Archivada la denuncia contra la Comunidad de Madrid por los muertos en la residencia de Ciempozuelos

Ni mala fe, ni desatención. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Valdemoro ha decretado el archivo de la causa penal abierta, en diligencias previas, contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por un presunto delito de denegación de auxilio.

El órgano judicial ha resuelto que no hubo comportamiento negligente de la Administración regional en la Residencia de la Tercera Edad Pablo Neruda, donde fallecieron varias personas a causa de la enfermedad, durante la gestión de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Además, el juez ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la denunciante para convertir la residencia en un hospital geriátrico.

El titular del juzgado se ha apoyado en el escrito del Ministerio Fiscal que, a la luz de la información disponible, encontró que los hechos denunciados no constituyeron comportamiento delictivo alguno ni, especialmente, el ilícito de omisión del deber de socorro.

Como queda recogido en el Auto, la situación de pandemia, de la que se ha derivado una objetiva saturación de la Administración Sanitaria, dada su inabarcabilidad, implica que «difícilmente dicha Administración Sanitaria pueda cubrir toda la atención que se le reclama y en los términos precisos o con el alcance que se le reclama, constando asimismo la escasez del material sanitario, lo que implica que no es posible en Derecho imputar a la Comunidad de Madrid un delito de omisión del deber de socorro dada la clara inexistencia de dolo o de intencionalidad».

Esto es, en ningún momento la institución autonómica competente se negó a prestar la atención o desatender las reclamaciones de ayuda que se le hicieron pues, «la situación pandémica, con las referidas características, actúa como una lógica causa de justificación, excluyendo la culpabilidad en los hechos».

Sin perjuicio de lo anterior,  el Juzgado ha puesto en conocimiento de la Comunidad de Madrid, del Estado y el Ministerio de Defensa los hechos, para que, «en la medida de sus posibilidades», puedan adoptar las medidas tendentes a proporcionar el material sanitario que evite el contagio del virus en el centro, entre sus residentes y trabajadores, y se proceda a su desinfección.

No se les dio la espalda

En el caso de la Comunidad de Madrid, las cifras desmienten que la Sanidad pública haya dado la espalda a estos pacientes: entre el 1 de marzo y el 5 de junio, 10.300 ancianos fueron sido trasladados desde sus residencias hasta centros hospitalarios, lo que supone una media de 106 al día. La cifra más alta se registró el 6 de abril con 206 traslados. De los 2.226 pacientes ingresados en el Hospital de La Paz de Madrid entre el 25 de febrero y el pasado 19 de abril, el 32% (709 personas) procedían de una residencia de mayores.

«Con estos datos no se puede sostener que los hospitales han dado la espalda a las personas mayores que viven en residencias», señaló el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, «duele escuchar afirmaciones como ‘se han prohibido las derivaciones’, ‘se les han negado tratamientos’, o ‘se ha abandonado a las residencias’».

José Augusto García destacó, hace unos días, que los Servicios de Geriatría madrileños hicieron un esfuerzo extraordinario, poniendo en marcha «la figura del ‘geriatra de enlace’ para valorar la idoneidad del ingreso de los pacientes de residencias, siempre buscando el máximo beneficio y calidad de vida para cada persona».

Casi 20.000 muertos en tres meses

Atendiendo a estos datos, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recalcó que «no se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable si se consideraba necesario». Al respecto, recordó que «aún no tenemos tratamiento curativo para esta enfermedad, por lo que sólo podíamos dar tratamiento de soporte y esperar que el paciente venciera la enfermedad, o bien tratamiento paliativo para personas en fase de final de vida».

«En el ejercicio habitual de la medicina y más en el tratamiento de personas mayores», detalló, «siempre se han considerado todas las circunstancias individuales de cada paciente para tomar las decisiones más adecuadas sobre cómo y dónde atenderle». Es decir, el ingreso hospitalario estaba indicado para aquellos pacientes que podían mejorar así su expectativa de vida. En otros casos, la única medida adecuada eran los cuidados paliativos, teniendo en cuenta el grave problema de saturación que existía en las UCI.

La tragedia registrada en estos centros asistenciales de toda España, en los que han muerto cerca de 20.000 personas durante los últimos tres meses, no es muy distinta a la vivida en el resto de países afectados por la pandemia, según García Navarro. «No nos ha pasado nada diferente al resto del mundo occidental», señaló el presidente de la Sociedad de Geriatría, «y esto no quiere decir adoptar una actitud complaciente, sino ponerse rápido en acción para que no nos vuelva a ocurrir».