Un informe pericial muestra que Figar no empleó fondos públicos para mejorar su imagen en la Púnica

Un informe pericial presentado por la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, demuestra que no se utilizaron fondos públicos para mejorar su imagen personal en Internet contratando a empresas informáticas investigadas en la trama Púnica.

Figar es investigada en esta causa por presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación. No obstante, los trabajos de «reputación online» son completamente legales, salvo que se empleen fondos públicos para mejorar la imagen personal del político.

Un extenso y minucioso informe pericial aportado hace pocas semanas por la ex consejera madrileña, al que ha tenido acceso OKDIARIO, analiza todos los trabajos de reputación en Internet realizados por el experto informático Alejandro de Pedro para la Consejería de Educación entre 2011 y 2014. Los datos son concluyentes y esclarecedores.

La empresa Grant Thornton autora de este informe pericial de 184 páginas afirma que del total de 1.492 noticias e informaciones analizadas y posicionadas en los informes mensuales «1.227 noticias están relacionadas con las políticas de la Consejería de Educación, lo que supone un 82%, y 201 noticias están relacionadas con Figar en calidad de Consejera 14%. «Esto supone un total del 96% de las noticias e informaciones contenidas en los informes mensuales» señala.

«Tan solo un 4% de noticias, 110, están relacionadas con las actividades de la Consejería y que o bien responden a actividades políticas de Figar como miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid (27 noticias), o bien tienen carácter personal (tan solo 4 noticias), o bien son irrelevantes por no contener ningún tipo de información relacionada ni con Figar, ni con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (33 noticias)».

El informe pericial concluye que «el trabajo de posicionamiento de noticias contenido en los informes mensuales en Internet, tiene como objetivo un análisis y difusión de las políticas de la Consejería de Educación, sin que exista una mínima base objetiva para concluir que el objetivo de dichos trabajos fuera la mejora de la reputación personal, ni la mejora de la reputación política personal de Figar».

«Del contenido de las noticias, informaciones y opiniones expuestas en los informes mensuales», añade, «se puede concluir que, en ningún momento se efectúan ataques de ningún tipo a la oposición política, ni se posiciona ninguna noticia que trate de desacreditar a otras opciones políticas o a otras corrientes de opinión».

6 testigos corroboran su versión

La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid presentaba este informe pericial junto a una petición de archivo de las actuaciones contra ella hace 4 semanas ante el juez Eloy Velasco, poco antes de que éste abandonara el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

La defensa de Lucía Figar afirma en su escrito que las acusaciones contra ellas están basada en «meras hipótesis y conjeturas» de los responsables de los informes policiales elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En este contexto, el letrado de Figar destaca que «la realidad de que los trabajos contratados lo eran sobre y para la Consejería y que no se trataba de trabajos para la mejora de la reputación personal de Lucía Figar también ha resultado de las declaraciones testificales, tratándose de diligencias practicadas en un periodo en que la causa estaba declarada secreta» y que, consecuentemente, tuvieron lugar con la sola intervención del magistrado y las representantes del Ministerio Fiscal.

En total 6 testigos diferentes corroboraron ante el juez Velasco que los trabajos de reputación en Internet contratados eran para mejorar la imagen de la Consejería de Educación y no para beneficiar la imagen personal de Figar. Cuatro de estos testigos son empleados de las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, que no conocían a Figar. Los otros dos testimonios corresponden a dos cargos de la propia Consejería.

La defensa de la ex consejera madrileña también pone de manifiesto que «en los contratos suscritos por la Consejería de Educación con empresas de De Pedro, no se ha producido contratación irregular, ya que todos los contratos son perfectamente legítimos y ajustados a la realidad al tener un objeto cierto y lícito, haberse contratado con sujeción a la normativa, haberse prestado el servicio y haberse fiscalizado las facturas derivadas de la prestación, dando la conformidad a su pago, sin objeción ni reparo alguno a la contratación, al objeto o a la cuantía del gasto, por parte de la Intervención».

Por último, la petición de archivo de las acusaciones niega que Figar y Alejandro de Pedro mantuvieran una relación estrecha de amistad y que se estudiaran dos hipotéticos contratos de 200.000 euros cada uno, que no se llegaron a realizar.