Un jirón en Europa

Teresa Giménez Barbat
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La orden europea de detención es el mecanismo en que se concreta lo que conocemos por ‘espacio europeo de justicia’, e implica que todos los países de la Unión Europea disponen de sistemas judiciales de plenas garantías. Así, ante la orden europea de detención que pesaba sobre el prófugo español Carles Puigdemont, no cabía esperar del Tribunal de Schleswig-Holstein más que la tramitación automática de su extradición; en la presunción, insisto, de que cualquier resolución dictada en el ámbito de la Unión Europea es merecedora de confianza con independencia del país donde se haya dictado.

En lugar de ello, los jueces alemanes se han enredado en una extravagante disquisición sobre el grado de violencia del procés, como si sus principales responsables la hubieran graduado a la baja para no consumar la intentona golpista. De ahondar en el tortuoso razonamiento de sus señorías, sólo el triunfo de la rebelión habría convertido a sus instigadores en delincuentes, de lo que se sigue, por ejemplo, que el fracaso del 23-F debiera haber exonerado a Tejero o a Milans. Con todo, la arbitrariedad que preside el dictamen no oculta el fondo de la cuestión, y es el crédito que aún merece en Europa cualquier conato de insurrección que recuerde vagamente a la lucha antifranquistas.

Y ello pese a que la misma Alemania prohíbe expresamente en su Constitución la secesión unilateral de cualquiera de sus lands, como recordó el Tribunal Constitucional de ese mismo país no hace ni dos años ante la pretensión de un minoritario partido independentista de organizar un referéndum en Baviera. En este sentido, tan decepcionante como la resolución de la Audiencia Territorial del land norteño han sido las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, pues confirman la sospecha de que una parte de la clase política europea no tiene a España por un Estado de derecho. O ello, cuando menos, se desprende de la consideración de que los delitos en que pudiera haber incurrido Puigdemont requieren una solución política.

En el receloso coro socialdemócrata, una de las voces más destacadas ha sido la del diputado Rolf Mützenich, que se ha se atrevido a comparar España con Turquía o Polonia. Y que lo ha hecho, además, “en virtud de la experiencia”. Literalmente: “El Gobierno federal tiene que considerar si la orden de detención europea e internacional, en virtud de la experiencia con, por ejemplo, el poder judicial turco, español o polaco, todavía permite un procedimiento adecuado y cumple los principios legales del estado democrático”.

Dicho lo cual, no debemos perder de vista la negligencia con que el Gobierno español ha gestionado la intentona golpista. No ya por la risible estrategia de apaciguamiento que ensayó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría o el disparate que supuso destituir a los golpistas para, a continuación, convocar unas elecciones y permitirles presentarse a las mismas. Si en un país como Alemania, donde el mero planteamiento de un proceso de las características del catalán sería contrario a la ley, ha calado el relato nacionalista, es porque no ha habido ningún otro relato que lo refutara.

Están por ver las consecuencias que pueda tener todo ello en un escenario en el que, en los últimos tiempos, el euroescepticismo viene haciendo caja. Lo que ahora se impone, sin embargo, es apurar la vía judicial y restaurar la trama de complicidades entre Estados amigos que es Europa.

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