La izquierda ataca a Almeida por un contrato con comisión que cerró Carmena 25 horas antes de irse

25 horas. Fue el tiempo que transcurrió entre que una concejal de Manuela Carmena adjudicó un contrato que investiga la Justicia por contener una comisión de 150.000 euros y la toma de posesión como alcalde de José Luis Martínez-Almeida. La edil de Movilidad de Ahora Madrid, Inés Sabanés, apuró sus últimas horas en el poder para cerrar varias contrataciones. Entre ellas, la reforma de unas cocheras que conllevó una comisión del 3% del total de seis millones de euros para un trabajador del propio organismo municipal que firmó el encargo polémico, la EMT.

Sin embargo, cargos de Podemos como Alejandra Jacinto, diputada en la Asamblea de Madrid, han cargado las tintas contra Almeida. Esta parlamentaria ha censurado en sus redes la situación como «saqueo como forma de gobierno» ignorando que el contrato se firmó cuando gobernaba precisamente el partido morado junto a IU, Equo, Anticapitalistas y otras formaciones.

También el PSOE en la capital, que permitió la investidura de Carmena, se ha lanzado contra Almeida. “Una vez más volvemos a encontrarnos con presuntas comisiones, familiares, y responsables del PP involucrados. Ya hemos pedido por escrito toda la información”, ha anunciado el edil Ignacio de Benito. Se da la circunstancia de que, como consta en el acta que desvela OKDIARIO, la adjudicación la firma el director gerente Álvaro Fernández Heredia, actualmente alto cargo del Gobierno socialista del Ayuntamiento de Valladolid y asesor del Ministerio de Transporte, liderado por Raquel Sánchez, también del PSOE.

Por su parte, Más Madrid ha mantenido un calculado silencio. En lugar de correr a criticar a Almeida, curiosamente se han mantenido en un perfil bajo. Este martes la portavoz Rita Maestre no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre este escándalo que salpica a la anterior Corporación municipal, en la que era mano derecha de Carmena como secretaria de la Junta de Gobierno, tramitando todos los expedientes, y como portavoz del Ejecutivo local.

OKDIARIO desvela el acta de la contratación que refleja: «Siendo las 9 horas del 4 de junio de 2019, se reúne la Comisión Delegada del Consejo de Administración de la EMT, compuesta por la presidenta Inés Sabanés Nadal, el director gerente Álvaro Fernández Heredia y el secretario José Luis Carrasco».

El punto cuarto recoge: «El director gerente expone la propuesta y la comisión delegada, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos: Adjudicar el contrato relativo a la ‘Ejecución de obras de conservación, mantenimiento y adecuación a normativa en las instalaciones del centro de operaciones de Fuencarral a las empresas Inesco S.A., Asfaltos y Pavimentos S.A. y Ciser S.L. con el compromiso de constituirse en UTE, por un importe de 5.058.294,50 euros, IVA excluido». La sesión se dio por terminada a las «10 horas». Un día después, a las 11 de la mañana, fue la sesión plenaria que invistió a Almeida gracias a Ciudadanos y Vox.

En la actual Corporación llama sobremanera la atención las prisas por encauzar el contrato. Lo habitual en estos casos es que tras las elecciones, cuando el Gobierno está en funciones, se dejen asuntos de peso como este sobre la mesa a la espera que los nuevos directivos los analicen. Sin embargo, así, el equipo de Almeida no tuvo otra opción que tramitar el contrato cerrado por el anterior Ejecutivo sin conocer los pormenores. Es decir, que estaba involucrado un jefe de la EMT que iba a cobrar 150.000 euros.

Cargo señalado

El cargo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) señalado es Pablo Pradillo, jefe de División de esa empresa municipal. Ayudó a conseguir el contrato con el Ayuntamiento gracias a su experiencia en la sociedad de los autobuses locales y, por ello, se embolsó 150.000 euros. El trabajador admite esa cantidad, pero esgrime que es legal, según El País. Defiende que no había incompatibilidad porque esos días estaba de “baja voluntaria”. Había conseguido una nada habitual suspensión de su contrato laboral para irse a un trabajo en México. Meses después, logró que el contrato volviera a estar en vigor y regresó a la compañía pública.

La reforma se hizo, según fuentes municipales consultadas por OKDIARIO, si bien como el precio estaba muy ajustado, las calidades no son nada del otro mundo. Como se presentó una oferta muy competitiva, luego llegaron los problemas entre las empresas que formaron la UTE (unión temporal de empresas).

Una de las compañías ha llevado estos hechos ante la Justicia. Los investiga un Juzgado de Instrucción de Plaza Castilla por presuntos delitos de estafa, entre otros tipos penales.