Un país en absoluto desgobierno

Pedro Sánchez tiene a España sumida en el más absoluto desgobierno. Sólo siete meses en La Moncloa han servido para demostrar que el socialista no está a la altura de las medidas, la imagen y la estabilidad que nuestro país necesita para seguir prosperando económica y socialmente. De entrada, los delirantes Presupuestos elaborados por Economía y Hacienda, que disparan el gasto público y prevén unos ingresos irreales procedentes de gravámenes que aún no se han aprobado –como la ‘Tasa Google’ o la ‘Tasa Tobin’–, van a ser tumbados en el Congreso. ERC y PDeCAT, sus socios en la moción de censura, atisbando el final de un Gobierno absolutamente deteriorado y liderado por un dirigente desgastado, han anunciado que con su ayuda no van a sacar adelante las cuentas públicas. Con un juicio por el procés en ciernes, los separatistas han pedido a Sánchez un gesto con respecto a los golpistas encarcelados por el 1-O, sin embargo, el socialista no puede –ni debe­– interferir en la independencia del Poder Judicial, razón por la que los independentistas no lo sostendrán en el poder por más tiempo. Ellos lo pusieron y ellos forzarán su caída.

Sánchez, además, está atrapado en sus propios números y, a falta de una proeza económica mesiánica, cosa que parece harto improbable a tenor de la ralentización del PIB en 2018 –que cerró en el 2,5%, una décima menos de lo previsto y el peor dato desde 2014–, no podrá cumplir con la senda del déficit marcado en el 1,3% del PIB, tal y como le han advertido desde la Comisión Europea y la AIReF. Dos entes que, tras analizar las cuentas públicas, detectaron que el Gobierno para cuadrar el déficit había recurrido a la argucia de cambiar el sistema de recaudación de IVA e ingresaría un total de 13 meses y no 12 meses. Según argumentaba el Ejecutivo, a la hora de justificar el elevadísimo gasto público, los Presupuestos estaban destinados a solventar las desigualdades de la crisis de 2008; sin embargo, sus planes no progresan hacia una salida solvente. Sólo un mes más tarde del anuncio en Barcelona –lugar al que Sánchez acudió a rendir pleitesía a Quim Torra– de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para contentar a Podemos, otra de las patas que sostienen al socialista en La Moncloa, se ha dado de bruces con la realidad: se han destruido 200.000 puestos de trabajo y el paro ha subido en casi 83.500 desempleados, el peor comienzo de año desde 2013.

Para sostener nuestro Estado de bienestar, España necesita de un presidente del Gobierno creíble –que elabore su propia tesis doctoral sin plagios– y ambicioso que fomente la construcción de un tejido productivo que venga­ de la mano de la inversión, tanto nacional como extranjera, sobre todo ahora que tantas compañías salen de Reino Unido por la inestabilidad del Brexit. Atraer este capital a nuestro país debería ser uno de los objetivos primordiales de Sánchez, sin embargo, sus planes pasan por elevar los impuestos de sociedades y elevar las cotizaciones sociales alejando a pasos agigantados la inversión privada. El poder, tal y como sucede a menudo, consume rápidamente las siglas de los partidos que gobiernan, pero en el caso de Sánchez el tiempo ha sido récord. Por ello, sin dilación alguna el socialista debería disolver las Cámaras y convocar unas elecciones que dejen paso a un nuevo ciclo político más prometedor que el que ofrece su Gobierno.