La Fiscalía desmonta el bulo de Iglesias y Montero: nadie acosó su casoplón

Iglesias y Montero

Hasta la propia Fiscalía, que ya es decir, ha dejado en evidencia el plañidero relato que hicieron Pablo Iglesias e Irene Montero sobre el falso acoso que dijeron haber sufrido en su chaletazo de Galapagar por parte de Miguel Frontera, al que denunciaron por un supuesto delito de acoso, descubrimiento de secretos y delitos continuados de injurias graves. La juez de primera instancia acabó absolviéndole e Iglesias y Montero recurrieron el fallo ante la Audiencia Provincial. El Ministerio Público ha impugnado este recurso de apelación y pide que se confirme la sentencia absolutoria. O sea, que da por bueno el fallo y entiende que no hay motivo para condenar al demandado. Su señoría dejó claro el pasado 1 de julio que no hay pruebas de que Miguel Frontera tuviera «intención de vigilarles, de buscar su cercanía física o de establecer contacto con los allí residentes». Tampoco le condenó por los supuestos insultos que Iglesias y Montero dijeron que les había proferido, dado que, en todo caso, habían prescrito.

Pues bien, la Fiscalía ha suscrito punto por punto los argumentos de la juez de primera instancia, al defender que el delito de acoso era materialmente imposible al existir en el domicilio de Iglesias y Montero «vigilancia durante 24 horas y un perímetro seguridad que se fue ampliando». Asimismo, subraya que la finalidad del acusado – como la de todas las personas que allí se congregaban a diario- «era mostrar su malestar, disconformidad y su crítica a la gestión política que se llevó a cabo en la pandemia». También cita jurisprudencia previa en la que «no se consideran coacciones, sino un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil o de la libertad de expresión de una pluralidad de ciudadanos». En cuanto al supuesto delito de injurias, el fiscal es claro: se trata de injurias leves despenalizadas y, en el caso de que hubieran existido algunas más graves, prescriben al año, según el Código Penal. O sea, que Pablo Iglesias e Irene Montero se montaron un peliculón y se arrogaron el papel de víctimas.

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