España, un país de paradojas

El pasado viernes, día en el que celebrábamos el cuadragésimo primer aniversario de nuestra Constitución, un grupo plural de ciudadanos nos reencontramos en Bilbao convocados por la Plataforma Cívica Libres e Iguales.

Entre nosotros había afiliados y votantes tradicionales del PSOE, militantes del PP, antiguos miembros del PCE, periodistas en su día libre, sindicalistas, profesores, escritores, madres y padre de familia… Había personas religiosas, agnósticas, ateas… Había personas mayores, jóvenes, hombres, mujeres… Había parejas, grupos de amigos…. Éramos un grupo heterogéneo desde todo punto de vista, buen exponente de una sociedad mestiza como la nuestra, que acudimos a la convocatoria unidos por una causa común: la defensa de los valores de la convivencia, la libertad y la igualdad. Un grupo de ciudadanos que podríamos definir como  constitucionalistas

Lo singular del acto fue la transversalidad del colectivo que se dio cita en la Plaza del Arriaga; fue como si quisiéramos explicar con nuestra presencia que la España que nos dibuja Sánchez, la de los frentes y las trincheras, no es la real; que hay otra España, la que suma, que es  consciente de la necesidad imperiosa de salir a la calle, allá donde más falta hace (Cataluña y País Vasco principalmente) para defender la Constitución que nos dimos hace 41 años y cuya pervivencia pone en peligro la actuación irresponsable de quien gobierna España.  Lo paradójico fue el desarrollo de esa concentración.

Porque no deja de ser una paradoja que los ciudadanos que respetamos la ley nos veamos obligados  a exigir al Gobierno que cumpla con su obligación de cumplir y hacer cumplir todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución.

No deja de ser paradójico que sean personas que ocupan altas responsabilidades públicas gracias a la Constitución quienes la están poniendo en riesgo, la denuestan, la  incumplen y/o la quieren derogar.

No deja de ser paradójico que los defensores de la ley y el orden celebráramos un acto en el centro de Bilbao rodeados por furgones de la Ertzaintza, con el perímetro de la plaza señalado por una cinta roja y blanca, como las que vemos en las escenas de un crimen.

No deja de ser paradójica (y hasta esperpéntica) la imagen de un grupo de ciudadanos pacíficos circundados por policías con trajes de asalto que dejaron abierto un estrecho pasillo por el que habían de pasar las personas que quisieran sumarse al acto.

No deja de ser paradójico que en pleno siglo XXI, en el corazón de la Europa de las libertades, los ciudadanos de a pie  hayamos de salir a la calle y señalar la amenaza que supone para la democracia el gobierno que Sánchez quiere formar.

No deja de ser paradójico que en pleno corazón de Bilbao -una villa gobernada en coalición entre el PNV y el PSOE- sea preciso denunciar que los derechos fundamentales de la democracia – la libertad y la igualdad- están amenazados por la reedición del Plan Ibarrexte,  porque eso y no otra cosa es el llamado nuevo estatuto vasco, una iniciativa que pretende institucionalizar la desigualdad entre los ciudadanos que vivimos en el País Vasco para lo que plantea dividirnos en categorías con diferentes derechos y que distingue nacionalidad y ciudadanía. Una iniciativa que está en el Parlamento Vasco – Gobierno de coalición PNV-PSOE-  y que es anticonstitucional por antidemocrática, que divide porque discrimina, que no ofrece más autonomía sino menos y peor democracia.

No deja de ser paradójico que en la Universidad Vasca -esa de la que decenas de magníficos profesores tuvieron que irse para que la presencia de sus escoltas (ETA les había amenazado de muerte) no “perjudicara” el paisaje del Campus- hoy pronuncien conferencias los terroristas, los asesinos que nunca se desmarcaron de la banda criminal, quienes nunca pidieron perdón, quienes siguen justificando los crímenes. No deja de ser paradójico que esos criminales que sientan cátedra en la UPV militen en el partido político con el que Sánchez trama su futuro gobierno, con quien acuerda sostener el Gobierno de Navarra.

No deja de ser paradójico que quince años después de que Basta Ya! organizara un viaje desde San Sebastián hasta Cádiz que llamamos El Autobús de la Libertad, algunos de aquellos viajeros nos hayamos encontrado en la Plaza del Arriaga y a mí me haya venido a la cabeza la última parada  en la iglesias de San Pablo Neri, el lugar en el que en 1812 se reunieron las Cortes y se proclamó la Constitución contra el absolutismo representado por carlistas y trabucaires.

Allí en la plaza del Arriaga no pude por menos que pensar que nosotros, los constitucionalistas, éramos los nietos políticos de quienes proclamaron la Constitución de Cádiz, reunidos en Bilbao para reivindicar que se cumpla, también en nuestra tierra vasca, la Constitución del 78.

Viendo en ese acto del Arriaga a uno de los escoltas de Mario Onaindía recordé un artículo suyo titulado “La Constitución es sagrada”. Mario explicaba cómo Numa, el segundo rey de los romanos, diferenciaba las leyes entre aquellas que consagran los derechos del pueblo, a las que él consideraba santas, y las que regulaban otro aspectos puntuales de la vida de los ciudadanos, a las que no concedía tal categoría.

No se me ocurre una manera más precisa de explicar lo que para mí representa en esencia la Constitución del 78 que copiando el último párrafo del mencionado artículo de Mario:

“No conozco ninguna idea de Dios imaginada por ninguna religión que merezca más adoración y veneración que los derechos cívicos que protegen mi derecho a la vida, a opinar, reunirme, a manifestarme o  a elegir a unos representantes políticos que tengan como primer compromiso la defensa de estos derechos, amparados en la Constitución; ni ningún cielo que merezca nuestro sacrificio mejor que la sociedad plural y abierta que diseña la Constitución, ¿por qué entonces no habríamos de considerarla sagrada?”.

 No deja de ser una paradoja que transcurridos doscientos siete años desde que fuera aprobada la Constitución de Cádiz, una Constitución que proclamó la ciudadanía frente a las castas, la nobleza y el clero, hayamos de salir a la calle para reivindicar la igualdad de los ciudadanos frente a quienes defienden la prevalencia de la tribu frente a los derechos individuales de los ciudadanos. Y no deja de ser una tristeza que el disfrute efectivo de los derechos fundamentales esté en riesgo porque el Partido Socialista Obrero Español liderado por Pedro Sánchez se haya pasado al lado de los carlistas y trabucaires de siempre… y tengan además la poca vergüenza de auto proclamarse progresistas.

Si, España es un país de paradojas. Tengo para mí que señalarlas es el primer paso para dejar de aceptar como normal lo que es pura perversión democrática.