El Parlamento Europeo pide que la euroorden se aplique automáticamente a quienes cometan sedición

La comisión de libertades del Parlamento Europeo (LIBE) ha aprobado un informe para la reforma y mejora de la orden europea de detención en la se incluye en la lista de delitos de entrega automática «el ataque a la integridad constitucional de los estados miembros», es decir, en el caso español, la sedición.

La propuesta ha sido impulsada por el eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos. De esta forma, los países de la UE tendrán que justificar con criterios objetivos los motivos para rechazar la ejecución de una euroorden, como ha ocurrido en el caso del ex presidente catalán. 

Según la iniciativa, los acusados de atentar contra el orden púbico o la integridad constitucional de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) deben ser procesados por este delito aunque se encuentren en un país de la UE distinto al que se haya cometido.

De esta manera, se debería aplicar de inmediato la euroorden (orden de detención y entrega) sin necesidad de dobles comprobaciones.

Zarzalejos ha señalado que la euroorden –mecanismo que desde 2004 sustituye al procedimiento de extradición entre países de la UE- “es una historia de éxito, pero existe margen para su mejora con las medidas concretas aprobadas hoy”.

“El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión”, ha añadido el eurodiputado ‘popular’. 

Medidas

Las principales medidas incluidas en el informe de Zarzalejos aprobado este martes son las siguientes:

Se amplía la lista de delitos, que actualmente es de 32, en los que se determina la entrega automática de un acusado por parte de un Estado miembro a otro.

Así, la Comisión de Libertades ha establecido que en la lista actual se incluyan delitos como el mencionado ataque a la integridad constitucional de los estados miembros o contra el orden público; la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente y la evasión fiscal. Actualmente estos delitos están cubiertos por la euroorden, pero la entrega no se realiza automáticamente, sino que se requiere el control de la denominada doble tipificación.

Por otro lado, se establece que, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, las euroórdenes emitidas por un Estado miembro deben ser reconocidas y ejecutadas directamente por otro Estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos. Actualmente, el principio de doble tipificación supone que la entrega del acusado puede hacerse depender de que el acto cometido constituya delito en el Estado miembro que ejecuta la euroorden. 

En el caso en que un Estado miembro rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los derechos fundamentales, éste estado tendrá que justificar con argumentos objetivos y factuales ese rechazo, para evitar incertidumbre legal y la potencial impunidad del acusado del delito.

Además, entre otras medidas, se reduce para determinados delitos -como el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de niños o la pornografía infantil- el umbral de la pena de 3 años a partir de la cual puede aplicarse la euroorden.

También se incrementa la capacidad sancionadora de la Comisión Europea para abrir procedimientos de infracción a los Estados miembros que no cumplan las normas de aplicación de la euroorden.

Javier Zarzalejos ha asegurado que esta actualización de la euroorden es necesaria porque, tras 16 años de aplicación de este mecanismo, “las nuevas formas de delincuencia organizada, el impacto exponencial de la criminalidad en internet, la movilidad de personas dentro del espacio Schengen, la persistencia de la amenaza terrorista, y la necesidad de proteger los procesos democráticos y el estado de derecho (también dentro de la UE), hacen que sea importante avanzar hacia un sistema de cooperación más ambicioso y más ágil entre los estados miembros, sustentado en la confianza mutua. La no aplicación de la euroorden debería ser la excepción”.

Desmentido al Gobierno

La Comisión Europea, a través de su principal portavoz, ha confirmado este martes que el organismo comunitario no ha trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez ninguna recomendación sobre la reforma de la sedición. El Ejecutivo se había amparado en una supuesta exigencia europea para justificar la rebaja de este delito.

La Comisión Europea aclara que no ha habido contactos con el Gobierno y destaca que «las posibles reformas del Código Penal son competencia de los Estados miembros».