2023: un diagnóstico pormenorizado

España cierra el año 2023 sumida en la mayor crisis política del periodo democrático, superior a la del 23 F, obra del autoproclamado «Gobierno de progreso». Es difícil calibrar cuál es el último episodio de esta ópera bufa, pues la velocidad de generar despropósitos es difícilmente descriptible. Hay quienes piensan que todo lo que ocurre surge de un plan preestablecido con fines concretos, pero los hechos demuestran que se trata de un proceso de naturaleza anárquica que, a fuerza de personalismos, apoyados en la difusión mediática, se consume en sí mismo, llevando al Estado a la ruina funcional y a la población, a la ruina económica.

El discurso de Navidad del Rey de España pasará a la historia como un diagnóstico pormenorizado de una patología política estatal que debe someterse, cuanto antes, a un tratamiento de choque en forma de urnas. El desastre nacional y el ridículo internacional son difícilmente asumibles. El conocido como Gobierno dista mucho de ser el requerido órgano colegiado que toma decisiones de nivel político, apoyadas por estudios solventes y en función de los intereses nacionales.

La realidad es otra cosa, presenta a diferentes grupos, autocalificados de políticos, con muy limitada capacidad intelectual y técnica para gestionar los ámbitos de sus cargos, ensañados en disputas personales que imponen su criterio por amenazas entre ellos, para obtener de manera despótica, beneficios al margen de las disposiciones constitucionales. Es el caso de la amnistía a los sediciosos catalanes, la justificación se convierte en una loa a las virtudes teologales. Casos como el de la Operación Atalanta, con cambios de criterio permanentes, significan un ridículo internacional vergonzoso. Todo ello cuando España sigue en su turno de presidencia europea.

La España actual es un problema de 48 millones de habitantes, que carecen de gobernanza, tanto interna como hacia el exterior, siendo un blanco goloso y fácil sobre el que materializar cualquier riesgo político, social y económico. España carece de seguridad nacional tanto en el aspecto diplomático como en el militar y en el económico.

Los hechos son tozudos. No hay constitución democrática que contemple el derecho de secesión, pues por reducción al absurdo dicha norma fundamental sería un sinsentido. Una democracia es un contrato entre la comunidad y el individuo, no entre territorios. En España hoy existen territorios con diferentes derechos, como los derivados de la desequilibrada Ley Electoral, con casos de abierta rebeldía como la prohibición del uso de la lengua española, las diferentes remuneraciones de los funcionarios y un largo etcétera.

La supresión de un delito, la transferencia de competencias para beneficiar a colectivos terroristas, como la de prisiones, la amnistía personalizada como elemento de negociación y el largo etcétera que mantienen el destrozo estatal deben de revertirse cuanto antes, pues el escenario es imprevisible. La existencia de las «diplomacias autonómicas» es algo parecido a que en Madrid existiese la embajada de Ohio. La solución no es ni mucho menos fácil.

Bruselas, que durante decenios ha sido el mesías político de los europeístas españoles, está alarmada por lo que representa el desmadre español tanto interno como en el exterior, que se suma a los que está viviendo una Europa en guerra. Cuando España aún no ha terminado su turno de presidencia comunitaria, cae en el más espantoso de los ridículos con sus cambios de criterio sobre la Operación Atalanta, las felicitaciones de Hamás o del viceministro de asuntos exteriores de los hutíes a España por la política adoptada son humillaciones indiscutibles.

Habrá que tomar medidas mediante el ejercicio de los derechos y disposiciones constitucionales para afrontar un futuro difícil que se corresponde con un cambio de era. Hay que reinterpretar los preceptos constitucionales de forma que no sean lesivos para el orden constitucional. Ejemplos: reponer el delito de sedición, proteger la seguridad nacional mediante la ampliación del delito de traición a todos los españoles, ilegalizar a los partidos que tengan en su estatutos la sedición como finalidad.