Catalina Cladera y el túnel de Sóller

El Supremo ha confirmado que el rescate del túnel de Sóller fue nulo de pleno derecho, por lo que la concesionaria podrá ahora reclamar una indemnización millonaria al Consell de Mallorca para compensar los daños. Nada que no fuera perfectamente previsible, tal como la oposición y otros tantos ya alertamos en su día cuando el tripartito que capitaneaba Miquel Enseñat -el mismo que puso en marcha una campaña para “repensar Mallorca” bien podría haberse “repensado” el rescate- decidió rescatar la concesión del túnel de Sóller cinco años antes de que expirara. El alto tribunal ha desmontado todos y cada uno de los argumentos que el tripartito de izquierdas esgrimió para tomar una decisión que, aunque disfrazada de bazofia jurídica como un sobrevenido “interés general”, sólo obedecía a intereses electorales. A nada más.

No creo que los meseros, socialistas y podemitas de entonces ignoraran que el rescate terminaría mal. Ahí están los servicios jurídicos para asesorarlos. Sin embargo, primaron el corto plazo electoral a las previsibles consecuencias que a largo plazo comportaría su decisión, conscientes de que cuando llegara la confirmación definitiva de su fechoría, seis años después, Miquel Enseñat y Mercedes Garrido ya no estarían al frente de la institución insular. Al final, los políticos se aprovechan de la lentitud de la Justicia y de los incontables recursos jurídicos de la Administración para castigar a los ciudadanos y a las empresas que recurren sus arbitrariedades en el ámbito contencioso-administrativo, condenándolos a pleitear años y años y con su propio dinero.

Tras conocerse la sentencia y lejos de arredrarse, Catalina Cladera ha insistido en la «valentía» del rescate, como si los administrados pidiéramos heroicidades y riesgos a nuestros políticos y no prudencia a la hora de administrar nuestros dineros. Para Cladera, el rescate era de «interés general» porque terminaba con la «discriminación» que suponía que en la isla no se pagara por circular en ningún otro tramo.

Pura bazofia envuelta de terminología jurídica, tal como han venido reiterando una y otra vez los tribunales que han desestimado que existiera semejante «interés general» ni «discriminación» alguna. La existencia de una autopista de peaje no es discriminatoria, ni por el hecho de que sea la única en toda la isla, ni por el hecho de que los ayuntamientos del valle de Sóller decidieran subvencionar una parte del billete a sus residentes. Y no lo es porque es la Administración la que, libremente y en el ejercicio de sus competencias, decide finalmente cómo se financia una obra pública. En el caso del túnel de Sóller se decidió que la concesionaria subviniera el coste inicial de la obra que iría recuperando a través del peaje. En vez de repartirnos el coste del túnel entre todos los mallorquines, lo pagarían sus usuarios.

Se trata de una modalidad perfectamente legítima para abordar ciertas infraestructuras de interés general, sobre todo cuando se tienen problemas financieros para abordar una inversión pública, como ha venido ocurriendo en la autonomía balear por un error mayúsculo de nuestra clase política: nuestros padres fundadores estatutarios decidieron que la competencia de carreteras tenía que depender de la comunidad y no del Estado, lo que significaba que este último no se hacía cargo de ellas. Craso error. De ahí que, ante la habitual falta de fondos propios para inversiones, hayamos tenido que mendigar convenios con Madrid para carreteras. O financiarnos como préstamos como hizo Jaime Matas.

La fórmula del peaje por uso nos acerca más a una verdadera economía de mercado donde el consumidor paga por lo que consume, sin cargar el muerto a los demás. El Estado y «lo público» son la gran coartada de quienes sólo aspiran a vivir a costa de los demás, decía Bastiat. Nada es gratis en la vida, por mucho que los políticos prometan gratuidad de servicios cuando en realidad los pagamos entre todos. De ahí que, si me permiten el cambio de tercio, considere una mala opción que el Govern haya «rescatado» a las guarderías privadas de 0 a 3 años, al menos de aquellas cuyo desempeño hasta ahora venía siendo razonable, para que a partir de ahora las costeemos entre todos. Si los costes se pueden individualizar y cuantificar, es preferible el mercado al Estado, por mucho que a nuestros políticos, que no han conocido otra cosa que el socialismo, les encante meterse hasta en la sopa por nuestro bien, no ya para procurarnos servicios -como la educación, el transporte público o la limpieza de las calles- que el mercado competitivo siempre nos ofrecerá a mejor precio y con una mayor calidad sino incluso para inmiscuirse en nuestras vidas privadas.

Esta intromisión por parte del Estado y sus medios públicos y semipúblicos en ámbitos privados está alcanzando niveles alarmantes. Medios subvencionados como la cadena SER se han autoerigido en los nuevos sacerdotes de la moral en España y se permiten señalar los contenidos «machistas» y «homófobos» de wassaps privados para arrojar a sus participantes a la pira pública antes de ser debidamente cancelados por las universidades públicas. O un Ministerio de Igualdad lanzando una aplicación de móvil para controlar el tiempo que dedican los hombres a las tareas domésticas en las familias.

De vuelta al rescate del túnel de Sóller y cierro el paréntesis que merecía la ofensiva contra las libertades individuales, tampoco suponía ninguna discriminación que los residentes de Sóller y Fornalutx fueran subvencionados por sus respectivos ayuntamientos porque así se acordó con los municipios cuando se firmó la concesión. El Supremo también recuerda a la Administración que no se puede rescindir un contrato de forma unilateral alegando un supuesto «interés público» consistente en cuestionar las condiciones iniciales del contrato, como si unos y otros no supieran lo que se firmaba.

Haciendo gala de la superioridad moral, la arrogancia y la suficiencia de las que se creen imbuidos los socialistas, Catalina Cladera no ha tenido recato alguno en aconsejar al actual equipo de gobierno de la institución insular que «rehúya de la tentación de usar políticamente esta sentencia y que no pierda tiempo en minimizar sus efectos». Olé.

El Partido Popular por su parte ha pedido responsabilidades políticas a las socialistas Mercedes Garrido y Catalina Cladera. Vox ha ido un poco más lejos, «los culpables quienes deberían pagar de su bolsillo la elevada cantidad que reclamará la empresa concesionaria», han afirmado.

Si de verdad quieren que Cladera, Enseñat y Garrido paguen de su bolsillo el estropicio, lo que deberían hacer es llevar el asunto a Fiscalía en cuanto los tribunales fijen la indemnización millonaria correspondiente. De este modo, PP y Vox sí harían lo que está en su mano para «minimizar los efectos» de la sentencia, tomando la palabra a la política de Sa Pobla.

¿Y el sentido institucional del PSOE?

Hasta no hace mucho el PSOE presumía de respeto a las instituciones. El sanchismo, con su asalto y colonización de todas ellas, parece haber arramblado con esta noble tradición. ¡Qué tiempos aquellos en los que la menorquina Joana Barceló se jactaba del sentido institucional de su partido, motivo por el que, a falta de otras virtudes dentro del PSIB, el diario El Mundo-El Día de Baleares la ponía por todo lo alto! Adiós a los viejos tiempos.

La nueva portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha decidido renunciar a participar en la celebración de la Diada del 12 de septiembre, siguiendo los pasos de Més per Mallorca. El seguidismo de Cladera de los separatistas de Més es cuando menos llamativo porque durante lustros, desde 1997 hasta 2016, los socialistas celebraron la Diada de Mallorca el 12 de septiembre con toda normalidad y «sentido institucional», siendo presidentes de la institución Maria Antònia Munar y Francina Armengol.

La posición de Més es lógica puesto que siempre rechazaron el 12 de setiembre para conmemorar la Diada de Mallorca. Celebrarla el 31 de diciembre siempre fue una reivindicación histórica del PSM ya que, a su juicio, la entrada de las tropas de Jaime I en Madina Mayurqa un 31 de diciembre de 1229 representaría el acta de bautismo del ingreso la isla de Mallorca en la catalanidad. La socialista Cladera se ha escudado en que el pleno del Consell de Mallorca no ha aprobado todavía la modificación de la fecha de la Diada, una excusa «burocrática» en quien luego, como hemos visto más arriba, no tiene ningún reparo en justificar errores burocráticos de bulto como el “interés general” para disfrazar el rescate del túnel de Sóller o en discutir sentencias judiciales que ponen negro sobre blanco las formidables chapuzas «burocráticas» de la administración.

El año que viene saldremos de dudas acerca de si la renuncia de los socialistas a participar este año en la Diada de Mallorca se debe a meros «motivos burocráticos» o a razones políticas de fondo, incluso de un cambio de postura en quienes durante veinte años celebraron con normalidad institucional la Diada de Mallorca un 12 de setiembre pero que ahora, dada la obligada cercanía del PSOE con todos los partidos independentistas y la necesidad de su apoyo para conceder la amnistía de los procesistas imputados y condenados, podrían haber aceptado su relato histórico y, por supuesto, político.