España necesita menos gasto, menos impuestos y más reformas

España necesita menos gasto, menos impuestos y más reformas
España necesita menos gasto, menos impuestos y más reformas

El Gobierno insiste en que la economía española se recupera, que no tiene problemas estructurales y que sólo la guerra de Ucrania está generando un impacto negativo, que será pasajero. Sin embargo, no es la primera ocasión en la que un Gobierno socialista afirma que no existe crisis, que sólo es una desaceleración y que no hay, por tanto, nada de qué preocuparse. Eso ya lo vivimos en 2007, inaugurado con la afirmación del presidente Rodríguez Zapatero, en una entrevista en El País en agosto de dicho año, en el que afirmaba que “España está a salvo de la crisis financiera”. En mayo de 2010, tras muchos meses de negación, gasto, déficit y deuda, se vio obligado a realizar duros recortes -especialmente, contra los pensionistas- por no haber querido hacer previamente reformas.

Ahora, al igual que entonces, como los datos coyunturales no muestran todavía toda la intensidad de la crisis oculta, se está larvando una situación similar, que de no actuar puede desembocar en un desequilibrio económico mayor que el de 2011. Deberíamos recordar esto para evitar que los fundamentales de la economía española siguiesen deteriorándose de la manera en la que lo están haciendo. Todavía no vemos sus consecuencias, pero todos ellos están empeorando de manera estructural: tenemos un gasto creciente que el Gobierno de Sánchez, en lugar de reducir cuando podía, lo ha incrementado, más allá de la coyuntura de la pandemia; contamos, a raíz de ello, un déficit estructural que se ha incrementado en varios puntos del PIB, hasta superar el 5%; y acumulamos un volumen de deuda sobre el PIB que es insostenible en el tiempo de no reducirse no sólo en términos porcentuales, sino también en valores absolutos.

Junto a ello, el Gobierno no realiza ninguna reforma de calado de la economía española y cuando afronta una reforma lo hace para empeorar la situación, como con la derogación de la reforma laboral. Al mismo tiempo, y aunque no lo haya aplicado de inmediato, quiere subir impuestos, cuando España necesita que se bajen, empezando por la deflactación del IRPF.
Así, el Ejecutivo de Sánchez fía todo a los fondos europeos y a que la economía aguantará para ser reelegido, pero los desequilibrios son, desgraciadamente, tan numerosos y potentes que el deterioro se ve por momentos.

Es más, las cifras macroeconómicas, rebajadas por todas las instituciones -que ha llevado al Gobierno a tener que reconocer que también las revisará a la baja- pueden disimular todavía la situación, a partir de una economía sujeta artificialmente por mucho gasto público, pero que puede venirse abajo cuando se recuperen los objetivos de estabilidad y cuando el BCE deje de comprar deuda, pero la realidad ya muestra el empeoramiento.

Así, adicionalmente al deterioro estructural, los efectos reales sobre la economía son mucho más preocupantes que lo que muestran los datos macro. Ahora, con una inflación galopante desde hace meses; con un precio de la energía que muchas familias no lo pueden ya pagar; con un precio del carburante que hace que cada vez menos personas puedan utilizar su vehículo, tenemos una economía contra las cuerdas mientras, como digo, el Gobierno no reacciona: ni baja impuestos, ni acomete reformas energéticas, ni flexibiliza la economía -de hecho, como he comentado, la empeora, con la contrarreforma laboral-. Sólo trata de repartir unas subvenciones que de nada servirán, salvo para incrementar el gasto, el déficit, la deuda y presionar al alza la inflación al tensar más los cuellos de botella.

Esto hace que la población pague cada vez más impuestos, aparte de por el incremento de los tributos, por el peor de los impuestos, que es la inflación, mientras aumenta la recaudación del sector público fruto del esfuerzo de los ciudadanos. En lugar de ayudarlos a llegar a fin de mes bajando los impuestos, aumenta los ingresos tributarios a costa del bienestar de los ciudadanos, hasta llegar a una situación que se vuelve ya asfixiante para muchos. Con ello, sólo logrará empeorar la economía, el empleo y la prosperidad de personas y empresas: el coste de las decisiones del Gobierno empieza a rezagar cada vez más a España. Tanto hablar de “los beneficios caídos del cielo” de las eléctricas, y el Gobierno es incapaz de reducir los tipos impositivos para atenuar el problema de la gente: mientras los ciudadanos se empobrecen y las empresas pierden competitividad, negocio y beneficio y, por tanto, terminarán por destruir empleo, la Administración Pública se enriquece adicionalmente por el afán confiscatorio del Gobierno a costa de la inflación.

O se acometen profundas reformas de inmediato -energética, pensiones, sector público, por ejemplo-, se reduce el gasto -se acaba con la ineficiencia del mismo- y se bajan impuestos -al menos, para compensar el alza de la inflación, incluso más, para dinamizar la economía- o podemos dirigirnos a una situación muy preocupante para la economía española, que nos deje en una situación todavía peor en el medio plazo que la de 1996 y 2011.

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