El error de una subida de impuestos

Las previsiones macroeconómicas ficticias con las que el Gobierno diseñó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se le han derrumbado clamorosamente, como todas las instituciones que realizan predicciones apuntaban y que sólo el Ejecutivo se negaba a ver. La desviación para 2021 no es cosa de unas décimas, sino de la mitad respecto a la previsión en los PGE de 2021 y de casi una cuarta parte (un 23,07%) en relación con la previsión de los PGE de 2022, donde el Gobierno ya había rebajado a la mitad su cuadro macro anterior, pero de manera insuficiente, como se ha demostrado.

Con ello, los PGE no son más que papel mojado, puesto que toda la base económica sobre la que se asientan es errónea. El déficit y la deuda sobre el PIB serán mayores, pues al ser el crecimiento de 2021 mucho menor al previsto, el cierre de dicho ejercicio, cuando se publique, mostrará unos niveles de desequilibrio superiores, que se prolongarán en 2022, porque aunque se creciese al ritmo previsto por el Gobierno del 7%, cosa difícil, el punto de partida será más bajo, con lo que la recaudación puede ser menos alta de lo previsto.

El Gobierno trata de salvar esa desviación con la ayuda de la inflación, ya que el deflactor del PIB está calculado a la baja, de manera que algo le servirá para enjugar esa menor potencia en el crecimiento real, y con una importante subida de impuestos.

Así, el Gobierno de la nación pretende subir los impuestos de manera masiva. Siguen insistiendo en una subida brutal de los tributos, ni más ni menos que de alrededor de 80.000 millones de euros. Según el Gobierno, serán las rentas altas en IRPF y las empresas las que sufran ese incremento impositivo que prepara. No se debe subir los impuestos a nadie, pero, además o no dicen la verdad o manejan una información errónea, ya que, con esas subidas que especifica -rentas altas y empresas-, no van a recaudar más, sino menos.

Para empezar, las rentas altas constituyen una parte pequeña de la base recaudatoria, pues el grueso de contribuyentes se encuentra entre 22.000 euros y 55.000 euros, de manera que si quiere incrementar la recaudación subiendo dicho impuesto va a tener que subirlo generalizadamente. No logrará recaudar todo lo que se proponga, pero para que se quede en un tercio -como ya sucedió con la medida adoptada a finales de 2011- tendrá que elevar los impuestos de manera muy agresiva.

Por otra parte, el incrementar ahora los tipos del impuesto de sociedades, cuando las empresas atraviesan por una etapa de caída de ventas, negocio y beneficios no parece que vaya a tener tampoco mucho poder recaudatorio, además del desincentivo que ello generará en todas ellas. Da igual que se adopte en muchos países, pues alguno no lo aplicará y allí irán las nuevas inversiones en su mayoría.

Ya Montero había lanzado una advertencia hace meses: consideraba que hay margen para incrementar la recaudación vía subida de impuestos hasta que España alcance una presión fiscal similar a la de la media de la eurozona, de la que nos separan cerca de siete puntos sobre el PIB. Esos casi siete puntos equivalen a 80.580 millones de euros, teniendo en cuenta una estimación de PIB para 2021 de 1,185 billones de euros. Eso es lo que quieren que diga, junto a la llamada armonización, el informe de los expertos -dos de ellos, han dimitido del grupo formado-. Veremos qué arroja dicho informe cuando lo publiquen.

El Gobierno equivoca dos cosas: la primera es que nuestra presión fiscal puede ser inferior a la de la eurozona, pero no así nuestro esfuerzo fiscal, que es el indicador que mide la presión fiscal en términos de PIB per cápita, con lo que una nueva subida de impuestos sólo conseguirá estrangular más al conjunto de españoles. La segunda es que puede subir los impuestos todo lo que quiera, pero de ahí a que consiga el efecto de recaudación deseado, media un gran trecho. Con una economía en unos niveles muy bajos tras 2020 y 2021, que hará que sea una de las últimas economías desarrolladas en recuperar el nivel de PIB anterior a la pandemia, llevar a cabo una política fiscal contractiva con semejante subida de impuestos lo único que conseguirá es paralizar más la economía, incrementar todavía más el desempleo y aumentar, así, el efecto de los estabilizadores automáticos: más gasto en prestaciones por desempleo, menos recaudación por caída de actividad (y desincentivo a la misma) y, por tanto, más déficit y deuda.

¿Qué terminará haciendo? Subir todos los impuestos, subírselos a todos e introducir otros nuevos. No obstante, no recaudará lo suficiente con eso. En ningún caso llegará a un incremento de esos 80.000 millones que plantea, ni aun sumando todos los ejercicios que restan en esta legislatura, pero para poder incrementar algo la recaudación entonces tendrá que elevar el IRPF muchos puntos en todos los tramos y subir el IVA de manera importantísima.

Esta subida de impuestos afectará negativamente a la economía: con el incremento de los tipos del IRPF en varios puntos, desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación. Con el incremento de Sociedades, expulsará a las empresas y levantará una nueva barrera para que vengan otras nuevas. Y con la subida del IVA -que terminará produciéndose y que sólo podría realizarse como mal menor siempre que se bajasen mucho los impuestos directos, como renta y sociedades- disminuirá el consumo.

Es el inicio de un camino tortuoso con un horizonte económico nada halagüeño, pues, de llevarse a cabo, retrasará, y mucho, todavía más, la recuperación. Es el plan de un Gobierno que se tambalea, que ve cómo la tendencia de las encuestas le resultan adversas, que comprueba cómo agota su tiempo y que ya no sabe qué hacer para tratar de sobrevivir en sus puestos.