El autoritarismo de Sánchez

Vivimos momentos gravísimos en España. En los últimos días, hemos visto cómo el Gobierno elimina la gravedad de la sedición para dejar libres de toda culpa a los condenados por ella en el intento de golpe de Estado de octubre de 2017 en Cataluña, al tiempo que propone la reforma del delito de malversación para terminar de blanquearlos y, de paso, si algún socialista puede beneficiarse de ello en el caso de los ERE, que lo pueda aprovechar.

Sánchez tiene un marcado perfil autoritario, aunque gobierne en un régimen democrático. Si no impone su autoritarismo, si esto no se convierte en un régimen autoritario se debe a los contrapesos existentes que lo impiden, pero eso no quita para que las formas de concebir la política y la gestión sean autoritarias.

Porque autoritario es decir «¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso», sin rubor, sin ningún tipo de complejo, para dar a entender que el Ministerio Fiscal hará lo que el Gobierno le dicte y ordene, quedando su función reducida a una obediencia ciega. Autoritario, asimismo, es pretender eliminar toda independencia judicial, con su nombramiento parcial, por la puerta de atrás, de dos ex altos cargos del Gobierno, uno de ellos, el ex ministro de Justicia, aquel ministro que dijo que estábamos en un «proceso constituyente», quizás porque el subconsciente le traicionó, porque vistas las maniobras de Sánchez todo apunta a que siempre el plan fue ése. Y autoritario es que se llegue a amenazar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que no se plieguen al enjuague con responsabilidades penales, en una pirueta que pone el mundo al revés: los golpistas, libres de cargos y los jueces, con responsabilidades penales por negarse a una atrocidad. Como es autoritario el tratar de que todos los organismos oficiales actúen de manera progubernamental, como el CIS, o que se fuerce la dimisión de un presidente, como el del INE.

Mienten abiertamente desde el Gobierno, desde el PSOE y desde Podemos cuando dicen que la rebaja, por no decir derogación, de los delitos de sedición y de malversación es para homologarnos al resto de Europa. En primer lugar, España no necesita homologarse a nada, porque es una democracia como el resto de la UE; miembro de la UE como el resto de sus integrantes; un país tan constitucional como sus socios. En segundo lugar, en el resto de Europa las penas por dichos delitos son muy superiores a las que Sánchez impone con esta rebaja.

El tic autoritario se le empezó a ver durante la pandemia, con esos «estados de alarma» declarados inconstitucionales, por acabar con libertades individuales. La Justicia no puso en cuestión si era necesario o no tomar tales medidas, pero sí que dejó claro que no era la fórmula constitucional para cortar derechos fundamentales. Sánchez prefirió el atajo, porque le resultaba más cómodo manejar un estado de alarma que llegó a prorrogar por seis meses -con dudas ya entonces sobe la posibilidad de implantar una prórroga tan larga- que un estado de excepción, que habría sido el jurídicamente apropiado, que le limitaba las prórrogas y le obligaba a pasar por el Congreso para aplicarlo desde inicio.

Trata de insultar constantemente a toda la oposición, a todo el que discrepe con él, porque no acepta las críticas. Llama derecha extrema, extrema derecha, populistas a PP, Vox y Ciudadanos por no bailar al son de la música que él y sus terribles aliados tocan, cuando lo asombroso y preocupante son las alianzas de Sánchez, que reúne lo peor de cada casa: la parte del socialismo frustrada y resentida hasta con su pasado inmediato, pues estos socialistas de Sánchez prefieren a Largo y a Negrín antes que a Besteiro o a González -que debería dejar de blanquear a Sánchez participando en actos con él; los comunistas que no aceptaron la transición frente a los de dicho partido que sí la hicieron posible; los independentistas catalanes, algunos de cuyos miembros fueron condenados por sedición por participar en el intento de golpe de Estado; el antiguo brazo político de la banda terrorista y asesina ETA; y el PNV, que vende sus votos en Madrid a cambio de cesiones, y que pese a que en el fondo le puede llegar a parecer una barbaridad muchas de las cosas hechas por Sánchez, lo apoya a cambio de recibir transferencias competenciales y porque piensa que nunca le va a ir mejor que con un presidente con tan pocos principios como Sánchez, aunque no se da cuenta de que el proyecto final del sanchismo es echarlos de la presidencia de la comunidad autónoma vasca, para que gobierne allí el PSOE con Bildu.

Sánchez quiere seguir a toda costa en la presidencia del Gobierno y sus socios quieren que siga porque de nadie obtendrán nunca tanto, como hemos visto: presupuestos por rebaja de la sedición y malversación, pongamos por caso. Confluyen, por tanto, sus intereses.

La Transición, que todo este conjunto de alianzas que soportan el Gobierno quiere enterrar, fue posible porque se hizo «de la ley a la ley, pasando por la ley», como dijo Torcuato Fernández-Miranda. Se derogaron las Leyes Fundamentales, pero hasta en un régimen autoritario, como el franquismo, se hizo con los pasos legales para ello, con esa Octava Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política, que derogaba las anteriores y, tras ser aprobada por Las Cortes y refrendada por los españoles, dio lugar a elecciones libres y al advenimiento de la democracia. Si Sánchez pretende ahora cambiar la ley y que Conde-Pumpido, como apunta Regino García-Badell en un magnífico artículo en Voz Pópuli, sea su Torcuato, tendría que ceñirse a los mecanismos legales para ello, bien tasados en la Constitución. Sin embargo, todo parece indicar que ahora se buscarán subterfugios para ello. Por otra parte, entonces se cambió la ley de manera ortodoxa para pasar de un régimen autoritario a uno democrático. Ahora, se pretende cambiar de manera heterodoxa, caminando de una democracia a algo que no sabemos qué puede ser, pero que sólo pensarlo aterra, pues, como digo, los tintes de autoritarismo aparecen en ese horizonte. No nos olvidemos nunca de que Venezuela empezó así.

La UE debería decirle de nuevo a Sánchez, como ya hizo en el pasado, que no puede cambiar el método de elección de los jueces, pues el cambio ha de operar en el sentido de una mayor independencia judicial. También sería muy conveniente que dejase de darle oxígeno desde la presidencia de la Comisión, pues hay que cortar de raíz cualquier tic autoritario en un país miembro como los que asoman actualmente en el gobierno español.

Sánchez busca perpetuarse en el poder realizando todas las concesiones que necesite para ello a sus oscuros y siniestros aliados y necesita el aval del Constitucional para poder atender algunas de esas peticiones.

Si Sánchez quiere ejecutar esos cambios, que lo haga por la vía ortodoxa, legal, que implica, en muchos puntos constitucionales, la disolución de Las Cortes. No tiene mandato para hacer todo lo que dibuja como posibilidad, porque la Constitución está por encima de todos, también por encima de Sánchez. O que adelante llevando en su programa todas estas barbaridades que se propone. Si no, si realmente hay diputados socialistas en contra de estas atrocidades, que digan claramente que apoyarían una moción de censura que desalojase a Sánchez y permitiese frenar esta deriva autoritaria. De nada servirá después renegar de Sánchez, cuando ya no esté, porque el mal estará hecho. No pueden pretender después negar su aceptación de Sánchez al estilo de Khrushchev con Stalin, salvando las distancias, cuando ya no ostente el poder. Tienen que rebelarse ahora contra las atrocidades que quiere llevar a cabo. Sánchez no adelantará, porque sabe que pierde si lo hace, y no hay cosa que más desee -hasta que consiga algún puesto internacional- que mantenerse en la presidencia del Gobierno. Desgraciadamente, el calor del sueldo público hará que no se muevan -ojalá me equivoque- y que se conviertan, por tanto, en colaboradores necesarios y cómplices de las barbaridades que intenta Sánchez. Por tanto, sin adelanto electoral y sin que prospere una moción de censura -se presente o no- sólo queda que en mayo los españoles emitan un voto de castigo de tal intensidad para todo el socialismo que mande un mensaje muy claro a Sánchez de que con la Constitución, con la democracia, con la separación de poderes e independencia judicial y con el régimen parlamentario de monarquía constitucional que tenemos, no se juega, volviendo a castigar con fuerza al propio Sánchez y a la deriva que ha tomado el PSOE en las elecciones generales. Es verdad que el daño adicional que puede hacer Sánchez en un año es incalculable, pero ni siquiera él podrá seguir tras todas las aberraciones que pretende llevar a cabo.