La amnesia selectiva del fiscal García Ortiz

Era natural que, en su discurso en el solemne acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey Felipe VI, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, citara a Francisco Javier Elola. Fue el primer fiscal general de la Segunda República, nombrado en mayo de 1931, aunque dimitió sólo un mes después al ser nombrado magistrado del Supremo. Y todo ello pese a ser considerado por algunos un protegido de la dictadura de Primo de Rivera, en la que fue presidente del Comité Paritario de Banca y Bolsa de Madrid, órgano regulador de las relaciones laborales entre patronos y empleados.
La mención de García Ortiz al que fuera también diputado por Lugo del Partido Radical de Alejandro Lerroux, se explicaba por el hecho de que el Ministerio Fiscal le había dedicado en 2023 el libro Memoria de Francisco Javier Elola, con estudios de diversos autores sobre su figura y su pensamiento.

Nombrado instructor del sumario contra los implicados en el golpe militar de julio de 1936, Elola fue relevado de esta responsabilidad al admitir pruebas en defensa de algunos de los inculpados. A pesar de haber asumido este deber, Elola prefirió no marchar al exilio ante la entrada de las tropas franquistas en Barcelona por considerar que no había cometido delito alguno. Juzgado y condenado a muerte en consejo de guerra por el mismo delito, rebelión militar, que él instruyó contra los militares sublevados, fue fusilado en la Ciudad Condal el 12 de mayo de 1939, con 61 años.

Hay que confiar en que, al igual que la figura de Francisco Javier Elola, los próximos sucesores de García Ortiz reconozcan también la de otro fiscal general de la Segunda República, Marcelino Valentín Gamazo. Fue nombrado en noviembre de 1935, por lo que heredó la causa contra el líder socialista Francisco Largo Caballero, para el que su antecesor, Lorenzo Gallardo, había formulado los cargos de rebelión militar y excitación a la rebelión por su papel en el golpe revolucionario contra el orden constitucional republicano protagonizado por el PSOE en octubre de 1934.
Largo Caballero fue absuelto finalmente, lo que llevó a Valentín Gamazo a presentar dignamente su dimisión en diciembre del mismo año 1935. Al estallar la Guerra Civil, se encontraba veraneando con su familia en Rubielos Altos (Cuenca). Un grupo de milicianos le detuvieron allí el 5 de agosto junto con sus tres hijos varones.

El hecho de que entre los milicianos hubiera algunos procedentes de Madrid indicaría que actuaban siguiendo instrucciones para vengarse del antiguo fiscal general por su actuación contra el líder del PSOE. Valentín Gamazo, de 56 años, tuvo que ver cómo sus propios verdugos asesinaban antes, delante de él, uno a uno, a sus hijos José Antonio, Javier y Luis, de 22, 20 y 17 años, respectivamente.

Anotada la oportunidad de la referencia de García Ortiz a la figura de Elola, no deja por ello de sorprender la utilización que realizó de su pensamiento para camuflar su ataque a los jueces. Así lo advirtió enseguida el profesor Antonio Castillo Algarra en la red social X, al denunciar el uso de unas citas descontextualizadas de Elola como tapadera para cargar contra la autonomía de la magistratura.

Las referencias de García Ortiz al pensamiento de Elola eran fácilmente reconocibles, dado que forman parte de sus intervenciones en las Cortes constituyentes de 1931 en el debate sobre el título de la Administración de Justicia de la futura Constitución republicana.

Es cierto que Elola prefería no usar el término Poder Judicial, como dijo García Ortiz, pero no por ello excluía que actuara como un poder independiente, como dio a entender el fiscal general. De hecho, Elola prefería llamarlo «Poder Jurisdiccional, porque el papel de la Justicia está en la realización del derecho», según señaló en su intervención del 12 de noviembre de 1931.

García Ortiz dejó poco margen de especulación sobre la verdadera intención de sus palabras en pleno asalto del Gobierno a la Justicia, con él mismo como fiscal general al servicio incluso del acoso de Pedro Sánchez a sus adversarios políticos. Pero el propio Elola se encargó de dejar clara su posición favorable a un Poder Judicial independiente o manumitido de los demás poderes: «Manumitido en el sentido de sumisión, desde luego», dijo en la citada intervención. Todo un boomerang frente al hoy responsable del ministerio fiscal.

En la sesión parlamentaria del día siguiente, Elola se vio obligado a aclarar que su anterior discurso sobre el poder judicial no entrañaba ataque alguno a la independencia de la Justicia ni propugnaba su sometimiento al Gobierno, sino todo lo contrario, pues quería evitar que los jueces «lleguen a formar un poder oligárquico que pueda imponerse a la democracia». Declaración que hoy puede volverse como otro boomerang contra quien ha elegido mayoritariamente, incluso en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, perfiles afines a su asociación de fiscales para ocupar puestos relevantes en su institución.

La figura de Elola se eleva también hoy como un faro ante las maniobras que han convertido el Tribunal Constitucional en un órgano político a las órdenes del Gobierno y del PSOE, incluso para blanquear el mayor caso de corrupción de la democracia, los multimillonarios ERE del socialismo andaluz.

En el debate del 26 de noviembre de 1931 sobre la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, Elola defendió con brillantez su oposición personal, que no era la de su partido, a una enmienda de Acción Republicana, en línea con otra de ERC, que proponía crear un Consejo de la Nación, elegido por sufragio directo y con dos representantes por provincia. Dicho Consejo debería resolver los conflictos entre el presidente de la República y el Parlamento, así como entre el poder central y las regiones autónomas.

«La inconstitucionalidad de las leyes es materia propiamente jurisdiccional y no política», dijo Elola en aquel debate, como recordé ya en estas páginas. «En ningún país del mundo se ha pensado en que un órgano político pueda estatuir sobre la inconstitucionalidad de las leyes», sentenció.

Es cada vez más evidente que hacer «memoria histórica» de determinadas figuras supone utilizar de ellas sólo lo que a uno le pueda supuestamente servir a sus propósitos presentistas, en este caso para atacar a los jueces, como hizo García Ortiz con la figura del primer fiscal general de la Segunda República.

«No me opongo a la autonomía judicial; antes por el contrario, que soy carne de vuestra carne», clamó Elola en las Cortes republicanas como si augurara que alguien volvería a retorcer hoy sus palabras en beneficio de sus intereses de poder. Acertó de pleno.