La Guardia Civil y el juez José de la Mata investigan si la empresa pública Mercasa, a través de su filial Mercasa Incatema, pagó sobornos a un ministro del Gobierno de Angola.

El consorcio Mercasa Incatema (participado al 50% por Mercasa) obtuvo en 2006 un contrato del Gobierno de Angola para construir un gran mercado de abastos y un centro logístico en la capital del país, Luanda, por 219 millones de dólares. En los años posteriores, el proyecto inicial se fue ampliando con sucesivos contratos hasta alcanzar un presupuesto total de 533 millones de dólares.

El principal interlocutor del Gobierno de Angola con Mercasa Incatema fue Manuel da Cruz Neto, que firmó el contrato inicial como viceministro de Comercio y, a partir de octubre de 2008, asumió el cargo de viceministro de Finanzas. Desde septiembre de 2016, Cruz Neto es ministro en jefe de la Casa Civil del presidente de la República, José Eduardo dos Santos.

Del presupuesto total de la obra, Mercasa Incatema pagó a su delegado comercial en Angola, Guilherme Taveira Pinto, más de 20 millones de euros en comisiones. Estos pagos fueron aprobados por tres consejeros delegados del consorcio español: Javier Pardo de Santayana, el abogado de Estado Arturo Cortés y su mujer, María Jesús Prieto, también abogada del Estado.

Taveira negociaba con el viceministro

El juez José de la Mata sospecha que parte de las comisiones abonadas a Taveira (que se encuentra huido de la justicia española desde 2014) sirvieron para pagar sobornos a altos funcionarios del Gobierno de Angola, a cambio de la adjudicación de nuevos contratos públicos.

Tan como señala el magistrado en su auto dictado el pasado 19 de abril, en el registro de la vivienda de Taveira en Portugal se hallaron varios documentos con el epígrafe «pagos a efectuar», que indican cantidades vinculadas a personas o instituciones que sólo aparecen identificadas con las siguientes iniciales: MC, P, MF, MNJ, SGP e INC.

Según fuentes próximas a la investigación consultadas por OKDIARIO, el juez instructor investiga si las siglas MC corresponden a Ministerio de Comercio o al propio Manuel da Cruz Neto, quien como viceministro de Comercio adjudicó el contrato inicial del mercado de bastos de Luanda y luego asumió el seguimiento del proyecto.

Las mismas fuentes barajan la hipótesis de que las siglas MF correspondan al Ministerio de Finanzas de Angola (del que fue viceministro luego el mismo Cruz Neto), lo que podría indicar que parte de los sobornos se destinaron a altos funcionarios de este departamento.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el comisionista portugués Taveira mantenía una relación extraordinariamente fluida con el viceministro Manuel da Cruz Neto. Como muestra el siguiente memorándum, en el que Taveira informa al ministro de los detalles de la reunión que se había celebrado el 29 de enero de 2008 para negociar algunos aspectos del proyecto de Luanda.

Pese a ser, al menos sobre el papel, un simple delegado comercial, el prófugo de la Justicia Taveira se encargaba de negociar con el Gobierno de Angola, impartía órdenes al personal del consorcio Mercasa Incatema destacado en el país y se encargaba de su protección. A cambio de todo ello, cobró una comisión del 8% del presupuesto total de la obra (más de 20 millones de dólares), además de una asignación fija de 10.000 euros al mes a partir de octubre de 2008.

En cuanto a la abreviatura INC, que aparece en el mismo documento, el juez De la Mata apunta que podría corresponder a Incatema (la parte privada del consorcio español, representada por los hermanos Pardo de Santayana), que habría obtenido una comisión del 2% sobre el importe de los contratos.

Un directivo denunció las mordidas

El juez De la Mata tomó declaración al ex director general de Mercasa Incatema, Armando Andrade, quien trabajó con Taveira en Angola y relató que «altos funcionarios angoleños habrían recibido dinero, regalos o viajes a Europa» a cambio de la adjudicación de los contratos del mercado mayorista de Luanda.

Andrade apuntó los nombres de Gomes Cardoso (quien firmó varios de los contratos como director nacional de Comercio del Gobierno de Angola), Ladislao Silva y Manuel Pereira. El ex director general de Mercasa Incatema también señaló ante el juez que «existían sobreprecios en los presupuestos de los contratos adjudicados, cuyo excedente era empleado para desviar fondos a terceros países (en concreto, a Nueva York en EE.UU.)

El comisionista portugués Guilherme Taveira Pinto está buscado por la Justicia desde julio de 2014 por su intermediación en un contrato de venta de armas españolas a la Policía de Angola, a través del consorcio Defex, por importe de 153 millones de euros. De esta cantidad, se desviaron 41 millones a una cuenta bancaria en Luxemburgo.