Así funciona la polémica Ley del Medicamento que está matando perros en España: los veterinarios, muy enfadados

La reciente polémica en torno a la Ley del Medicamento Veterinario, promulgada en España en 2023, ha generado intensas protestas dentro del sector veterinario. En su esfuerzo por combatir la resistencia a los antibióticos, la ley ha creado una serie de restricciones que dificultan el trabajo de los veterinarios, quienes aseguran que la normativa podría poner en riesgo la vida de los animales que requieren atención urgente. Los casos de animales que no han podido recibir el tratamiento adecuado a tiempo, y las sanciones económicas a los veterinarios que incumplen la ley, han exacerbado las tensiones y generado un fuerte malestar en la profesión.

Este conflicto ha llevado a muchos veterinarios a exigir la modificación o derogación de la ley, argumentando que la misma limita su capacidad de actuación y la eficacia de sus tratamientos. La ley tiene su origen en un reglamento europeo que busca reducir el uso indiscriminado de antibióticos en animales, con el objetivo de evitar la resistencia bacteriana, un problema que afecta tanto a la salud animal como humana. Sin embargo, su implementación en España ha sido recibida con críticas por parte de los profesionales del sector, que consideran que las restricciones son excesivas y ponen en riesgo la vida de los animales.

Ley del Medicamento Veterinario

La Ley del Medicamento Veterinario tiene como base el Reglamento UE 2019/6, aprobado por el Parlamento Europeo en 2018. Este reglamento tiene como fin la regulación de los medicamentos utilizados en animales con el objetivo de mejorar la salud pública, la sanidad animal y la protección del medio ambiente. La principal preocupación detrás de esta legislación es la resistencia a los antibióticos, un fenómeno que se ha intensificado debido al uso generalizado de estos fármacos en animales de granja.

Estos antibióticos pueden transferir la resistencia a los humanos a través del consumo de productos de origen animal, lo que pone en peligro la efectividad de los tratamientos médicos en las personas. Con ello, la Unión Europea busca implementar un control más riguroso sobre la prescripción y distribución de estos fármacos para combatir ésta creciente amenaza.

Aunque el reglamento europeo es de aplicación obligatoria en todos los estados miembros de la UE, cada país tiene la capacidad de introducir normativas adicionales que adapten la ley a sus circunstancias específicas. En España, sin embargo, el Gobierno optó por desarrollar un Real Decreto, el 666/2023, que establece restricciones más severas que las de otros países, lo que ha generado una gran controversia entre los veterinarios.

La nueva normativa exige, por ejemplo, la realización de un cultivo bacteriano antes de la administración de antibióticos de uso específico, lo que retrasa considerablemente el tratamiento, especialmente en situaciones de urgencia. Además, la ley limita la capacidad de los veterinarios para dispensar medicamentos en sus propias clínicas, obligando a los clientes a acudir a farmacias.

Restricciones

Una de las principales críticas a la Ley del Medicamento es la obligación de realizar cultivos bacterianos antes de la prescripción de antibióticos específicos. Este procedimiento implica esperar varios días para obtener los resultados, lo que puede ser fatal para los animales en casos urgentes. Los veterinarios aseguran que esta espera innecesaria compromete la vida de los animales, especialmente cuando el tiempo es un factor determinante en el éxito de los tratamientos.

Por otro lado, la nueva ley también limita la capacidad de los veterinarios para vender medicamentos en sus clínicas. Anteriormente, los veterinarios podían suministrar medicamentos a los propietarios de los animales directamente desde sus consultas, pero ahora deben recurrir a farmacias para obtener los productos.

Esto puede resultar problemático cuando se necesita un medicamento fuera del horario habitual de farmacia, como durante los fines de semana o festivos. En esos casos, los animales solo pueden ser tratados en clínicas de urgencias, que pueden no tener el medicamento necesario, lo que genera una enorme frustración entre los propietarios de los animales.

Sanciones

El descontento con la ley también se ha incrementado debido a las sanciones impuestas a los veterinarios que no cumplen con los estrictos procedimientos establecidos. Recientemente, un veterinario de Baleares fue multado con 90.000 euros por vender medicamentos sin seguir las pautas de la normativa. Los veterinarios aseguran que esta situación los coloca en un dilema ético: por un lado, deben cumplir con la ley, lo que podría poner en riesgo la vida de los animales; y por otro, se enfrentan a sanciones económicas severas si deciden actuar de acuerdo con su criterio profesional.

La Ley del Medicamento Veterinario ha abierto un importante debate sobre la regulación del uso de antibióticos en animales y sobre el papel de los veterinarios en la atención a la salud animal. La implementación de restricciones tan estrictas ha puesto en peligro la vida de muchos animales y ha generado una gran preocupación dentro del sector. Los veterinarios piden una revisión de la normativa para que puedan seguir aplicando su criterio profesional en situaciones de urgencia y para que los tratamientos sean más accesibles para todos los propietarios de mascotas.