La autocracia y su último asalto: la ley de secretos oficiales

Muy conocida es la versión poética de la declaración efectuada tras  la segunda guerra mundial por el pastor luterano alemán Martin Niemöller y que es una denuncia de la apatía, el egoísmo grupal y la culpabilidad de una sociedad:

“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio, ya que no era comunista;
Cuando vinieron a llevarse a los judíos no protesté, ya que no era judío;
Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.»

Este poema se encuentra esculpido en piedra en Museos del Holocausto presentes en diversas ciudades del mundo. Desde entonces, se ha aplicado para alertar de las consecuencias de no reaccionar a tiempo frente a actuaciones del poder lesivas para el bien común, y los derechos y libertades de los ciudadanos, por considerar que uno no es el afectado. Traer a colación este testimonio es oportuno siempre por una adecuada prudencia, pero en especial lo es cuando se perciben actuaciones que tienen entre sí el común denominador de ser restrictivas de derechos de uno u otro tipo. La experiencia de más de cuatro años de gobierno sanchista, caracterizado por haber accedido al poder en circunstancias tan singulares como hacerlo con una exigua minoría de 84 diputados, aupado por un heterogéneo número de grupos políticos, sólo unidos por su animadversión a la idea de la España constitucional, hacen que esta denuncia ya sea una preocupante llamada de atención para despertar a una sociedad en exceso ensimismada y aletargada.

Haber asumido sin reacción alguna una actuación de la gravedad que representa haber mantenido a la población confinada en un fáctico arresto domiciliario durante catorce semanas, mediante un instrumento jurídico al margen de lo establecido para ello por la Constitución, es un ejemplo suficiente para avalar esta afirmación. Pero es que además se hizo no una vez, sino en dos ocasiones, sin ninguna reacción política y social ni disculpa alguna del Gobierno ante ese atropello. Se permitió incluso afirmar que “el fin -la lucha contra la pandemia-justifica los medios”, aunque esos fueran inconstitucionales. Sin duda, esa carencia de reacción explica lo que viene efectuando el Gobierno con sus aliados parlamentarios desde entonces, de manera creciente y continuada por su parte. Haber mantenido cerrado el Congreso durante ese tiempo también fue declarado anticonstitucional y el Real Decreto Ley, instrumento jurídico tasado por la Carta Magna para ser utilizado tan sólo por razones de “extraordinaria y urgente necesitad” -de hecho lo habitual era su utilización ante  situaciones provocadas por catástrofes naturales, inundaciones, incendios…- actualmente se ha convertido en la forma prioritaria de legislar.

Para la democracia parlamentaria, la división de poderes es consustancial, y en España está muy dañada la del poder legislativo por esta forma de proceder que limita la potestad legislativa ordinaria y el control político del poder ejecutivo que le corresponde. Por su parte, el otro poder, el judicial,  está también sometido a asalto por  el gobierno para impedir su independencia respecto a él. Debe recordarse que fue la Comisión Europea la que impidió que ese asalto fructificara denunciando la pretendida reforma de la ley reguladora del CGPJ, vigente desde 1985, para la elección del órgano de gobierno de dicho Poder. La voluntad de eliminación de los contrapesos frente al poder ejecutivo propios de una Estado democrático y  de Derecho es una característica de todo poder con vocación autocrática, y el asalto al CIS, al INE… son ejemplos muy claros en ese ámbito. El cuarto poder también se encuentra muy condicionado por las campañas de publicidad “institucional” y se encuentra ante una amenaza de extrema gravedad por la anunciada nueva ley de Secretos Oficiales que dota de una enorme discrecionalidad al gobierno para negar el acceso público a toda información que considere oportuno. Invocar que es una ley de 1968 para descalificarla resulta obsceno cuando todos los gobiernos democráticos han gobernado con ella sin problema. Ahora, para el sanchismo, su derogación tras 45 años de vigencia debe realizarse por la vía de urgencia… La autocracia no tiene límite ante la apatía social.