Las autonomías así no valen

Las autonomías así no valen

Recuerdo una frase, casi sentencia, de uno de los padres fundadores de la Constitución. Solía decir Gabriel Cisneros: “Las autonomías pueden ser un desastre”. Se me dirá que Cisneros, era, entre los tres comisionados de la extinta UCD, el menos fanático de la organización territorial que encerraba, ex novo, la Constitución. Cierto. Pero aquella advertencia, formulada sin la retórica de filigrana que acostumbraba a utilizar Cisneros, merece ahora mismo un repaso con dos preguntas iniciales: ¿Ha mejorado el Estado de las Autonomías el combate contra el coranovirus? ¿Ha sido eficaz el Estado de las Autonomías para sofocar los tremendos daños causados por Filomena? Cuando se diseñó este modelo, más confederal que federal como sostenía el que fue presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga, la razón, digamos popular, que se esgrimió para endulzar el paladar político de los españoles, fue que “las autonomías acercarían más al ciudadano el ejercicio de la Administración pública”. Pues bien, reconozcamos incluso que ha sido así, aunque ahora mismo todos tengamos la impresión de que ese propósito es más discutible. La burocracia, el gran mal que domeña las exigencias de cada quien, es en este momento un cáncer que se extiende, como una metástasis avariciosa, por todo nuestro cuerpo nacional.

Pero vayamos a nuestro asunto concreto. En los diez meses que dura ya el Covid, hemos comprobado que el único individuo que se ha aprovechado de la furiosa descentralización de nuestro Estado ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Llevamos con sus inconcebibles “alarmas” casi meses, en los cuales el susodicho no ha hecho otra cosa que culpar a las regiones de los pésimos resultados en la gestión del maldito virus. Ha responsabilizado a los dirigentes locales de los estragos y, encima, ha racaneado fondos para que cada quien, en el ámbito de su incumbencia, trotara a luchar contra las evidencias pandémicas. Suavemente, desde luego, sus congéneres partidistas, por denominarles de algún modo, se han quejado de la “la falta de coordinación”, e incluso han derivado en sus quejas en la solicitud de una intervención, siempre urgente, del poder central. Y este se ha callado porque, sobre todo, en su total inoperancia no ha sabido qué hacer, era mejor -y así ha sido- cargarle el muerto a los demás que adoptar una acción potente contra la desgracia.

Es decir, que las regiones, tan furiosas a la hora de defender, cuando nada pasa, sus competencias, han pedido árnica al hermano mayor, el dueño de la caja para qué nos vamos a engañar, cuando nos han venido tan mal dadas. En resumidas cuentas, y dicho por lo físico que al fin esa es la unica evidencia cierta que no admite discusión: la centrifugación, del ¡hala! todos para fuera que nos bastamos por nosotros mismo, ha dado paso a la centripetación, que consiste en un “vamos a mirarnos el ombligo que así nos irá mejor”. Los ciudadanos, en la gran nevada, sólo se han visto de verdad auxiliados y representados por un cuerpo central: la UME. Siento decirlo pero Protección Civil, que depende directamente de las consejerías regionales, no ha sido capaz de enfrentarse con éxito a la situación. Las únicas excepciones en el repaso al comportamiento de las autonomías en estas dos catástrofes, han sido dos que lo que pretenden no es precisamente el entendimiento con los demás, sino al contrario: su separación aunque sea, en un caso, basándose en los tiros que durante cincuenta y nueve años ha disparado la banda asesina ETA.

Soy consciente que pulular por realidades como éstas se castigan en España con penas difamatorias o con calificativos brutales. “Fascista” o “franquista” son los adjetivos que pueden -se podrán- aplicar a exámenes como estos. El medido jacobinismo es en nuestro país un pecado de lesa democracia; aplicar aquí los usos territoriales vigentes en Francia, por ejemplo, conduce a cualquiera a ser homologado como conmilitón de Vox. Ni más,ni menos. Pero hay que recordar la verdad: cuando en 1992 unas inundaciones arrasadoras asolaron el Estado de Sajonia, el entonces canciller socialdemócrata alemán, Gerhard Schröder, se saltó todas las recomendaciones federales, se calzó una botas de siete aguas, trabajó como un soldado para abreviar las irrupciones y, como consecuencia, ganó unas elecciones generales que tenía perdidas. Eso sí, se dirigió al Bundestag, y dijo algo como esto: “A grandes males, grandes remedios, Alemania entera se tiene que mojar”. O sea, todo lo contrario que ha hecho el incógnito presidente, escondido durante días. A nadie se le ocurrió en Alemania acusar al canciller de haber transgredido los mandatos de la Carta de Bonn, la Constitución federal.

Aquí, en España, en estas dos grandes tragedias que estamos soportando en sólo diez meses, el bendecido e intocable Estado de las Autonomías, no es que no haya funcionado, es que ha funcionado francamente mal. ¿Será mucho pedir que en contingencias como estas se arbitre una solución legal y nacional, para todos, efectiva. ¿A qué no se hace? Cuando pasen los truenos de Santa Bárbara, volveremos a entronizar un sistema que precisa de urgente racionalización, sobre todo para que no salga un zar como Sánchez, capaz de someternos a todos a una permanente alarma que puede convertirnos, como nos hemos convertido, en súbditos de su impericia, de su torpeza, de sus grandísimas falsedades, de su totalitario afán de poder y mando.

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