Estos no pueden ser socios de ningún gobierno de España
El actual Partido Nacionalista Vasco no puede ser socio de ningún gobierno de España. Ahora que Pedro Sánchez sigue empeñado en consumar una moción de censura que desestabilizaría nuestro país, el PNV sería un apoyo clave para conseguir sus objetivos parlamentarios. No obstante, si el líder socialista alberga todavía un mínimo de responsabilidad constitucional, no puede llegar a ningún acuerdo con aquéllos que están empeñados en seguir los pasos de los independentistas catalanes. Si tradicionalmente la formación vasca han defendido un tipo de nacionalismo autonómico en consonancia con el Estado de Derecho, ahora intentan saltárselo y para ello imitan el modus operandi desarrollado por los golpistas en Cataluña. Incluso su propia dialéctica. Hasta tal punto de que quieren llamar «Delegación Internacional» a su oficina de representación en Madrid.
«Una delegación de Euskadi en el exterior», como indica la propia página web institucional de la región, que se una a otras seis embajadas, 16 oficinas comerciales y 181 Euskal Etxeak —Casa de Euskadi— que recuerdan a la estructura representativa que trataron de montar los separatistas comandados por el huido de la justicia Carles Puigdemont. Estos pasos adelante del nacionalismo vasco se dan en un contexto de inestabilidad en España. Agravado, sin duda, con el anuncio de una moción de censura imposible por parte de Pedro Sánchez. Imposible, eso sí, a menos que conceda a independentistas catalanes y nacionalistas vascos más de lo que permite la Constitución. Entre otras cosas, el PNV exigiría la soberanía para el País Vasco y Cataluña para votar en contra de Mariano Rajoy. Por tanto, Sánchez conseguiría que fuera peor el remedio que la enfermedad.
El actual PNV ya inició su particular camino a ninguna parte cuando la pasada semana acordó un nuevo Estatuto con los proetarras de Bildu para recoger que «el Pueblo Vasco es una nación» y «el derecho a decidir». A través de él pretenden dar a los ciudadanos la nacionalidad vasca, así como no tener control del déficit, poseer seguridad social independiente y un sistema jurídico propio, entre otras prebendas. Una manera de retomar el Plan Ibarretxe que ya rechazara el Congreso de los Diputados en 2005 y que ahora bien podría llamarse Plan Urkullu. La estratagema para soslayar la legalidad vigente es notoria, así como la intención de dar pasos de gigante hacia la independencia. Algo que, por supuesto, no puede permitir el Estado. De ahí que la moción de censura de Pedro Sánchez sea una utopía. Sin el apoyo de los separatistas, no le salen las cuentas. Con el apoyo de los separatistas, —incluidos los herederos de ETA—, se acaba España.