Las víctimas de ETA atribuyen la libertad de ‘Anboto’ al pacto PSOE-Bildu para que «Sánchez siga en Moncloa»

Las víctimas de ETA han culpado al pacto de PSOE y Bildu por la concesión del régimen de semilibertad a la terrorista Soledad Iparraguirre, alias Anboto, quien fuera jefa militar de ETA durante una década y que tiene en su haber 14 asesinatos y más de 20 heridos, con 700 años de condena. La asociación Dignidad y Justicia ha asegurado este domingo que este es «el resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa».

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco, encabezado por la socialista María Jesús San José, concedió el régimen de semilibertad a la que fuera jefa de ETA para salir entre semana y podrá disfrutar de este permiso a partir del próximo lunes.

El Ejecutivo autonómico se ha acogido al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que trata de la clasificación de los reos en función de su pena y el principio de flexibilidad de sus condenas. Es el mismo apartado que se permitió otorgar la semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, quien salió el pasado mes de febrero de la prisión de Matutene, en San Sebastián, o a Jon Bienzobas, conocido como Karaka.

Esta fórmula se justificó alegando la necesidad de que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado. Para ello, se exige al preso la creación de un plan de ejecución en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión.

«Traspasar otra línea moral»

Dignidad y Justicia lamenta en un comunicado que el Gobierno vasco de coalición entre PNV y PSOE «ha vuelto a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo».

«La semilibertad de Anboto se produce después de la que ha sido concedida a otra treintena de terroristas, entre los que se encuentra el exjefe de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. Todos estos terceros grados encubiertos solo reflejan que el Estado de derecho no funciona, que la reinserción es mentira y que existe un pacto entre Bildu y el PSOE que parece estar por encima de la ley, de las víctimas del terrorismo, de la democracia y de los ciudadanos», subrayan desde la organización.

La asociación ha recriminado que se haya concedido la semilibertad a Anboto aunque aún siga investigada en la Audiencia Nacional en causas relacionadas con una decena de asesinatos sin resolver, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco, Pedro Antonio Blanco, Gregorio Ordóñez, Silvia Martínez Santiago, José Francisco Querol y Jesús María Pedrosa.

Mientras tanto, como ha señalado Dignidad y Justicia, la ex jefa de ETA se ha negado a aportar información para esclarecer los crímenes sobre los que tiene conocimiento. Todo ello a pesar de que es un requisito para la concesión de cualquier beneficio penitenciario, según detalla la asociación.

«Los etarras salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la justicia. Hay 376 casos sin resolver en la Audiencia Nacional y ninguno de los terroristas que han sido liberados ha ayudado a avanzar lo más mínimo en estas investigaciones estancadas», recrimina la asociación.

La miembro de la cúpula de la organización terrorista fue autora intelectual del atentado frustrado contra el entonces Rey Emérito Juan Carlos I, en el Museo Guggenheim y también fue juzgada por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua (Vizcaya). Sin embargo, esta última causa se archivó tras haber prescrito.

Anboto, ex jefa de ETA

Soledad Iparragirre, histórica militante de ETA, vinculada con la banda armada desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987, y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel. En 2018, leyó el comunicado del fin de ETA junto con Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera.

Anboto cumplió casi 20 años de prisión en Francia, y fue entregada por el país galo a España en 2020. En julio de ese año, comenzó su largo preriplo judicial, con 12 juicios pendientes en nuestro país.

La que fuera jefa etarra fue sentenciada en 2020 a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. Un año después, aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.

En diciembre de 2020, fue condenada a más de 400 años por la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo ordenase repetir el juicio en el que se le había absuelto por el atentado frustrado en el polideportivo de Mendizorroza (Vitoria) contra la Policía Nacional.

Hasta entonces, las causas en su contra incluían desde asesinatos a instrucciones para atentar o entregas de armamento. Además del atentado contra el comandante, se le procesó por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.

También se le acusó de facilitar armamento para una acción terrorista contra la oficina del DNI de Bilbao el 13 de enero de 1995, que causó la muerte a una persona e hirió a otra de gravedad.