El artículo 8.1 de la Constitución ante la invasión híbrida de Ceuta

Hoy es el último día del mes de agosto, un periodo de tiempo marcado de forma indeleble en la reciente historia de España, como el de la «invasión» de Ceuta. Por supuesto que no ha sido una invasión militar de las que tradicionalmente se producían, sino «híbrida», que es la manera de realizarse también en la actualidad. La guerra híbrida es una estrategia que combina la tradicional fuerza militar con métodos no convencionales para desestabilizar a un país desde dentro. De esta manera busca obtener ventajas políticas o económicas, sin llegar a declarar una guerra ni cruzar el umbral de un enfrentamiento armado directo. Si lo aplicamos a lo sucedido en Ceuta el pasado día 30 de julio, podemos encontrar claramente reflejadas todas estas características en ello.

El método «no militar» utilizado ha sido el de los jóvenes inmigrantes movilizados en las redes sociales, hasta el punto de ser nada menos que 80.000 los que accedieron por la playa del Tarajal. La desestabilización lo pone de manifiesto que todo el mes de agosto ese suceso ha centrado y sigue centrando todo el interés informativo nacional y con proyección a nivel internacional, en especial en la UE. Encuestas publicadas afirman que más del 90% de los españoles consideran que Marruecos es la causante de ello, y más del 80% critica la gestión de la grave crisis por parte del gobierno español.

Asimismo, es importante la colisión entre la versión de la Ministra de Defensa respecto a la información suministrada por el CNI al gobierno, frente a la que todavía pretende hacer creer el sanchismo. Según la cual, el gobierno no tuvo conocimiento previo de lo que se estaba organizando en las redes sociales. Y «agradeciendo al gobierno marroquí su colaboración para restablecer con rapidez la normalidad», mediante el retorno de casi todos los inmigrantes que accedieron ilegalmente a España por la frontera ceutí del Tarajal. Así que habrá que ver lo que Sánchez dice al respecto, este jueves día 3 en su comparecencia en el Congreso. Cuando ni hay normalidad en Ceuta, ni sabemos cuál ha sido esa colaboración marroquí que todavía sostienen desde el gobierno.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, reivindica la gestión migratoria afirmando que «seguridad y humanidad no son incompatibles» para justificar que un mes después todavía permanezcan miles de ilegales en la ciudad autónoma. Según ella, humanidad es acoger a quien invade tu país y «okupa» tu vivienda, y seguridad es lo que debes proporcionarles a ellos, no a los ceutíes.

Este miércoles 2 de septiembre es la fiesta oficial de la ciudad, y la FEMP ha promovido que se convoquen concentraciones ante los ayuntamientos de las localidades españolas para expresarles su apoyo. Lo que ha motivado que el PSOE haya enviado un comunicado a todos sus alcaldes en el que les insta a desmarcarse de esas movilizaciones. Por considerar que son «partidistas» y movidas por la oposición para desgastar al gobierno, y no para apoyar a Ceuta. Es decir, que para el PSOE, manifestarse para defender la españolidad de Ceuta y expresar la solidaridad con los ceutíes que viven desde hace un mes una situación de virtual ocupación de su ciudad, es partidismo antigubernamental. Al parecer, para el sanchismo, «el sentido de Estado y el patriotismo» se plasman agradeciendo a Marruecos su actuación del pasado 30 de julio, como hizo Sánchez.

Lo que no ha podido impedir ha sido que se movilice una flotilla de decenas de embarcaciones que se han desplazado hasta allí para expresar su solidaridad y apoyo a la población. A diferencia de la de Gaza encabezada por la ex alcaldesa Ada Colau, a la que acompañó una fragata para protegerla, en este caso la flota civil se ha protegido ella misma. Asimismo, el mes transcurrido con miles de inmigrantes ilegales por las calles y playas ha generado una situación insólita para los militares españoles: son agredidos sin ni siquiera poder defenderse. Que el Ejército no pueda realizar ni siquiera una misión «policial» —que tampoco es la que le corresponde— es una manifestación más de la degradación provocada por la gestión de esta gravísima crisis. La misión del Ejército es «garantizar la integridad territorial de España» y, en consecuencia, enfrentarse a quienes la violan: artículo 8.1 de la Constitución.