El Gobierno admite que ha trasladado a más de 2.500 inmigrantes ilegales de Canarias a la Península

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que ya ha trasladado a más de 2.500 inmigrantes ilegales de Canarias a la Península en el contexto de la crisis migratoria que vive el país estos meses. En una respuesta a través de la Ley de Transparencia a OKDIARIO el departamento liderado por José Luis Escrivá aporta algo de luz sobre estos controvertidos viajes.

«Sin perjuicio de lo que al respecto puedan informar otros departamentos implicados, se informa que se han trasladado un total de 2.035 personas de Canarias a la Península en el marco del programa de atención humanitaria. Conviene precisar, por un lado, que durante la vigencia del estado de alarma no se ha realizado ningún traslado y, por otro lado, que el 70% del total de las personas trasladadas lo han sido en los meses de septiembre, octubre y noviembre», expresa la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Mur, en respuesta a este periódico.

Pero la cosa no queda ahí. Desde el 11 de diciembre hasta ahora la cifra total de traslados ha superado las 2.500 personas según confirma la Delegación del Gobierno en Canarias. Indican que han llegado más de 20.000 personas de África a Canarias, de las cuales, un 12,5% han sido trasladadas a la Península. En cuanto a las repatriaciones, éstas sólo llegan al 5% del total.

La avalancha de inmigrantes se ha producido a bordo de pateras o cayucos de una forma muy destacable. Ante esto, el Gobierno ha trasladado a una parte de estas personas a diferentes ciudades de la España peninsular. Unos viajes que se han hecho a escondidas, sin aportar datos, ni siquiera a los alcaldes de esos municipios afectados.

Desde el Gobierno justifican que las personas a las que se les mete en vuelos hacia la Península son elegidas por criterios de vulnerabilidad o por circunstancias como el de reagrupamiento familiar.

No obstante, empleados de la compañía Vueling -con la que se hacen traslados- afirmaron que están viajando con ellos colectivos de inmigrantes en vuelos con documentación que, en ocasiones, tiene datos que no coinciden o que se percibe que podría «ser falsa», según informó Europa Press. 

Las autoridades canarias señalan que enero, tras las vacaciones de Navidad, es un mes de reinicio en la llegada masiva de inmigrantes. Por ello, para que el archipiélago no vuelva a estar colapsado, se está trabajando en distintas zonas de acogida para que estas personas pasen las primeras 72 horas. Aunque los trabajos se desarrollan de forma muy lenta el objetivo pasa porque no vuelva a producirse la imagen del Muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), donde se hacinaban centenares de inmigrantes.

Por su parte, el presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), suplica al Ejecutivo central que intensifique las devoluciones a los países de origen y los traslados a territorio peninsular. En dichas reivindicaciones los socios del Gobierno regional (Nueva Canaria, Agrupación Socialista Gomera y Podemos) también están siendo muy activos.

Petición de Vox

Cabe destacar que Vox lanzó una petición muy directa a los delegados del Gobierno en Madrid y la Comunidad Valenciana al enterarse extraoficialmente de los traslados. El partido de Santiago Abascal envió un escrito a ambas instituciones para que se emprendan las acciones necesarias para localizar a dichos inmigrantes que han llegado desde el pasado 11 de noviembre «durante la noche y sin pasar los procesos sanitarios obligados».

La Vicesecretaría Jurídica de Vox, que dirige Marta Castro, pide información a las administraciones sobre la situación actual, «e individualizar los protocolos que se pudieran derivar una vez realizadas las pruebas del Covid-19, ante la situación de descontrol de la localización y del estado sanitario de los inmigrantes». Solicitan conocer qué criterios se han seguido para determinar los municipios elegidos, entre otros puntos.

Sobre este escrito, en la respuesta a OKDIARIO, el Gobierno concluye que no pueden informar si se va a autorizar o no lo que pide Vox. «Una vez analizada la solicitud de información, se considera que la misma incurre en el supuesto de que exige ser elaborada de forma expresa utilizando y cruzando diversas fuentes de información», aseguran para denegar la petición.

53 millones de euros

Por otro lado, destacan que «el programa de atención humanitaria tiene por objeto atender el estado de necesidad de las personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos con graves riesgos sociales y sanitarios y que precisen de programas de actuación inmediata». Apuntan que el plan «incluye la realización de distintos servicios, como son el de acogida de las personas migrantes, el de traslados a los centros de acogida, el de atención en grandes ciudades o el de intervención en asentamientos». No incluyen explícitamente la realización de test PCR para saber si están contagiados.

Además, especifican que para este programa «se conceden subvenciones, mediante el procedimiento de concesión directa y con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado de Migraciones a diversas organizaciones sin fines de lucro». Así, se informa que «en 2020 se ha concedido financiación por importe de 53.635.350,88 euros a organizaciones sin fines de lucro para la realización del programa de atención humanitaria».

Por último, se niegan a facilitar copias de los expedientes de traslados porque «no se dispone de la información en el formato solicitado toda vez que los datos figuran registrados en una base de datos que, a mayor abundamiento, contiene ciertamente datos personales de los inmigrantes (incluyendo en determinados casos datos de familias con niños menores)».