Camps sigue en pie a pesar de la jauría de la izquierda

Tras más de una década de la mayor persecución judicial y mediática a un político, de nuevo la justicia ha vuelto a dar la razón a Paco Camps. La Audiencia de Valencia tumbó ayer el auto de la juez instructora de la causa de la Fórmula 1 contra el ex presidente de la Generalidad, Carmen López Mingo que le imputó por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Y la justicia eximió a Camps como una apisonadora con el rotundo informe en la mano de la Intervención General de la Generalitat, que acredita que nunca hubo perjuicio para las arcas públicas.

Camps ha sido el político español más investigado de la historia por todos los cuerpos policiales y medios de comunicación. Me viene a la cabeza cuando Loreto Ochando, la “periodista” de Valencia Plaza y colaboradora de Ferreras que siempre ha pasado mucho más tiempo entre las litronas de manifestaciones nacionalistas y asuetos antisistemas que en las rotativas o en los tribunales, dijo en un directo cuya grabación guardo que “su trabajo, desde ahora, debía ser asegurarse de que la vida social y política de Camps finalizara”.

Ayer, en la rueda de prensa de Camps, Ochando, una mezcla estética y psiquiátrica entre Junqueras y Cristina Almeida, le acercaba la alcalchofa a Camps por detrás burlándose del ex presidente, por la espalda y en medio del canutazo, mientras éste denunciaba “el uso de la abogacía de la Generalidad Valenciana pagada por todos” para que Chimo Puig y Mónica Oltra puedan, de una vez, cazarle.

Ochando ha sido, hasta la fecha, el paradigma de la izquierda mediática simplista, tendenciosa, parodiable y analfabeta que trató de destruir el prestigió político y personal de Camps. Y matizo que esa izquierda “trató” porque nunca lo consiguió en la calle. Es difícil ver a un político más querido, respetado y saludado con cariño parecido en Valencia, efecto de empatía y sublevación que consiguieron las 169 que El País dedicó a Camps en tres años desde el inicio de la causa de los trajes emprendida por Chimo Puig y el PSPV del que la justicia le absolvió, hasta por 2 veces, con una nueva mayoría absoluta del ex presidente de la Generalidad en medio de todo aquello y a pesar del acoso de cientos de personas de plataformas enviadas por Puig y Oltra a la puerta de su casa para acosarle. Y ni siquiera durante aquel acoso mediático se le ha encontrado nada. Ni en su patrimonio ni en el de familiares lejanos.

Valencia, entonces, era la ventana de España para Europa. Hoy, Oltra y Puig la han puesto en el mapa del ridículo mundial tras recibir con un operativo de más de 600 personas a los traficantes de la mafia de seres humanos que llegaron en el barco negrero, Aquarius, de la mercantil de George Soros, Open Arms. Hoy tenemos a la Valencia puesta al pie del caballo de Torra, quien extrae los recursos del Antiguo Reino para ponerla al servicio de la mayor ofensiva contra el Estado que se ha producido en democracia con la colaboración mercantil de la agencia de comunicación propiedad de la familia de Puig. Hoy, Valencia, aunque sea mucho más, es también Acuamed y Crespo Gomar, las dos causas de nueva financiación irregular en las que se encuentra salpicada Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, que ascienden a cientos de millones de euros que costaron a los valencianos la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014. Días de plena vigencia en la caza a Francisco Camps.

Y siguen pasando los años. Las pruebas se acumulan pero curiosamente no despega nunca de la fase de instrucción cuando se trata de un sucio asunto de las izquierdas. Y El País ha pasado de aquellas 169 portadas a borrar de sus páginas los archivos ni absoluciones de Camps o, siquiera a sacarlos en un recuadro de 10 cm x10 cm junto al reportaje de los “13 accesorios baratos para refrescar a tu mascota y llevarla de viaje este verano” o al de “Meghan Markle, de heroína a centro de todas las críticas”, o junto a algún puñetero espacio que cuente cómo el sujeto que hoy gobierna la Comunidad Valenciana pedía hasta ayer siete años de cárcel para Camps, 50 millones de euros de responsabilidad civil y 20 años de inhabilitación con casos de evidente corrupción en la que, presuntamente, ha sido participe. El último, el acuerdo del Gobierno valenciano con el Puig condonó el 70% de una deuda de 1,3 millones de euros a un medio en el que él es accionista con más de 177.886,8 euros.