Los fiscales no son lacayos de Sánchez

Los fiscales no son lacayos de Sánchez

Los fiscales están que trinan y con razón. La política de permisos y salidas aplicada ya en las cárceles catalanas a cinco de los nueve políticos independentistas encarcelados por subvertir el orden constitucional se ha hecho con la opinión contraria de la Fiscalía, sometida a una presión política cada vez más intensa. Es cierto que la decisión última corresponde al juez de Vigilancia Penitenciaria, pero no lo es menos que la decisión judicial no puede ser arbitraria y estar sujeta a conveniencias de tipo político. Es lo que los recuerdan los fiscales, que subrayan que la concesión de permisos penitenciarios tiene que estar motivada y conforme a la ley. Parece obvio que a los políticos independentistas se les está dando un tratamiento privilegiado que no se aplica al resto de reclusos.

El malestar de los fiscales obedece al hecho de que entienden -con razón-que los permisos no se están concediendo porque los presos hayan dado muestras de reinserción y arrepentimiento, sino por motivaciones políticas que tienen que ver con las negociaciones entre el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y los partidos separatistas catalanes que le permitieron sacar adelante la investidura. Dentro del proceso de «desjudicialización» emprendido por el Ejecutivo, los beneficios penitenciarios a los golpistas catalanes forman parte de las concesiones a los sediciosos. La llegada de  Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado se entiende como un gesto del Ejecutivo socialcomunista a los independentistas, pero los fiscales no están dispuestos a someterse a criterios que no tengan un marchamo absoluto de legalidad.

Saben que son un órgano jerarquizado, pero reivindican su autonomía y están dispuestos a defender su papel y a rechazar cualquier intento de convertirse en meros peones de una estrategia política. De ahí su malestar. La concesión de permisos penitenciarios a los políticos catalanes encarcelados se ha hecho, en muchos casos, en contra del criterio fiscal. Su malestar es comprensible y están dispuestos a alzar su voz para denunciar una situación que les resulta intolerable.

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