¿Buscando una crisis constituyente?

En la sesión de control al Gobierno del pasado 10 de junio en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia sorprendió a la opinión pública —con razón—, al afirmar reiteradamente que nos encontrábamos en una «crisis constituyente». Dada su repetición y el hecho de que estas palabras fueron pronunciadas por una persona a la que no podía atribuirse el desconocimiento de lo que decía —juez y ministro de Justicia—, se descartó el lapsus linguae pero, tras el debate inicial originado, se optó por pasar pagina del incidente parlamentario. Transcurridos cinco meses del episodio, las alarmas vuelven a encenderse no sin creciente fundamento, por desgracia.

La cuestión relativa a la forma de Estado, Monarquía-Republica, está hoy instalada en el debate político. Una cuestión que no está presente en la sociedad, pero ya sabemos que los socios de Sánchez tienen en común su irredentismo republicano. No olvidemos que le auparon a la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura preparada con «prevaricación» y alevosia, como acaba de zanjar el Tribunal Supremo en su sentencia sobre la Gürtel. Unos, los separatistas, lo desean como peaje intermedio para llegar a su estación término no oculta, que es la ruptura de España; otros, los comunistas, para conseguir su paraíso bolivariano en la tierra española.

Por si no fuera suficiente cuestionar la piedra angular del sistema político de 1978, las luces de alarma ahora han pasado del ámbar al rojo, con ocasión del deseo de laminar el Poder Judicial como poder independiente del Gobierno, y ponerlo como mera correa de transmisión de la  mayoría circunstancial  del Gobierno del momento. Que esa mayoría coincida ahora con la del  «bloque de la moción», con líderes de esas formaciones condenados o huidos de la Justicia por provocar un golpe contra la Constitución, resulta tan grave que hasta la misma UE ha tendido que apercibir a Sánchez, tan celosa en advertir a Polonia por pretender, según afirman, no respetar la división de poderes propia de una democracia.

Que el Gobierno de España se constituya y se mantenga con esos apoyos, es un oxímoron tan flagrante como el de la «nueva normalidad» que nos prometía Sánchez tras la pandemia de primavera. Por tanto, es «normal» que se produzcan hechos como este, en coherencia con la realidad de un Ejecutivo como el socialcomunista de Sánchez e Iglesias, que está consiguiendo lo que el primero pronosticó: el insomnio de gran parte de la preocupada población española.

La separación de poderes, y muy especialmente entre el gobierno del Poder Judicial y el Gobierno de la Nación, es condición necesaria para poder hablar con propiedad de una democracia, tal y como se entiende en Occidente en general, y en Europa en particular. Todo régimen político autoritario o totalitario se caracteriza por querer imponer un control férreo de la Justicia, de manera transparente o de forma encubierta. En este momento, la UE y particularmente la dependencia de los 147.000 millones de euros del Fondo para la Recuperación, es la única garantía eficaz de freno frente a ese intento del tándem gobernante por desnaturalizar nuestra democracia.

Cuestionar la forma de Estado y la independencia del Poder Judicial es realmente afrontar una crisis constituyente: al final va a resultar que al ministro de Justicia le traicionó el subconsciente hace cinco meses en el Congreso. Con una crisis sanitaria sin precedentes, con el corolario de una enorme crisis económica y social, lo inimaginable es que algunos planteen una crisis de régimen. Salvo para los que quieren eso precisamente, y ven las otras dos crisis como una ventana de oportunidad para conseguirlo.

Aunque unos y otros, en su presunta ignorancia, sirven a los intereses de la plutocracia imperante desmantelando los únicos obstáculos reales existentes frente a su desmedido afán de poder global: los emprendedores, la familia, la religión y la Patria. Uno tras otro y sucesivamente, van cayendo.