Europa sabe cerrar la puerta al nacionalpopulismo

En el intento de internacionalizar el ‘procés’, sus promotores han intentado por todos los medios granjearse la simpatía de las instituciones europeas. Para ello, han esparcido un discurso que presentaba a España como un país de escasa calidad democrática, cuando no directamente autocrático, y cuyos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial llevarían inscrito el gen del franquismo, verdadero vector de gobierno. Frente a cada acometida del nacionalismo, la Comisión Europea ha opuesto la exigencia de respetar el marco constitucional español y la defensa de España como Estado plenamente democrático.

A cuenta del 1-O y la consiguiente intervención policial, el nacionalismo, la izquierda populista y la ultraderecha trataron por enésima vez de desacreditar a España a partir de una serie de preguntas a la Comisión Europea (CE). Ramón Tremosa, por ejemplo, haciéndose eco de que la Guardia Civil —a la que describía como “una fuerza militar encargada de tareas policiales”— ‘había acosado’ a los trabajadores de una imprenta en Constantí (Tarragona) en su labor de búsqueda de papeletas para el 1-O, planteaba: “¿Qué medidas va a tomar la Comisión ante la deriva autoritaria y represiva del Gobierno de España?”.

Por su parte, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde (Podemos y lo que le cuelga) reclamaron a la CE que pusiera en marcha “un mecanismo preventivo o incluso un proceso contra el Estado español [aquí sí, Estado] por la persecución policial del 1-O».

Asimismo, un grupo de eurodiputados nacionalistas y de izquierdas, entre los que se encontraban Ernest Urtasun, Marina Albiol, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, el ínclito Tremosa, Miguel Urbán e Izaskun Bilbao, quisieron saber qué medidas iba a tomar la Comisión “ante la deriva autoritaria y represiva del Gobierno de España”.

A ello se añadió una petición de condena por parte de Europa de las Naciones y las Libertades (el Frente Nacional de toda la vida) al Gobierno español por la «violencia policial contra la población civil».

También yo formulé una pregunta a la CE:

«El Parlamento de Cataluña aprobó los días 6 y 7 de septiembre dos leyes que vulneran, según los letrados del propio Parlamento y el Consejo de Garantías Estatutarias, tanto el reglamento del Parlamento como el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución Española.

Esas dos leyes violan infinidad de derechos de ciudadanos residentes en Cataluña y, por lo tanto, ciudadanos de la UE. Así, la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica articula la declaración unilateral de independencia tras la celebración de un referéndum sin garantías el 1.º de octubre, lo cual dejaría en suspenso todo el Derecho comunitario en Cataluña.

Asimismo, la otra ley aprobada, la del referéndum, regula la creación de un censo basado en datos sin que se exponga cómo y de dónde se van a obtener dichos datos, lo cual pone en peligro la privacidad y la protección de derechos de los ciudadanos residentes en Cataluña.

Dado que estas acciones afectan directamente a derechos fundamentales de ciudadanos de la UE de diversas nacionalidades residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿tiene previsto la Comisión tomar algún tipo de medida para frenar la aplicación de dichas leyes y preservar la aplicabilidad del Derecho comunitario en Cataluña?»

Como no es infrecuente, la Comisión Europea agrupó temáticamente las preguntas y presentó una respuesta única.

La Comisión cree que vivimos en tiempos que reclaman unidad y estabilidad, no división y fragmentación.

La Comisión manifestó confianza en el liderazgo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para gestionar este difícil proceso garantizando el pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados.

El 11 de octubre de 2017, la Comisión reiteró su anterior llamamiento al absoluto respeto del orden constitucional español y su confianza en las instituciones españolas y todas las fuerzas políticas que están trabajando para encontrar una solución en el marco de la Constitución española.

El llamamiento por parte de la CE a respetar el orden constitucional y su confianza en las instituciones españolas cierran la puerta, por enésima vez, al argumentario nacionalpopulista, una noticia que no por esperada hemos de dejar de celebrar.