Sánchez ya ha legalizado a 1,3 millones de extranjeros mientras ultima la regularización de otros 800.000

El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido la residencia a 1,3 millones de extranjeros desde 2018 hasta diciembre de 2025, es decir, antes de la regularización masiva de inmigrantes irregulares que anunció a principios de enero de este año. Ahora, esta medida aprobada por el Ejecutivo socialista podría beneficiar a 800.000 personas en esa situación administrativa.

El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado esta semana los últimos datos sobre «personas extranjeras con documentación de residencia en vigor en nuestro país». En total, hay «algo más de 7,5 millones de personas a 31 de diciembre de 2025», los últimos datos de los que hay registro, lo que supone un incremento del 4,5% comparado con el ejercicio anterior.

De ellos, el mayor incremento se debe a las personas con autorización de residencia. En diciembre de 2018, la población de extranjeros con autorización de residencia era de 2.175.250. Sin embargo, en el último día de 2025, esta cifra se disparó un 60% hasta los 3.497.284 inmigrantes con residencia.

La nacionalidad con mayor número de extranjeros con este tipo de documentación es Marruecos. Casi uno de cada cuatro individuos con permiso de residencia es del reino aluí. Y es que, a finales de 2025, había 862.190 marroquíes con esta autorización en España.

«Rejuvenecimiento de la población»

El informe presentado por la cartera de la socialista Elma Saiz celebra que «a grandes rasgos, las personas extranjeras, y especialmente aquellas bajo el régimen de extranjería, contribuyen al rejuvenecimiento de la población en España». Para justificarlo, el organismo detalla que la población española de 65 años y más años «representan el 23% del total», mientras que entre la población extranjera sólo hay «un 7% de personas en ese grupo de edad».

De estas personas, el 47% son extranjeros que gozan de «una autorización de larga duración en vigor» que les «permite residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas condiciones que las personas españolas». El otro 53% tiene una residencia temporal, protección internacional o apátrida.

La forma más habitual para que una persona extranjera pueda acceder a la residencia, como indica este documento, es a través de la concesión de una autorización temporal «de tipo inicial» y, posteriormente, acceder a una autorización de larga duración: «Habitualmente es de tipo modificación porque suele requerir la residencia regular durante un mínimo de cinco años».

No es la única tipología de extranjeros que aumentan; también lo hacen los certificados de Registro de Ciudadano de la Unión Europea, es decir, el documento que acredita la inscripción en el Registro Central de Extranjeros de los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea. El número de ciudadanos europeos también aumenta, pero en menor medida, aunque son el número de extranjeros más numeroso. Pasan de ser 3.270.531 a 3.804.191, es decir, crecen un 16%.

Por otro lado, el único número que se reduce este año es el de los extranjeros con Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) que le acredite como beneficiario del Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, los británicos que seguían viviendo en España. Esta figura se creó en 2020 y, a fecha del 31 de diciembre de 2025, hay 199.469 personas acogidas a este régimen, un 7% menos que en 2024 en esa misma fecha.

Regularización masiva de inmigrantes

Todo ello a pesar de que todavía no se ha puesto en marcha la regularización masiva de inmigrantes, que se calcula que afectará a 800.000 extranjeros en esa situación administrativa. PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida afecta a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo, lo que permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.