José Amedo: «El GAL consiguió su objetivo: Francia colaboró con España en la lucha contra ETA»
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![Manuel Cerdán](https://okdiario.com/img/2021/11/03/cerdan-4-655x368-1.jpeg)
Treinta años después del final de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) el subcomisario José Amedo Fouce se introduce en el túnel del tiempo de la guerra sucia del felipismo, una de las páginas más negras de la historia reciente de España.
Esta semana se cumplen tres décadas del último atentado de los GAL. El 24 de julio de 1987, un comando parapolicial asesinó en Hendaya a Juan Carlos García Goena, un joven de 28 años que se había instalado en la ciudad del sur de Francia siete años antes para eludir el servicio militar. Era la víctima número 27 de la razón de Estado.
Los estrategas de los GAL se confundían una vez más de víctima porque su último objetivo nada tenía que ver con la banda terrorista ETA. Hoy día se desconoce la identidad de sus asesinos y por razones humanitarias -por agraciar a su combativa viuda- la causa sigue abierta en la Audiencia Nacional, pero sin ninguna perspectiva de resolución. El sumario, según fuentes judiciales, está viciado y no se ha archivado por razones espurias. Treinta años después, los familiares de García Goena, como los de otra veintena de víctimas mortales, siguen sin conocer los nombres de sus asesinos.
José Amedo, que fue condenado en 1991 a 108 años por organizar los atentados de los bares Batxoli y Consolation y en, 1998, a 9 años por el secuestro de Segundo Marey, fue absuelto por el asesinato de García Goena. El policía fue señalado por la que entonces era su pareja, Inmaculada Gómez, pero fue declarado inocente por el tribunal por falta de pruebas. El subcomisario sigue manteniendo que aquello se debió a una venganza y que nunca nada tuvo que ver con el último atentado de los GAL.
Amedo, que vive retirado en las inmediaciones de Madrid, reniega de sus años de intermediario de los GAL y, en la entrevista concedida en exclusiva a OKDIARIO, pide perdón a quienes sufrieron por los atentados de la guerra sucia del primer Gobierno de Felipe González.
P.- ¿Cree usted que conoceremos alguna vez la verdad sobre el asesinato de la víctima número 27?
R.- Creo que no. No ha habido interés político ni judicial. Nunca lo ha habido. Se ha reabierto el sumario últimamente, se cerró, se ha vuelto a reabrir, se está pendiente de una comisión rogatoria que se ha pedido a Francia, pero no hay ningún interés para que se esclarezca cualquier tema que afecte a los GAL.
P.- ¿Por qué eligieron a ese joven de 28 años que estaba negociando su vuelta a España con el Consulado español en Hendaya? ¿Fue un error?
R.- García Goena trabajaba en Transfesa, una empresa en la que también había trabajado Leiba que había sido asesinado por los GAL. Ahí, en esa empresa, trabajaban refugiados de ETA. Creo que se debe exclusivamente a una confusión. A una grave equivocación. No obstante, es evidente que el GAL lo reivindicó, aunque se habían equivocado querían sacarle algún partido a ese acto criminal.
P.- Ha dicho usted confusión. ¿Qué piensa usted cuando se afirma popularmente que el GAL fue una chapuza?
R.- Al margen de que actualmente piense distinto a aquellos años, el objetivo del GAL políticamente, cuando se creó, no era acabar con ETA a tiros, era trasladar el problema del terrorismo al Sur de Francia, porque siempre han vivido del turismo vasco-español. Es evidente que, si se les trasladaba el problema, como pasó -había unos etarras en un bar y de repente apuntaban contra ellos y si había un francés cerca también era víctima del propio atentado-. Aquello llegó a generar graves problemas en la economía francesa. Cuando el Gobierno español decide trasladar el problema allí era, exclusivamente, para que Francia claudicase y colaborase con España en la lucha antiterrorista. La sociedad vascofrancesa empezó a rechazar la presencia de ETA hasta que Chirac llegó al poder y negoció con Felipe González la colaboración en la lucha antiterrorista y le pidió que cesase la actividad de los GAL. Fue en febrero del 86.
P.- ¿O sea, que los GAL provocaron un nuevo estatus quo antiterrorista?
R.- A mí me dicen tanto Sancristóbal como mis responsables policiales que el GAL se había acabado, que Felipe González había pactado con Jacques Chirac el fin de los GAL porque Francia iba a colaborar con España en la lucha antiterrorista. Que dijéramos a todas las infraestructuras en el sur de Francia de que el GAL se había acabado. Eso dicho por Sancristóbal siendo director de la Seguridad del Estado. Fue Chirac el que llamó para negociar. Ya he dicho que me arrepiento de aquello pero en aquel momento el GAL consiguió su objetivo que fue que Francia colaborase con España.
P.- ¿Todo eso lo deduce usted o fue una de las consignas de sus superiores?
R.- No es ninguna reflexión. No es una hipótesis mía. Me lo trasladó a mí Julián Sancristóbal en el momento que me arrastró a participar en los GAL, que fue quien me metió en este asunto, del que ahora reniego. Me dijo desde el principio que el Gobierno había decidido actuar contra ETA en Francia porque había riesgos para la Democracia. Preveían que si no se actuaba, los militares habían dicho al Rey que podría haber otro golpe de Estado.
P.- ¿Mencionaban sus superiores a González y al Gobierno socialista cuando les daban instrucciones?
R.- Desde el primer momento. Julián Sancristóbal cuando me citó en su despacho en octubre del 83 me dijo que el Gobierno, Felipe González, había decidido crear los GAL porque peligraba la democracia ante un posible nuevo golpe de Estado si no se actuaba contra ETA en Francia. Desde el principio me dijo que era una orden directa del Gobierno.
P.- Por tanto, usted no tiene ninguna duda sobre la ‘X’ de los GAL…
R.- Eso me lo dijo en su despacho Julián Sancristóbal, que estábamos cubiertos. Yo no sabía qué iba a dar de sí aquello. Era cuando estaba secuestrado Martín Barrios… Me mandaron a Francia para hablar con mis contactos policiales para detener a uno de los dirigentes de los PM, Múgica Arregui o Larretxea Goñi, para luego intercambiarlo por Martín Barrios. Estaba ordenado desde arriba. Una orden directa del presidente del Gobierno, Felipe González.