El Tribunal de Cuentas archiva otra denuncia contra Ayuso: esta vez por ayudar a la comunidad judía

El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación abierta contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por presunta malversación de fondos públicos en relación con dos medidas tomadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso para mostrar su apoyo a Israel en el conflicto con Palestina. Por una parte se denunció una subvención de 55.596 euros otorgada a la comunidad judía de Madrid, registrada como entidad religiosa en el Ministerio de Justicia. Y, por otra parte, se firmó un convenio con esta misma entidad para cederle en alquiler 13 pisos de la Agencia de Vivienda Social tras los ataques del grupo terrorista Hamás a Israel el 7 de octubre. Tal como adelanta OKDIARIO, el órgano fiscalizador ha archivado el caso.

El convenio, firmado el 1 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 4 de enero, establece que las 13 viviendas sociales serán gestionadas por la comunidad judía de Madrid para sus miembros. El acuerdo tiene una duración de cuatro años y busca facilitar el acceso a vivienda a personas vulnerables, como mayores de 60 años sin recursos, familias con hijos menores que retornan a España desde países como Venezuela o refugiados de Ucrania.

La Comunidad de Madrid también menciona en el convenio las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo como una razón para su firma, subrayando el impacto directo en la comunidad judía. Sin embargo, la Asociación Preeminencia del Derecho, con la dirección letrada del abogado José Luis Mazón, argumentaba que fruto de esa disputa son los bombardeos en Gaza y, por tanto, los beneficiarios deberían ser personas de la comunidad musulmana palestina.

Desde 2001 no se había firmado un convenio similar con la Comunidad Judía de Madrid. Aquel año, el Gobierno regional le otorgó 10 viviendas en arrendamiento y tres con opción a compra. En cuanto a la subvención de 55.596 euros, se aprobó el 19 de julio de 2023. Se trata de una concesión directa para la realización de actividades educativas en el marco de las ayudas a las confesiones religiosas durante el ejercicio 2023. Es decir, esta subvención –que también recibió, por ejemplo, el Consejo Evangélico de Madrid– fue anterior al comienzo de la guerra de Israel contra Palestina, aunque algunos medios de comunicación la situaban en la actualidad más inmediata al ataque de Hamás.

La asociación denunciante solicitaba que se investigara si estas ayudas suponen una malversación de fondos públicos, ya que los beneficiarios no serían personas necesitadas, sino que podría tratarse de una decisión política injustificada, dejando de lado a la comunidad palestina.

Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas optan por no entregar el auto de archivo del caso a este periódico. No obstante, otras fuentes jurídicas confirman que la denuncia ha quedado en nada. Se suma a otras muchas que ha recibido el Ejecutivo de Ayuso.

Otras denuncias

En junio el Tribunal Supremo tumbó la enésima causa contra la presidenta madrileña relacionada con las muertes en residencias de ancianos durante la pandemia. Fue la segunda denuncia que el Supremo desestima, y la número 22 que se archiva en total, sobre la muerte de 7.291 personas en residencias durante los momentos más críticos de la Covid-19. Cabe recordar que el entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias (Podemos), salió en rueda de prensa asegurando que iba a tomar el control de las residencias de mayores en la primera ola de la pandemia.

El Alto Tribunal tenía sobre la mesa una denuncia que acusaba a Ayuso de presuntos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, negación de tratamiento médico y prevaricación con agravante de premeditación. El Supremo inadmitió la denuncia por considerarla «genérica o difusa», señalando que era necesario vincular las muertes de personas concretas con decisiones específicas de la presidenta, lo cual la denuncia no hacía.

La Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, argumentó que no se disponía de datos precisos para sostener que los supuestos «protocolos de la vergüenza» no fueron adecuados desde un punto de vista médico, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento. El fallo recuerda que todas las comunidades autónomas experimentaron altos índices de mortalidad entre las personas mayores que vivían en residencias.

El Supremo aclaró que no se puede responsabilizar penalmente a Ayuso simplemente por su cargo como presidenta. En el ámbito penal no se puede atribuir responsabilidad únicamente por la posición que una persona ocupa dentro de una estructura organizativa, aunque sea de alto rango, subrayó el tribunal. El Supremo también descartó la acusación de prevaricación.

En todo caso, el archivo de la causa, según el Supremo, es «compatible con una crítica legítima» de las decisiones tomadas en el ámbito sanitario, tanto en la Comunidad de Madrid como en otras regiones y por el Gobierno central durante la pandemia. Es decir, aunque no se condene penalmente a Ayuso, sus políticas pueden ser cuestionadas.

Finalmente, el tribunal recordó que se han presentado numerosas denuncias contra Ayuso por los mismos hechos, algunas referidas a residencias y personas específicas, y que en esos casos podría esclarecerse lo sucedido.