El gasto social y el estado del bienestar

A menudo se habla de la importancia del gasto social en los presupuestos generales del Estado o, lo que es lo mismo, de la elevada proporción de gasto social que asumen las cuentas públicas y que, en buena manera, es consecuencia de la estructura de un estado del bienestar. ¿Qué incluye el concepto genérico de gasto social? Las atenciones públicas, en forma de desembolsos, de una serie de conceptos asistenciales como son la enfermedad, la invalidez, la vejez, la supervivencia, la familia, el desempleo, la vivienda y la exclusión social, a lo que se suele agregar el coste de la salud.

¿A cuánto asciende en España actualmente el conjunto del gasto social a cargo de los presupuestos generales del Estado? En 2016, a 254.000 millones de euros —números redondos—, sobre un gasto público total de 469.000 millones, lo que equivale a que el 54% del gasto total se destine a gasto social. Por consiguiente, más de la mitad del dinero que gasta el Estado va para atender lo que, en general, entendemos como el estado del bienestar, esos mínimos por los que tanto se ha luchado en Europa a partir de la segunda mitad del siglo pasado. ¿Cómo se reparten los 254.000 euros gastados en 2016? 187.000 millones de euros se destinan a enfermedad, invalidez, pensiones de vejez, supervivencia, familia, desempleo, vivienda y exclusión social, mientras los restantes 67.000 millones de euros a salud.

Si observamos cuáles son los porcentajes de gasto social, incluyendo protección en el sentido amplio de la palabra y salud, la media de la Unión Europea en 2014 —último año sobre el que se han publicado datos en 2016— es del 56,4% sobre el total de gasto público en tanto que en la zona euro alcanza el 56%. Si miramos a otros países de nuestro entorno que constituyen referentes, Alemania, por ejemplo, incurre en un gasto social del 58,7% sobre su gasto público total; Francia en un 57,4%; Italia en un 55,8%; Holanda en un 54%; Reino Unido en un 54,8% e Irlanda en un 54,5%. A la vista de estos datos se desprende que el esfuerzo que hace España en gasto social es algo más bajo que en los países de nuestro entorno, en particular si tenemos en cuenta que en 2014 España tuvo un monto de gasto social total —salud más protección— del 53,3% respecto al gasto público.

El estado del bienestar, diseñado con las mejores intenciones y cuya estructura es más que elogiable al procurar atender las carencias de los ciudadanos europeos y de quienes son más frágiles y vulnerables, va a más y cuando decimos va a más queremos subrayar que lo hace tanto en el número de personas que se benefician del sistema —pensemos en el envejecimiento, longevidad y esperanza de vida, con los consiguientes costes de pensiones— como en la salud, ya que las personas mayores requieren de más asistencia y cuidados sanitarios que los jóvenes. Más gente y más gente mayor, mejor esperanza de vida. Eso se traduce en más pensiones que además tienen como perceptores a quienes han cotizado a lo largo de su vida laboral sobre unas bases, en muchos casos máximas, y se jubilan con la pensión más alta. Y más gente mayor implica más costes en el apartado de salud, más atención sanitaria.

Si proyectamos las cifras económicas del coste social en España a 2019, el montante total previsible se incrementará a 273.000 millones de euros que equivaldrían al 54% del gasto público total. Su distribución sería de cerca de 73.000 millones de euros en concepto de salud y unos 200.000 millones entre gastos de enfermedad, invalidez, pensiones de vejez, ayudas de supervivencia, subsidios familiares, prestaciones por desempleo, ayudas por vivienda y por exclusión social. De los más de 500.000 millones de euros que gastaría España en 2019, una porción muy importante corresponde al estado del bienestar. Para que pueda seguir manteniéndose, los ingresos públicos han de comportarse a un buen ritmo y para ello solo hay un camino: mejorar nuestro modelo económico y productivo y el patrón de crecimiento.