que han sacado a colación las fosas de la guerra y la posguerra a cuento de las declaraciones de Tellado, se confirma una vez más la utilización política presentista de las víctimas del odio entre españoles.

Existen, sin embargo, pruebas fehacientes de que esta utilización política del dolor de generaciones de españoles no se corresponde en la práctica con un interés auténtico por las víctimas por parte de Sánchez y sus ministros. De nuevo, el sanchismo pretende hacerse fuerte en los eslóganes para esconder su misérrima actuación en la práctica.

Es desconocido generalmente, por ejemplo, que los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Sánchez jamás se interesaron por los resultados de las exhumaciones de fosas financiadas con ocho millones de euros entre 2008 y 2011.

Esta partida para las fosas representó sólo una tercera parte del total de subvenciones destinadas a actividades de «memoria histórica», pues uno de los mayores desembolsos fue a parar a los bolsillos de fundaciones y asociaciones afines como instrumento de financiación extra para sus actividades de proselitismo.

El caso es que en Moncloa nunca han sabido cuántos restos se exhumaron con esas ayudas libradas por Rodríguez Zapatero. Una vez osé preguntarlo y me contestaron que las contara yo mismo si es que tanto interés tenía. Por supuesto, tampoco han conocido jamás cuántos restos se habían logrado identificar y a cuántas familias se les habían entregado para darles una digna sepultura al lado de los suyos.

Con Pedro Sánchez ha sucedido lo mismo. A pesar de que fue anunciado a bombo y platillo, su Gobierno ha incurrido en la misma desidia con el primer Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2020-2024, cuyo objetivo era recuperar entre 20.000 y 25.000 víctimas.

Lo que se vendió como una política de Estado para superar definitivamente la asignatura de las fosas, objetivo que estoy seguro de que la mayoría de los españoles apoyamos, acabó como un mero instrumento de propaganda, y además fallido.

A estas alturas de 2025 aún se está a la espera de que el Gobierno presente el balance definitivo de este Plan Cuatrienal de Exhumaciones, que contó con 20 millones de euros.

Puede que el Gobierno de la «memoria» se haya olvidado de presentar balance de su plan de fosas porque sus resultados demuestran la falacia según la cual, al decir del propio Sánchez, España es el segundo país del mundo en fosas comunes, sólo por detrás de Camboya, aunque en otra ocasión dijo que Birmania.

A pesar de que se esperaba exhumar a más de 20.000 víctimas, al final fueron 5.600, logro nada desdeñable, pero que está muy lejos de responder al relato oficial que se ofrece de esta realidad histórica.

En abril de 2024, según los resultados provisionales del plan, se había destinado financiación a nada menos que 142 proyectos en los que no se encontró finalmente ningún resto. Lo más llamativo es que 74 de estos proyectos sin resultados se llevaron a cabo en cementerios, escenario principal de las búsquedas y exhumaciones de los últimos años frente a la extendida idea de la España de las cunetas.

Con todo, el Gobierno de Sánchez ha demostrado un desinterés absoluto por la verdadera dimensión humana de un plan de exhumaciones como el presupuestado. Tras varias solicitudes de información por mi parte, se niega a revelar el número de restos exhumados que ha sido posible identificar y el número de los que han sido entregados a sus familiares.

Moncloa se escuda en que la información solicitada requiere «una acción previa de reelaboración», como si no lo hubiera necesitado el recuento provisional de las víctimas exhumadas que el Gobierno presentó en una comparecencia parlamentaria.

Para saber el destino de los restos que nadie reclama, también he preguntado cuántos han sido depositados en el mismo lugar de su exhumación y cuántos en otro destino diferente. La respuesta ha sido la misma. Al Gobierno le parece una pérdida de tiempo saber el destino final de los restos exhumados con el presupuesto público. No cabe mayor indiferencia ante este asunto.

Todas estas preguntas no son baladíes. Van al núcleo de lo que debe de ser una auténtica política de Estado de exhumaciones, dedicada al último agravio pendiente por reparar de aquel pasado terrible.

Pero el silencio del Gobierno apunta al verdadero sentido de este nunca volver la página, resaltando o tachando párrafos según refuercen o desmientan su relato presentista, en su conocida estrategia de utilizar este pasado exclusivamente para dividir y enfrentar a los españoles.

Las respuestas a estos interrogantes situarían en su justo término la pervivencia de este problema en las familias españolas. Algo similar a lo que sucede con las exhumaciones reivindicadas legítimamente en el Valle de los Caídos, que sólo atañen a los restos de 190 de las cerca de 34.000 víctimas allí enterradas, apenas un 0,5 por ciento del total.

Me temo que este silencio sobre el número real de familias españolas a las que se han satisfecho efectivamente sus legítimos deseos de cerrar el duelo, busca perpetuar esa visión de la «guerra interminable» que Sánchez pretende actualizar cada semana en sus discursos y sus declaraciones.

Sólo quien teme ver cuestionada su propaganda frentista puede negarse a exponer estas cifras, profundamente reconciliadoras por lo que tienen de reconocimiento de una lección histórica que nos interpela a todos para que nunca más vuelva a repetirse.

Todo en Sánchez persigue blindar su victimismo, en este caso a cuenta de los muertos del único pasado que nunca pasa, el de hace casi un siglo, pero no el de hace tres lustros como el de ETA, del que parece no existir ya para el Gobierno ni memoria ni lección que aprender.

Mientras Sánchez se embosca en ese falso victimismo, los españoles sufren a diario sus atropellos, corrupciones, incompetencias y oscuras alianzas internacionales. Por eso se hace necesario, imprescindible, que la democracia en España pueda volver a respirar aire limpio, definitivamente libre de los caínes sempiternos que aborrecía Cernuda.