Colau, entre Quim Torra y ‘El Dioni’

Los comunes se han apuntado de cabeza al supremacismo lingüístico de Junts y ERC, y han garantizado su apoyo al decreto que la Generalitat se ha sacado de la manga para desobedecer la sentencia del 25%. A Ada Colau y los suyos les parece bien que centenares de miles de niños catalanes no puedan recibir un mísero 25% de docencia en su lengua materna, el español, porque para ellos es una infralengua que no merece tener cabida en la escuela. No hay ninguna diferencia entre el progresismo de Colau y el desprecio que Quim Torra siempre ha demostrado hacia el uso del español en público. A ambos les encanta que se use “en la intimidad” y, si puede ser en voz baja, y en un cuarto oscuro.

Como los comunes forman parte del Gobierno de España, tenemos un grave problema: una formación que defiende el supremacismo lingüístico en Cataluña, consagrando una lengua de primera en la educación -el catalán- y otra que queda para el patio y para hablar en los lavabos -el español-, gestiona las libertades y derechos de todos los españoles. Como Ada Colau y los suyos han decidido que millones de catalanes castellanoparlantes carecen de derechos lingüísticos, urge echarles -democráticamente- de los ministerios que detentan porque son un peligro para nuestros derechos civiles.

No vamos a defender la postura de los socialistas catalanes. Son cómplices por pactar con los comunes, Junts y ERC una ley que consagra al español como una lengua casi inexistente en la educación en Cataluña -el debate sobre si es vehicular o curricular sólo sirve para marear la perdiz-, pero al menos han tenido la decencia de mostrar su oposición a un decreto que es un fraude de ley total. El PSC ha decidido, como casi siempre, ponerse al lado del independentismo en materia lingüística -basta con pasearse por las ciudades que gobiernan y ver la lengua de los rótulos en las calles y edificios públicos-, pero no se han apuntado a la desobediencia que tan ardientemente defienden Ada Colau y el resto de líderes independentistas.

Y es que Colau lo tiene todo, está a medio camino entre el supremacismo lingüístico de Quim Torra y el respeto a la ley de el Dioni. Aunque el condenado por llevarse la pasta de un furgón blindado al menos es más simpático y tiene más sentido artístico que la alcaldesa de Barcelona. Si Barcelona se ha convertido en el paraíso de los delincuentes, en el que un campeón de Fórmula 1, Sebastián Vettel, tiene que ejercer de John Wayne y tomarse la justicia por su mano persiguiendo chorizos, es porque Ada Colau ha forjado su carrera política vulnerando y criticando el cumplimiento de las leyes democráticas españolas y las sentencias judiciales.

Colau siempre presume de la “desobediencia” hacia las leyes que no le gustan, y llamaba “presos políticos” a los procesados y condenados por la justicia democrática española, poniendo la propaganda de los delincuentes -el lazo amarillo- en la fachada del Ayuntamiento. Y lo ha hecho desde la comodidad del coche oficial, y de la coacción que impone desde el consistorio de Barcelona a los ciudadanos. Porque ella, que tanto presume de “desobediencia”, sí que embarga las cuentas y persigue a los que no pagan los impuestos municipales o las multas de tráfico. La “desobediencia” de los comunes es selectiva: ellos pueden incumplir las normas que no les gusten, el resto de ciudadanos han de tragar con lo que ellos digan.

Este es el caldo de cultivo perfecto para que los delincuentes campen a sus anchas: si la alcaldesa “desobedece”, ¿por qué no van a hacerlo ellos? Los chorizos saben que Colau tiene machacada a la Guardia Urbana, y que en caso de duda el apoyo político de la alcaldesa recaerá en el ladrón, y no en el agente policial, y actúan en consecuencia: turistas a los que le roban los relojes a tortas, automóviles reventados, violaciones, asaltos a tiendas… Casi todos los indicadores advierten de un aumento de los delitos en Barcelona, más parecida al Chicago años 30 que a la urbe amable y mediterránea que venden los comunes. Claro está que poco se puede esperar de una política que interpreta el código ético -por favor, no se rían- de su partido a su antojo para presentarse a un tercer mandato a la alcaldía a pesar de acumular imputaciones judiciales.