Medidas contra la prosperidad

Ahora que ha empezado el año, han entrado en vigor muchas de las medidas –de una prosperidad irreal– aprobadas por el Gobierno de Sánchez en los dos últimos consejos de ministros de 2018, siendo especialmente grave la relativa al incremento de un 22,3% en el salario mínimo interprofesional, que nos llevará a elevar costes de manera desorbitada, al cierre de empresas, al incremento del desempleo y de la economía sumergida. De hecho, la ministra de Hacienda no se quedó ahí y anunció el propósito del Ejecutivo de seguir incrementando dicho salario mínimo para situarlo en 1.000 euros en el año 2020. Es un error manifiesto que perjudicará a la economía.

De hecho, los principales organismos internacionales han alertado del peligro que puede constituir la subida del salario mínimo en más de un 20%. Tanto la Comisión Europea en sus previsiones de otoño, como el FMI y la OCDE en sus últimas previsiones, ponen énfasis en ello. Es más, la Comisión Europea llega a decir que dicho incremento del salario mínimo puede impedir la creación de 70.000 puestos de trabajo. El Gobierno, en su afán buenista y socialista, pretende anestesiar a los ciudadanos y darles a entender que es perfectamente factible subir la renta y riqueza de las personas por ley, cuando, sin embargo, la realidad va por otro lado, ya que los empresarios no van a poder sostener tantos costes y los autónomos tampoco van a poder soportar incrementos en su base de cotización, por reducidos que sean; especialmente, los nuevos autónomos verán desincentivada su nueva ocupación al incrementarles la base de cotización un 20% en su primer año (pasarán de pagar mensualmente 50 euros a pagar 60 euros).

En su error, el Gobierno puede subir el salario mínimo, pero muchas empresas no lo pagarán, o, mejor dicho, se lo pagarán a menos trabajadores, porque contratarán a menos o, incluso, se quedarán con menos, es decir, despedirán. Es muy sencillo y es algo que entiende cualquier alumno no ya de primero de económicas, sino de secundaria y bachillerato que estudian economía: si yo subo artificialmente un precio –y el salario es el precio del trabajo- los demandantes de ese bien –en este caso, el trabajo- demandarán menos de ese bien. ¿Quiénes son los demandantes de trabajo? Las empresas, al tiempo que los oferentes de trabajo son los trabajadores, que son quienes ofrecen su trabajo a cambio de cobrar un salario –de cobrar un precio–. Por tanto, si subo el salario, muchos trabajadores querrán trabajar, pero las empresas estarán dispuestas a contratar a menos trabajadores, porque a ese precio no podrán cubrir los costes laborales –lo que les cuesta el trabajador– más el beneficio que tienen que obtener con su actividad para asegurar la continuidad de la actividad económica y el empleo.

¿Qué sucederá entonces? Que muchos trabajadores se verán despedidos o se verán condenados a la economía sumergida. ¿Cuánto habrá logrado el Gobierno que suba el salario de estos trabajadores? Nada; más bien habrá provocado que pasen de ganar el salario que tenían antes a no ganar nada, o a ganar un salario en la economía sumergida –que hay que perseguir y erradicar, pero que el Ejecutivo incentiva de manera absurda con estas medidas– y tener, por tanto, menores derechos sociales, como el devengo de los derechos para cobrar una pensión en el futuro. Al mismo tiempo, el Estado ingresará menos por cotizaciones sociales y por impuesto de la renta, así como por los indirectos, al bajar el consumo. En definitiva, una mala medida para la prosperidad.