El bipartidismo no renuncia al CGPJ

El Partido Popular de Pablo Casado está a punto de anunciar que, una vez más, ha llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PSOE de Pedro Sánchez, porque dice que ha aceptado sus condiciones. Pero en el Gobierno de España sigue habiendo un vicepresidente y cuatro ministros de Podemos, el partido que alienta las algaradas violentas de la extrema izquierda más radical, que niega la calidad de nuestra democracia, que está imputado por financiación irregular, que ataca al jefe del Estado, que no respeta ni nuestra Constitución ni el régimen democrático nacido en la Transición. Un Gobierno que para aferrarse al poder negocia y cede ante los proetarras, los golpistas y los independentistas y que ha nombrado como Ffscal general del Estado a su anterior ministra de Justicia. Y con este Gobierno va a repartirse el PP los vocales del CGPJ.

Hace apenas dos años que un Pablo Casado sin barba aprobó en el Senado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que 12 de los 20 vocales del CGPJ serían elegidos directamente por los jueces, mientras que la designación de los 8 vocales restantes, aquellos juristas de reconocido prestigio, se mantendría cómo hasta ahora, es decir, serían elegidos por los grupos parlamentarios. Pero esta reforma en realidad no era más que una cortina de humo, pues se sabía que iba a ser rechazada en el Congreso por PSOE, Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís, como ocurrió una semana después. El PP pretendió con ella distraer la atención del mensaje de WhatsApp que acaba de ser publicado y en el que supuestamente su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, celebraba el acuerdo que se había alcanzado entre PP y PSOE, para la renovación del CGPJ y en el que decía cosas como que «con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11», y se felicitaba de que el acuerdo sobre Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Supremo les otorgaría innumerables beneficios, como «controlar la sala segunda desde detrás» o «presidir la sala 61».

Pero después de despejado el humo, las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el CGPJ continuaron y han estado a punto de materializarse en varias ocasiones, viéndose frustradas unas veces por la declaración del estado de alarma, otras por las declaraciones que hizo Cayetana Álvarez de Toledo tras ser cesada como portavoz del PP en el Congreso, cuando anunció que el pacto, al que ella se oponía, iba a ser inminente, y otras por las convocatorias electorales. En todos los casos, PSOE y PP se repartían entre ellos los nombres de los vocales y el presidente, nada más lejos del espíritu de nuestra Constitución que consagra una separación de poderes que ninguno de los dos partidos ha perseguido nunca honestamente.

Pablo Casado ha repetido en incontables ocasiones que sus condiciones para proceder a la renovación del máximo órgano de la justicia española son la despolitización del proceso, habilitando sistemas que refuercen la independencia judicial, que Podemos quede al margen de esta renovación y que el Gobierno retire su propuesta/chantaje de rebajar las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del gobierno de los jueces. El PSOE ha dejado claro que su propuesta contará con el respaldo de sus socios de Gobierno, con quienes ya han acordado nombres como el del tío del ministro Alberto Garzón. La retirada de la propuesta de reforma para rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el CGPJ es una exigencia europea que se da por hecha y la condición fundamental del PP de que se despoliticen estos nombramientos parece que en lo único que va a consistir finalmente es en que no haya elecciones a la vista, para que sus votantes se olviden de que, una vez más, se han vuelto a reír de ellos.