Nadie avisó a la Policía de los abusos del marido de Oltra por culpa del protocolo que él mismo redactó

El 28 de febrero de 2022 el juzgado de Instrucción 15 de Valencia llamó a declarar a Ana Isabel Junquera dentro de la causa seguida contra varios funcionarios de la Consejería de Oltra. La investigación ha llegado finalmente hasta el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por la necesidad de investigar el papel de Mónica Oltra  mientras se investigaban los abusos sexuales cometidos por su entonces marido, Luis Ramírez. Junquera era y es psicóloga del centro donde permanecía tutelada Mayte, la menor abusada, y dijo que el protocolo propio que manejaban en el centro fue redactado por el propio marido de Mónica Oltra y un compañero suyo y que no recogía en ninguno de sus 17 puntos denunciar los hechos a la Policía, aunque «no es un protocolo en sentido estricto».

Junquera, psicóloga del Centro de Menores que acompañaba a Mayte a visitar a su padre o al médico entre otras gestiones, declaraba también como investigada y fue preguntada por el juez sobre el famoso protocolo de actuación en caso de abusos sexuales que manejaba el centro de menores donde trabajaba como educador el entonces marido de Oltra.

La psicóloga aportó al juez durante su declaración una copia de este protocolo, de una sola página, que el juez leyó en voz alta para todas las partes: «Protocolo de Intervención Abusos, pauta de intervención ante la sospecha de abuso sexual. 1 Actuar manteniendo el interés supremo del menor, asegurando la protección y seguimiento del caso (….)» y así hasta 18 puntos en los que no se hace referencia alguna a avisar a Policía, Guardia Civil o Juzgado de la posible existencia de abusos. Por ejemplo, en el punto 10 el juez lee: «hacer preguntas vagas para ver qué ha ocurrido, decir qué ha querido decir o para evaluar su seguridad, no presionarle para que cuente lo que ha ocurrido ni pedirle detalles de la situación de abuso sexual. Esa es la tarea de los profesionales encargados de la evaluación».

También son de especial relevancia lo recogido en los puntos 13: «No es necesario que toda la Institución se entere de lo que ha ocurrido al menor», el punto 16: «En caso de que el presunto agresor fuera un trabajador del centro Dirección se entrevistará a fin de escuchar su relato de lo sucedido», el punto 17: «Informar de la situación a la técnico de la Consejería de Igualdad, con el fin de averiguar lo sucedido y de derivación a especialistas» y por fin, el punto 18: «En el caso de que el presunto agresor fuera un trabajador del Centro, la dirección lo separará de inmediato de sus funciones hasta el término de la investigación». Efectivamente, siguiendo este protocolo, la directora apartó al educador marido de Oltra del centro el 23 de febrero y lo mandó a su casa hasta el 12 de marzo.

Esta psicóloga también acompañó a la menor a la Consejería para que fuera evaluada por una especialista. Tras la exploración esta psicóloga de Consejería determinó que «no era creíble lo que la nena contaba». Luego fue preguntada sobre la fecha en que Luis Ramírez se reincorporó al centro, algo que no pudo recordar Junquera y dijo algo también importante para la investigación a preguntas del juez: «¿Usted tiene conocimiento de que el educador del centro al que se viene haciendo referencia confeccionara algún tipo de protocolo de intervención para casos de abusos sexuales de menores en el centro?». En este caso la psicóloga respondió que «hay un informe, al que yo he tenido acceso ahora… que él (Ramírez) parecer ser que elaboró junto con el compañero que trabajaba… no era un protocolo en sentido estricto y era más una manera de funcionar entre ellos, hay un momento cuando la directora se entrevista con él que recaba todo ese tipo de información…». Entonces el juez interrumpe e insiste en «¿qué tipo de información?», a lo que la investigada responde: «cómo funcionaba, cuál era su manera de funcionar, cómo abordaba y cómo por las noches manejaban, cómo trabajaban y luego lo que pide (la directora) es que todo lo que han hablado se escriba, se transcriba y eso es lo que aparece como protocolo de actuación (…)».

Luego, cuando el juez hace una pregunta directa: «¿Cuál es la razón por la que no se pone en conocimiento ni de la Policía ni del ministerio fiscal ni del Juzgado estos hechos?». La interrogada responde sin dudar que «en principio se hizo siguiendo el protocolo de actuación, primero se notifica a nuestros superiores pidiendo que desde allí se derivase por separado para que algún experto hiciese la valoración».